el Consejo de Seguridad de la ONU mantuvo el martes el embargo de armas a la República Centroafricana por la incitación al odio y por los ataques a los trabajadores humanitarios e incrementó las sanciones. El Consejo adoptó por unanimidad una resolución redactada en francés que allanará el camino a sanciones selectivas contra quienes fomentan la violencia antimusulmana o anticristiana en el país devastado por la guerra.

Los grupos armados resurgentes en la República Centroafricana (RCA) han recurrido al discurso de odio para avivar las tensiones, lo que llevó al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a advertir sobre el riesgo de una limpieza étnica. El Consejo condenó la incitación a la violencia por motivos étnicos o religiosos y decidió que cualquier individuo o entidad que los cometa o los apoye podría enfrentarse a sanciones.

El embajador francés Francois Delattre comunicó al Consejo que estos «actos de incitación son un flagelo para la República Centroafricana y están en la raíz de la violencia que ha provocado demasiadas víctimas, entre civiles y entre los cascos azules». «No habrá paz duradera en CAR si continúan estos actos de incitación; el consejo asumirá sus responsabilidades», añadió Delattre.

Un panel de expertos de la ONU recomendó en su informe de diciembre que se agregue el discurso de odio como un criterio para sancionar y poder cerrar las apelaciones de violencia. Desde que el Consejo estableció un régimen de sanciones en 2013, 11 individuos, incluido el expresidente François Bozize y dos entidades, han sido afectados por una prohibición global de viajar y una congelación de activos. El año pasado, el Consejo agregó los ataques al personal de mantenimiento de la paz, el reclutamiento de niños soldados y la violencia sexual como criterios para las sanciones.

La resolución adoptada el martes agregó ataques contra trabajadores humanitarios como motivo de sanciones después de que al menos 13 miembros del personal de socorro murieron en la República Centroafricana el año pasado, convirtiéndolo en uno de los países más peligrosos para las operaciones humanitarias. Un embargo de armas puesto en marcha en 2013 cuando el país estalló en violencia con el derrocamiento de Bozize fue prorrogado hasta enero de 2019. Sin embargo, la medida permite el suministro de armas y otros equipos militares a las fuerzas de seguridad de la República Centroafricana si estos son aprobados por el Comité de sanciones de la ONU.

Rusia recibió el mes pasado la luz verde del comité para entregar armas ligeras a las unidades entrenadas por la Unión Europea. Más de uno de cada cuatro centroafricanos han huido de sus hogares en el conflicto o cruzado las fronteras como refugiados y 2,5 millones de personas necesitan ayuda alimentaria.

Fuente: The Citizen

[Traducción, Muriel Balda Aspiazu]

[Fundación Sur]

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