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Inicio > Bitácora africana >

Rodríguez Soto, José Carlos

(Madrid, 1960). Ex-Sacerdote Misionero Comboniano. Es licenciado en Teología (Kampala, Uganda) y en Periodismo (Universidad Complutense).

Ha trabajado en Uganda de 1984 a 1987 y desde 1991, todos estos 17 años, los ha pasado en Acholiland (norte de Uganda), siempre en tiempo de guerra. Ha participado activamente en conversaciones de mediación con las guerrillas del norte de Uganda y en comisiones de Justicia y Paz. Actualmente trabaja para caritas

Entre sus cargos periodísticos columnista de la publicación semanal Ugandan Observer , director de la revista Leadership, trabajó en la ONGD Red Deporte y Cooperación

Actualmente escribe en el blog "En clave de África" y trabaja para Nciones Unidas en la República Centroafricana

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El gobierno español se desentendió de los nueve españoles asesinados en Ruanda. Por José Carlos Rodríguez Soto

8 de marzo de 2011.

Durante varios meses hemos seguido día a día la publicación de los cables filtrados por Wikileaks, que daban cuenta de los entresijos de ciertas políticas internacionales y de reacciones de gobiernos que han sonrojado a más de un político. En particular, el periódico El Pais ha destapado una cantidad enorme de información bastante comprometedora. Pero si creíamos que nos han contado todo, estamos muy equivocados. Hay un hecho reciente de nuestra historia al que parece que nadie quiere enfrentarse, y es el asesinato de nueve ciudadanos españoles a manos de las fuerzas del Frente Patriótico Ruandés, es decir, el régimen del presidente de Ruanda, Paul Kagame. En febrero de 2008 el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, emitió órdenes internacionales de arresto contra 40 altos cargos del gobierno y el ejército de Ruanda por estos y otros crímenes considerados de lesa humanidad.

Pues bien, hace pocos días la revista 20 Minutos publicó en exclusiva una de las filtraciones y su contenido es para indignarse. Resulta que el ejecutivo español se desmarcó en privado ante Estados Unidos de este proceso judicial. El gobierno español dijo que no apoyaba la causa , que no tenía nada que ver con su política exterior y que algunas de las medidas del juez le parecíal “inútiles”.

El primero de los nueve asesinados fue el padre blanco Joaquim Valmalló, asesinado en 1994 por el Frente Patriótico por haber denunciado las matanzas que estos rebeldes tutsis (el el poder en Ruanda desde junio de ese año) había realizado en el norte del país de miles de campesinos hutus. A los dos años (1996), soldados ruandeses mataron también a cuatro religiosos maristas españoles en Bukavu (R D Congo): los hermanos Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Isla y Fernando de la Fuente. En 1997, durante una dura operación anti-insurgencia realizada por los militares ruandeses en la zona norteña de Ruhengeri, entraron en la casa de los cooperantes de Médicos del Mundo y mataron a sangre fría a tres de ellos: Flor Sirera, Manuel Madrazo y Luis Valdueña. Los tres eran testigos incómodos que habían presenciado las matanzas de campesinos hutus a manos de los militares gubernamentales. El último de esta luctuosa lista fue el sacerdote guipuzcoano Isidri Uzkudun, que fue tiroteado en su cuarto cuando dos militares entraron en la casa parroquial donde se encontraba. El padre Uzkudun se había distinguido por sus denuncias de abusos de los derechos humanos cometidos en el país donde llevaba muchos años trabajando.

Pero, según estos cables recientemente publicados, no sólo el gobierno español se motró reticente. La propia Fiscalía de la Audiencia Nacional no tuvo ninguna intención de “ir más allá” ni de “solicitar la extradición de los acusados”, tal como aseguró un representante de ese departamento en una reunión con el asesor legal de la Embajada de Estados Unidos en Madrid el 5 de mayo de 2008, justo tres meses de que el juez Andreu dictara el auto de procesamiento. Según un despacho confidencial, la fiscal llegó a afirmar que la causa fue aceptada, investigada y tramitada, sólo “para satisfacer a las familias”, familias a las que –por cierto- el presidente Zapatero no ha recibido nunca.

Estados Unidos ha sido siempre un fiel aliado del régimen de Kagame, quien se formó militarmente en la academia norteamericana de Fort Leavenworth. Ruanda ocupa una posición muy estratégica en África central y está detrás de la explotación de minerales indispensables para la industria electrónica de última generación –como el coltán y la casiterita- que abundan en las regiones de los dos Kivus, en el Este de la República Democrática del Congo, donde Ruanda ejerce un control férreo. Por eso, a ninguna de las administraciones estadounidenses le ha interesado que se ejercieran acciones legales contra ningún alto cargo del gobierno ruandés. Los cables de Wilikeaks publicados por 20 Minutos aseguran que en mayo de 2008 Estados Unidos decidió presionar al gobierno español, y el embajador estadounidense de la Oficina de Crímenes de Guerra, Clint Williamson viajó a Madrid y pidió expresamente a Moratinos que llamara a su homólogo ruandesa Rosemary Museminali y le repitiera que la postura del ejecutivo español era “diferente” a la de los jueces. Williamson llegó incluso a contactar con los embajadores de Alemania y el Reino Unidos –otros dos países con importantes intereses económicos en Ruanda- en Madrid para que ayudaran a “motivar” al gobierno español.

Les cuento todo esto porque hoy, 7 de marzo, la Plataforma Basta de Impunidad en Ruanda, de la que forman parte varias asociaciones de la sociedad civil en España, ha dirigido una carta al presidente sudafricano Jacob Zuma para que se tome en serio la extradición a España del general ruandés Kayumba Nyamwasa. Si el resultado de la investigación del juez Andreu es cierta, fue este militar quien dio la orden de matar al religioso Joaquim Valmajó y a los tres cooperantes de Médicos del Mundo. Durante varios años ocupó cargos de mucha responsabilidad en el ejército de Ruanda, llegando a ser jefe del Estado Mayor, hasta que cayó en desgracia con Kagame y le mandaron de embajador a la India. El año pasado huyó de Ruanda y se exilió en Sudáfrica, donde sufrió un atentado a manos de agentes de los servicios secretos ruandeses. El año pasado, en septiembre, el gobierno español pidió oficialmente a Sudáfrica su extradición, sin que hasta la fecha nadie en Sudáfrica haya movido un dedo.

Los nueve españoles asesinados en Ruanda tienen, desde luego, mucha menos publicidad que otros casos célebres como ha sido el caso de la muerte en Iraq del cámara de televisión José Couso o como lo fue en su día la muerte del fotógrafo español Juanchu Rodríguez en Haití. ¿Será porque la mayor parte de los españoles asesinados en Ruanda eran religiosos? ¿Será porque no les mataron balas disparadas por soldados norteamericanos? ¿Será porque, como suele ser habitual, las guerras que ocurren en África no nos interesan?

Sea cual fuere la razón, estos nueve ciudadanos españoles y sus familias merecen justicia, como también la merecen la multitud de asesinados por el régimen de Kagame en Ruanda y en la vecina República Democrática del Congo. Les animo a que visiten la página web www.bastadeimpunidadenruanda.org, se informen más sobre el tema y firmen. Es cuestión de dignidad.



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