Reapertura del juicio a los nacionalistas saharauis

Urge la presión internacional para garantizar un juicio justo para los «saharauis condenados injustamente»

La presencia y la presión internacionales son necesarias para garantizar justicia en el reabierto juicio contra el Grupo Gdeim Izik del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos , que Amnistía Internacional considera «injustamente condenado».

La reapertura del juicio estaba fijada para el 13 de Marzo. El Grupo niega enérgicamente los cargos. Afirman que tienen motivaciones políticas e insisten en que las confesiones utilizadas en el juicio fueron obtenidas mediante tortura.

En 2013, 21 miembros del denominado Grupo Gdeim Izik fueron condenados a penas de entre 20 años y prisión perpetua en un tribunal militar por presunta pertenencia a «grupo criminal» y por actos de «violencia mortal» contra fuerzas públicas marroquíes en acto de deber».

Los hechos supuestamente ocurrieron durante y después de la violenta incursión marroquí al campamento saharaui de protesta de Gdeim Izik a las afueras de El Aaiun en el Sahara Occidental ocupado por Marruecos, donde más de 15.000 saharauis protestaron pacíficamente, contra la ocupación marroquí a finales de 2010. El Grupo niega enérgicamente los cargos, afirma que están políticamente motivados e insiste en que las confesiones utilizadas en el juicio se obtuvieron mediante tortura.

Amnistía Internacional declaró en 2016 que el juicio de 2013 fue «manifiestamente injusto», que el Grupo Gdeim Izik fue «condenado injustamente» y que las denuncias de confesiones obtenidas mediante tortura deben ser investigadas de manera independiente para que el nuevo juicio sea justo.

Juicio injusto

Pero el nuevo juicio del Grupo Gdeim Izik ha sido ya influenciado negativamente y motivado políticamente, ya que los principios más básicos de un juicio justo no han sido respetados, y un tribunal que representa a un poder colonial no tiene jurisdicción en su patria, el Sáhara Occidental.

Sin embargo, el juez ha dicho que no ve los acuerdos internacionales que Marruecos ha firmado como jurídicamente vinculantes en el juicio y, además, rechazó la fianza de los acusados, a pesar de que han estado en prisión durante seis años después de un juicio que fue declarado nulo. Por lo tanto, no se han respetado los principios más básicos necesarios para un juicio justo.

Estas son las conclusiones generales del estudiante de derecho noruego Tone Moe y de la activista portuguesa de derechos humanos Isabel Lourenco, que asistieron a las primeras audiencias del reabierto juicio el 26 de diciembre de 2016 y del 23 al 25 de enero en Sale, cerca de Rabat.

Ambiente hostil

Otros hallazgos de Moe y Lourenco fueron que el equipo de defensa no tuvo acceso a todo el contenido del expediente, fueron interrumpidos «en numerosas ocasiones» por el juez y el fiscal mientras se permitía a la acusación hablar libremente. No se les permitió hablar sobre los antecedentes políticos del campamento de protesta de Gdeim Izik y los acusados, a menudo, no podían hablar con sus abogados, para saber lo que se decía en la sala de audiencias o tomar notas ya que se les negaba bolígrafos y papel.

Según Moe y Lourenco hubo también mucha hostilidad hacia los saharauis que se interesaron en el caso,

La prensa marroquí se refirió a los acusados como «criminales» y al parecer los consideró culpables antes de que concluyera el caso. Los saharauis que deseaban protestar o entrar en la sala del tribunal fueron agredidos lanzándoles ratas muertas y otros objetos o amenazados por espectadores marroquíes, y a otros se les impidió la entrada a la sala del juicio.

Lo de siempre

Según Abba Malainin, representante en Dinamarca del Movimiento de Liberación Saharaui Polisario, estas conclusiones son coherentes con la forma en que Marruecos trata las cuestiones relativas al Sáhara Occidental o «las provincias del Sur», como suelen denominar a la colonia las autoridades y los medios de comunicación marroquíes. Por lo tanto, duda de que reciban un juicio justo sin que se ejerzan verdaderas presiones sobre Marruecos, tanto en lo que respecta al caso como al Sáhara Occidental en general.

«Muchos de los acusados son miembros destacados de organizaciones saharauis y estaban llevando a cabo negociaciones con las autoridades marroquíes antes del violento desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik. El verdadero motivo de su detención, según Malainin, es su activismo por los derechos humanos en el ocupado Sáhara Occidental, su apoyo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y su trabajo para exponer la explotación ilegal por Marruecos y otros terceros, como la UE , de los recursos naturales del Sahara Occidental.

Aun así, los ánimos de los 21 acusados saharauis estaban todavía aparentemente altos durante las sesiones del juicio. En más de una ocasión al llegar a la sala, vestidos con los tradicionales Daraa saharauis, cantaban «Labadil, Labadil, Antakrir El Masir» – «no hay otra solución que la autodeterminación».

Marruecos invadió el Sahara Occidental y reprimió a la población indígena saharaui en 1975 en violación de la ley internacional. Las autoridades de Marruecos han ignorado de manera constante las demandas de Naciones Unidas para un referéndum sobre el estatuto de la colonia desde el alto el fuego con el Polisario en 1991. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional and Freedom House consideran el régimen de Marruecos en el Sahara Occidental como uno de los más represivos del mundo. Juan Méndez, observador e informador especial sobre tortura de Naciones Unidas, dio a conocer en 2013 “metodos sistemáticos y actos de tortura durante el proceso de las detenciones” en el Sahara Occidental.

Peter Kenworthy

Pambazuka News

[Traducción, Jesús Esteibarlanda]

[Fundación Sur]

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