2018 es un año crucial en Malí: la «comunidad internacional» debe, entre marzo y mayo, hacer balance de su acción antes de decidir cómo llevarla a cabo bajo un nuevo mandato de la MINUSMA; las elecciones presidenciales han sido anunciadas para el 29 de julio, mientras que la inseguridad nunca ha sido tan grande y tan generalizada; la situación política del país está caracterizada por el hecho de que el acuerdo de Argel, firmado en 2015, es obviamente obsoleto. En cuanto a la «comunidad internacional», persiste en hacer la vista gorda ante este colapso político que es la causa de su obvio fracaso: sin embargo, su deber ahora es más claro que nunca», de acuerdo con este análisis del experto, conocedor de Malí, y sobre todo amigo de Malí, Joseph Brunet Jailly publicado por Mediapart, el blog de José Brunet-Jailly del 23 de marzo de 2018. El periódico “Le Republicain” publica esta importante contribución de este amante de Malí.
¡Hay que leerla¡
Si bien la inseguridad nunca ha sido tan grande en Malí, se anuncia la elección presidencial para fines de julio. La población parece muy preocupada e indefensa. Los que intervienen del exterior parece que no ven la gravedad de la situación política y los riesgos de su estrategia exclusivamente militar. ¿Es la elección anunciada, incluso si se lleva a cabo correctamente, la solución?
El año 2018 será importante, si no decisivo, para Malí, no sólo la «comunidad internacional» debe hacer entre marzo y mayo, la evaluación de su acción antes de decidir cómo proceder y sobre todo cómo renovar y redefinir el mandato de la MINUSMA; además las elecciones presidenciales fueron anunciadas por el nuevo primer ministro, Soumeylou Boubeye Maïga, para el 29 de julio, cuando la inseguridad nunca ha sido tan grande y generalizada. Una vez más, se debe prestar atención a la situación política del país, porque esa es realmente la fuente de todos los problemas. Esta situación política se caracteriza por el hecho de que el Acuerdo de Argel, firmado en 2015, es obviamente obsoleto, y por el hecho de que el juego político es más ficticio que nunca, mientras que la sociedad se sumerge en la inquietud y trata de pensar en otra cosa recurriendo a solidaridades étnicas y celebraciones familiares. La «comunidad internacional», por su parte, persiste en hacer la vista gorda ante este colapso político, mientras que esa es la causa de su evidente fracaso: Por lo tanto, su deber ahora es más claro que nunca.
1. El Acuerdo de Argel está obsoleto
Desde abril del año 2015 he llamado la atención sobre el peligro inevitable y mortal que este acuerdo albergaba para Malí: la regionalización empujada hasta el punto de que la partición seguiría necesariamente ya que las regiones-Estado, dado el colapso del Estado central, serían presa fácil para los totalmente nuevos amigos de Malí. Un análisis más detallado ha sido publicado por el Partido por el Renacimiento nacional (PARENA) cuyo presidente, Tiébilé Drame, es un gran conocedor de todo el proceso por haber sido el negociador del Acuerdo de Uagadugú (2013). Drame subrayaba los poderes exorbitantes previstos en el Acuerdo de Argel por los presidentes de las regiones, que serían a la vez presidentes de la Asamblea regional, presidentes del Ejecutivo regional y jefes de la administración de la región-Estado, acumulando así el ejecutivo y el legislativo. Sugirió la organización de asociaciones de las fuerzas vivas de la nación, para que el nuevo Malí no sea el que Argelia ha diseñado para hacer firmar a los grupos armados, sino el que deseara el conjunto de la población de Malí.
En lugar de considerar la situación desde este ángulo, el gobierno de Malí y la «comunidad internacional» invocan este acuerdo a tiempo y a destiempo, por no ver que desde el principio es inaplicable y ahora está obsoleto. Obsoleto, en primer lugar, porque los grupos armados signatarios han perdido gradualmente el control del terreno hacia grupos directamente afiliados al enemigo exterior. Caduco porque parece haber servido principalmente a los grupos armados signatarios para obtener por la fuerza beneficios materiales en favor de sus líderes, que pueden incluso darse el lujo de no participar en las reuniones de los órganos que este acuerdo ha establecido, invocando, a veces, la falta de resultados o la demora en el pago de sus asignaciones, y para sus tropas, hasta el punto de que otros socios intentan introducirse en la mesa de negociaciones: por ejemplo, recientemente un «colectivo de mujeres líderes» reivindicando participar en el Comité de seguimiento del acuerdo. Caduco, porque al menos un grupo, el Grupo de autodefensa Tuareg Imghad y sus aliados (GATIA), cercano al poder, solicita oficialmente la «relectura» de este acuerdo, casi dos años después de que PARENA tomara posición en la misma dirección. Caduco, porque la Conférence d’Entente Nationale que preveía ha fracasado: en lugar de ingeniarse para representar fielmente a toda la población de Malí, los delegados fueron escogidos por la administración, antes que las delegaciones adicionales del norte, muy numerosas no se impusieran. Caduco, también, obviamente, ya que los grupos armados signatarios se enfrentaron constantemente desde 2015 hasta el acuerdo del 20 de septiembre 2017 y las negociaciones de Anefis (5-11 de octubre). Caduco, finalmente, porque la búsqueda de una alternativa está en marcha a iniciativa del ex primer ministro Issoufi Maiga, que ha reunido con este objetivo, en febrero de 2018, a representantes de los movimientos armados firmantes y no firmantes, partidos políticos y ministros, antes de presentar sus posiciones al actual primer ministro.
La cabezonada de la «comunidad internacional» para invocar el Acuerdo de Argel muestra a los grupos armados que los poderes extranjeros están bajo presión: por lo tanto, algunos grupos armados adoptan posiciones maxiMalístas y llevan sin descanso una guerrilla legislativa y financiera. Por ejemplo, si el gobierno da un paso hacia ellos mediante la promulgación del 2 de octubre, de un nuevo código de las colectividades territoriales, la CMA exige desde el 15 de octubre, amenazando con boicotear las elecciones, una revisión de ese Código sobre la base de que ciertas medidas políticas e institucionales previstas en el Acuerdo no han sido incluidas, «lo que limita la descentralización». Con esta posición literal, la Coordinación de movimientos de Azawad (CMA) juega el juego de la partición escondiéndose detrás de los excesos del acuerdo de Argel. El Gobierno mismo se compromete, con la cabeza baja en la creación de colectividades territoriales correspondientes a las reclamaciones comunitarias, lo que inevitablemente ponen en peligro la reconstrucción del estado y de la nación.
Mientras tanto, el Grupo de Apoyo al Islam y a los musulmanes, dirigido por Iyad Ag Ghaly, y el Estado islámico en el Gran Sahara, dirigido por Adnan Abu Walid Al-Saharaui (anteriormente Mujao, exmiembro de Al Morabitoune) es probable que trabajen en paralelo y probablemente en colaboración. Y su protector AQMI, grupo al que que Iyad Ag Ghaly y Amadou Kufa han prometido solemnemente lealtad en marzo de 2017, es en este conflicto el único jugador que tiene una estrategia a medio y largo plazo: crear el caos para imponerse.
Joseph Brunet Jailly
Fuente: Le Republicain – Malíjet
[Fundación Sur]
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