Tras el cierre en Eritrea de los hospitales y centros de salud católicos en junio pasado, es el turno de los colegios católicos. Según informa Radio France International, al menos ocho centros educativos fueron incautados y ocupados por soldados este martes, bloqueando el inicio de curso de cientos de estudiantes. Este golpe violento es el último episodio del enfrentamiento del gobierno eritreo con la Iglesia católica.

Así el martes por la mañana no fueron los estudiantes sino los soldados los que invadieron el famoso colegio Saint Joseph de Keren, la tercera ciudad más grande de Eritrea, en el centro del país. También en Massawa y cerca de la ciudad de Mendefera, sus centros educativos católicos sufrieron la misma suerte, al igual que en otras cinco localidades, donde las autoridades pusieron en práctica sus amenazas y ocuparon “manu militari” las instalaciones educativas.

Según un sacerdote eritreo, el gobierno ya se lo había advertido a los directores de las instituciones, a los que aconsejó que no acogieran a los nuevos alumnos en el inicio del año escolar. A la amenaza han seguido los hechos. De los cincuenta colegios y cientos de guarderías administradas por la Iglesia católica, ocho, las más importantes, están ahora bajo el control del ejército.

Las instituciones católicas juegan un importante papel social en Eritrea. En sus centros se acoge a estudiantes, y también profesores, de todas las religiones. Compensan las deficiencias de las escuelas públicas, donde la enseñanza es proporcionada por militares o cooperantes extranjeros. Basándose en una ley de 1995, el gobierno eritreo quiere hacer pagar a los obispos sus repetidas manifestaciones públicas, en las que piden libertad, democracia y critican el continuo éxodo de jóvenes. De hecho, según cifras de la ONU, en estos últimos años, los inmigrantes eritreos son los segundos en número en las costas de Libia, esperando entrar en Europa, con cerca de 30.000 personas cada año. Las violaciones de derechos humanos en el país, criticadas por las instituciones internacionales, también provocan que muchos eritreos huyan hacia Yemen – no precisamente un paraíso – con numerosos muertos en el mar. Una ruta de “pateras” en el Cuerno de África que desgraciadamente no atrae la atención internacional.

Estas expropiaciones de instituciones llevadas a cabo por el gobierno ya han tenido lugar en años anteriores contra instituciones de la Iglesia ortodoxa. En octubre de 2017, las autoridades cerraron de manera violenta una escuela musulmana privada en Asmara, lo que provocó una protesta popular sin precedentes en la capital del país. Todo acabó con penas de prisión y el fallecimiento en la cárcel del fundador de la escuela.

En junio el gobierno de Eritrea decidió nacionalizar todas las instituciones sanitarias de la Iglesia católica. Los funcionarios del gobierno, ante la negativa de los administradores de estas instituciones a firmar un documento sancionando la transferencia de la propiedad, procedieron a la clausura de las mismas. El pasado abril, los obispos del país, en una carta pastoral, habían pedido un proceso de reconciliación nacional que garantizase la justicia social para todos. Tras el acuerdo de paz apenas alcanzado con Etiopía era una oportunidad para llevar adelante reformas profundas que ayudasen a la población, unas declaraciones que no fueron bien recibidas por los líderes políticos. Se cerraron veintidós centros de salud, dejando a miles de personas, la mayoría de ellas madres y sus hijos, sin atención médica.

Fuente: OMPress

[Fundación Sur]

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