Burundi ha decidido retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), una semana después de la apertura de una investigación de la ONU sobre las violaciones de los derechos humanos en el país desde abril de 2015.
«Hemos tomado la decisión de retirarnos de la CPI. El proyecto de ley será ahora enviado a la Asamblea Nacional para su aprobación», declaró a la AFP Sindimwo Gaston, vicepresidente principal del país.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció el 30 de septiembre la apertura de una investigación que incluía a 12 miembros del régimen, incluyendo al número dos del poder, el general Alain-Guillaume Bunyoni, sospecho de haber jugado un importante papel en la comisión de delitos desde el inicio de la crisis actual en abril de 2015.
El fiscal de la CPI puso en marcha en abril un examen preliminar sobre el asesinato, la tortura y la violación, en particular, en los países de la región de los Grandes Lagos, mientras que el 20 de septiembre, un informe de la ONU acusaba a Bujumbura de ser responsable de violaciones sistemáticas y constantes graves de los derechos humanos.
El informe también advertía contra posibles «crímenes contra la humanidad» y un «gran peligro de genocidio».
«Somos plenamente conscientes de que se trata de una conspiración de la comunidad internacional que tiene como objetivo dañar a Burundi», expresó el primer vicepresidente, aludiendo a la «presión» ejercida sobre él por Consejo de la UE bajo el Consejo de derechos humanos de la ONU.
El Sr. Sindimwo declaró el viernes que la CPI es un «instrumento político» utilizado por la comunidad internacional para «oprimir a los países africanos», haciéndose eco de las críticas recurrentes de algunos países africanos contra la CPI.
Burundi se vio inmersa en una crisis desde que el presidente Pierre Nkurunziza anunció en abril de 2015 su candidatura para un tercer mandato, que consiguió en julio del mismo año, después de unas elecciones boicoteadas por la oposición. La violencia dejó más de 500 muertos y obligó a más de 270.000 personas a abandonar el país.
«Esta es una señal muy negativa por parte del gobierno de Burundi, que reacciona siempre con dureza cuando las organizaciones critican las múltiples violaciones de los derechos humanos que se producen en Burundi», respondió Carina Tertsakian, especialista en África a la ONG Human Rights Watch.
«Esto demuestra el endurecimiento del poder y también su negación total respecto a los graves abusos que se cometen», añadió.
La Sra. Tertsakian también asegura que una retirada de Burundi CPI no le permitirá evadir la justicia internacional.
La CPI no puede investigar por iniciativa propia en los países no miembros, pero puede hacerlo si está autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, como fue el caso de Darfur (2005) y Libia (2011).
Además, el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, afirma que «la retirada surtirá efecto un año después de la fecha en que se recibió la notificación, a menos que se indique una fecha posterior» y «no afectará a la continuación del examen de los casos que la Corte ya hubiera empezado a considerar antes de la fecha de su entrada en vigor».
africanewshub.com
Fundación Sur
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