Los jueces de La Haya han aprobado una investigación completa sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Burundi, el primer país en abandonar la Corte Penal Internacional. Cientos de personas han sido asesinadas desde 2015.
Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya aprobaron el jueves la solicitud del fiscal general de una investigación completa sobre crímenes de guerra en Burundi.
Los jueces encontraron que había «una base razonable para proceder con una investigación en relación con los crímenes de lesa humanidad» en su decisión tomada el 25 de octubre, pero que no se anunció públicamente hasta el jueves.
Los investigadores de las Naciones Unidas informaron en septiembre que había pruebas contundentes de homicidios, torturas y violaciones por parte principalmente de las fuerzas gubernamentales, pero también por parte de grupos de oposición en el estado sin litoral y centroafricano.
El gobierno de Burundi tenía el «deber de cooperar con el tribunal a los fines de esta investigación», halló el tribunal, ya que la investigación fue aprobada antes de que Burundi hiciera efectiva la «retirada» de la CPI, dijeron los jueces. Agregaron que si se encontraran «pruebas suficientes» el fiscal podrá «emitir citaciones para comparecer u órdenes de arresto»
Los jueces dictaminaron que aunque Burundi se había convertido en el primer país en abandonar la CPI, el tribunal aún tenía «jurisdicción sobre los delitos presuntamente cometidos mientras Burundi era un Estado parte en el Estatuto de Roma. Burundi era un Estado Parte del ICP desde el momento en que entró el Estatuto de Roma en vigor para Burundi (1 de diciembre de 2004) hasta el final del intervalo de un año desde la notificación de la retirada de Burundi (26 de octubre de 2017) «.
Protestas y violencia
Se han producido protestas desde 2015 después de que el presidente Pierre Nkurunziza decidió postularse para un tercer mandato. La oposición boicoteó la encuesta.
Los jueces de la CPI señalaron que «al menos 1.200 personas fueron presuntamente asesinadas, miles detenidas ilegalmente, miles presuntamente torturadas y cientos desaparecieron. Según los informes, los supuestos actos de violencia provocaron el desplazamiento de 413.490 personas entre abril de 2015 y mayo de 2017».
Los ofuncionarios del Servicio Nacional de Inteligencia de Burundi, que dependen directamente del presidente, la policía nacional, el ejército y la liga juvenil del partido gobernante, estuvieron implicados en los crímenes, según el informe de la ONU. Con base en entrevistas con 500 víctimas y testigos, el informe también sugirió que los grupos armados de oposición de Burundi habían cometido abusos contra los derechos humanos.
A los investigadores de la ONU no se les permitió visitar Burundi y llevaron a cabo su trabajo desde países vecinos y pidieron a la CPI que abra un caso lo antes posible.
Extender la investigación
En una respuesta a la decisión, el representante de la oficina presidencial de Burundi, Willy Nyamitwe, calificó a la CPI de «corrupta» en un tweet y dijo que acaba de «dispararse en el pie»
El gobierno de Nkurunziza había desestimado el informe de la ONU como parte de una «conspiración internacional» contra el país.
Los jueces dictaminaron que el fiscal de la CPI podría «extender su investigación a los delitos que se cometieron antes del 26 de abril de 2015 o continuar después del 26 de octubre de 2017», si se cumplieran ciertos requisitos legales.
La Comisión de Encuesta de las Naciones Unidas sobre Burundi ha prorrogado hasta junio de 2018 el plazo para la presentación de información. Dijo en septiembre que tenía «motivos razonables para creer que los crímenes contra la humanidad se han cometido y se siguen cometiendo en Burundi desde abril de 2015».
El propio gobierno ha propuesto una enmienda constitucional que incluiría la eliminación de las limitaciones de mandato para el presidente. Un referéndum sobre los cambios propuestos podría celebrarse a principios del próximo año.
Fuente: AllAfrica
[Traducción, Muriel Balda]
[Fundación Sur]
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