El sábado el ministro de defensa de Etiopía, Siraj Fegessa, tan un solo un día después de la renuncia del primer ministro Hailemariam Desalegn, declaró el estado de emergencia en todo el país, buscando frenar los disturbios en la segunda nación mas poblada de África.

Desalegn anunció su sorpresiva renuncia en un discurso televisado el jueves, la primera vez en la historia moderna de Etiopía en que un primer ministro en funciones había renunciado; explicó que su renuncia era para allanar el camino para las reformas que necesita el país.

Un día después, el gobierno impuso el estado de emergencia. El parlamento, donde la coalición gobernante de cuatro partidos controla los 547 escaños, debe ratificarlo dentro de dos semanas.

Los grupos de derechos humanos a menudo han criticado al gobierno por tomar medidas duras contra los opositores políticos y los medios de comunicación. Desde enero, Etiopía ha liberado a más de 6.000 presos acusados ??de participar en protestas masivas y, en algunos casos, ofensas contra el Estado. También ha cerrado una cárcel donde los activistas alegaban que se había practicado la tortura. Muchos de los prisioneros tomaron parte en protestas antigubernamentales en 2015 y 2016 en las dos provincias más pobladas del país, cuyas comunidades étnicas de Oromo y Amharic se quejan de que no se sienten representados lo suficiente, en los corredores de poder del país.

Las manifestaciones comenzaron contra un plan del gobierno de expandir la capital, Addis Abeba, pero se transformó en una mayor demanda de derechos civiles. El gobierno impuso previamente un estado de emergencia en octubre de 2016, que se levantó en agosto de 2017. Durante ese tiempo había restricciones de movimiento y alrededor 29.000 personas fueron detenidas.

Fuente: News Day

[Traducción, Muriel Balda Aspiazu]

[Fundación Sur]

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