El juicio de una periodista marroquí acusada de haber sufrido un aborto tardío y practicado relaciones sexuales fuera del matrimonio se pospuso el lunes después de que cientos de personas protestaran ante un tribunal de la capital, Rabat. El caso contra Hajar Raissouni, que escribe para el periódico en árabe Akhbar Al-Yaoum, ha desencadenado un intenso debate en los medios de comunicación acerca de las libertades civiles y la libertad de prensa en el país del norte de África.
La joven de 28 años, cuyo periódico tiene un historial de enfrentamientos con las autoridades, corre el riesgo de ser condenada a dos años de prisión si es declarada culpable en virtud del Código Penal, que prohíbe las relaciones sexuales antes del matrimonio y el aborto, salvo si la vida de la madre está en peligro.
El inicio del juicio había sido programado para el lunes, pero tras varias horas de deliberación, el tribunal de Rabat decidió que se pospondría hasta el 16 de septiembre. El Tribunal señaló que la periodista estaría detenida hasta esa fecha, haciendo caso omiso a las reiteradas peticiones de su equipo de defensa.
Los manifestantes gritaron «Libertad para Hajar» y «Nuestra sociedad está en peligro» mientras mostraban pancartas en las que se podía leer «Mi cuerpo, mi libertad» y «No a la criminalización de las relaciones sexuales entre adultos que consienten».
Raissouni fue detenida el 31 de agosto cuando salía de una clínica en Rabat, donde su abogado Saad Sahli dijo que se había sometido a tratamiento por hemorragia interna. Sin embargo, la fiscalía insistió en que había sido atendida por un médico la semana pasada y que mostraba claros signos de embarazo, por lo que defienden que esta se ha sometido a un «aborto voluntario tardío».
Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional se han unido a los protestantes para pedir la liberación de Raissouni. «En lugar de intimidar a Hajar Raissouni procesándola por cargos injustos, las autoridades deben ponerla en libertad inmediata e incondicionalmente», ha declarado la semana pasada Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional.
Ahmed Benchemsi, director regional de comunicaciones de HRW, se hizo eco del llamamiento de Morayef para que se retiren todos los cargos, y afirma que el caso tuvo «una pizca de manipulación política, ya que el acusado es una reportera» de uno de los pocos periódicos críticos que quedan en Marruecos.
Touafik Bouachrine, propietario del periódico de Raissouni, fue condenado en noviembre a 12 años de prisión por violación y otros delitos. Niega todos los cargos y sus abogados dicen que su juicio estuvo motivado por motivos políticos.
Según cifras oficiales, los tribunales marroquíes juzgaron el año pasado a más de 14.500 personas por «libertinaje», 3.048 por adulterio, 170 por homosexualidad y 73 por abortos. Sin embargo, las ONG dicen que entre 600 y 800 mujeres tienen abortos clandestinos todos los días en el país. «Los arrestos relacionados con el aborto generalmente involucran al médico, pero casi nunca a los pacientes», dijo HRW, citando a Chafik Chraibi, presidente de la Asociación para Combatir el Aborto Clandestino.
El Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos ya ha confirmado que tiene previsto presentar en breve a las autoridades recomendaciones encaminadas a enmendar el código penal.
Fuente: The East African
[Edición y traducción, Álvaro García López]
[Fundación Sur]
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