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Un periodista y un trabajador de los medios de comunicación ruandeses detenidos desde el mes de abril
25 de mayo de 2020

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) declaró que las autoridades ruandesas deberían liberar incondicionalmente al periodista Dieudonné Niyonsenga y al trabajador de los medios de comunicación Fidèle Komezusenge, y garantizar que los miembros de la prensa puedan trabajar sin interferencias durante la pandemia de COVID-19.

Las autoridades arrestaron a Niyonsenga, que dirige el canal de noticias de YouTube Ishema TV, y a Komezusenge, un conductor del canal, el 15 de abril, según los tuits de la oficina de Investigación de Ruanda, que maneja las investigaciones criminales.

La oficina señaló que los dos fueron arrestados por violar el confinamiento por COVID-19 del país, alegando que Niyonsenga, que también se conoce con el nombre de Hassan Cyuma, se resistió a las órdenes de regresar a casa, diciendo que como periodista tenía permitido moverse libremente durante el encierro. La oficina también acusó a Niyonsenga de darle a Komezusenge una tarjeta que lo identificaba falsamente como periodista para que pudiera trabajar durante el confinamiento.

Tres personas familiarizadas con el caso, que hablaron con el CPJ bajo condición de anonimato, por temor a represalias, declararon que Niyonsenga y Komezusenge iban a informar en el momento de su arresto. Uno dijo que Niyonsenga tenía una cámara con él en ese momento.

En las semanas previas a los arrestos, el canal de YouTube de Ishema TV publicó informes que incluyen una entrevista con una mujer indigente pidiendo ayuda, una discusión sobre el despido de un ministro de Estado y dos informes sobre presuntos abusos por parte del personal de seguridad.

El CPJ no ha visto una copia de los cargos presentados contra Niyonsenga y Komezusenge, y el portavoz de la Autoridad de la Fiscalía Nacional, Faustin Nkusi, no respondió a las preguntas sobre esos cargos durante un intercambio de mensajes de WhatsApp con el CPJ ayer. Otras personas familiarizadas con el caso, que hablaron con el CPJ bajo condición de anonimato, afirmaron que los cargos en contra de los dos incluyen falsificación.

Según la ley de Ruanda, la falsificación se castiga con penas de prisión de hasta siete años y multas de hasta cinco millones de francos ruandeses (5.000 dólares), y afirmar falsamente que se es miembro de una profesión legalmente regulada conlleva una pena de prisión de hasta seis meses y multas de hasta un millón de francos ruandeses (1.000 dólares).

El representante de África subsahariana del CPJ, Muthoki Mumo, afirmó que "Los periodistas y los trabajadores de los medios deben hacer su trabajo sin interferencia para que el público pueda mantenerse informado y las autoridades deben rendir cuentas durante la pandemia de la COVID-19 […] Las autoridades en Ruanda deberían liberar a Dieudonné Niyonsenga y Fidèle Komezusenge, retirar los cargos en su contra y garantizar que la prensa pueda trabajar libremente durante la pandemia".

El 21 de marzo, Ruanda implementó medidas de respuesta COVID-19 que incluían la prohibición de todos los "movimientos innecesarios", con la excepción de los servicios esenciales, que no eximían explícitamente a los periodistas, según los según los anuncios del gobierno en Twitter. Las pautas emitidas por la Comisión de Medios de Ruanda, un organismo de autorregulación, y compartido con el CPJ, aconsejaron a los periodistas que trabajen desde casa cuando sea posible o porten tarjetas de prensa si salen a trabajar fuera. El 13 de abril, la comisión emitió un comunicado diciendo que las personas que manejan canales personales de YouTube no están calificadas como periodistas, y no se les permitía realizar entrevistas con el público durante el confinamiento por coronavirus del país.

En un correo electrónico del 18 de mayo al CPJ, un representante de la secretaría de la Comisión de Medios dijo que Niyonsenga y Komuzusenge "fueron arrestados como cualquier otro ciudadano por violar" las pautas de quedarse en casa. La Comisión le informó al CPJ que no tenía registrada a Ishema TV ni había acreditado a ninguno de sus empleados. Las autoridades alegan que debido a que Niyonsenga e Ishema TV no están registradas en la Comisión de Medios de Ruanda, él y Komezusenge se hicieron pasar por periodistas, y la tarjeta de identificación de Komezusenge que lo etiquetaba como periodista constituía una falsificación.

La Oficina de Investigación de Ruanda compartió en Twitter imágenes de dos tarjetas de identificación, reconociendo tanto a Komezusenge como a Niyonsenga como "reportero/periodista senior" de Ishema TV. Las personas que hablaron con el CPJ sobre los cargos dijeron que se trataba de tarjetas de identificación de la empresa, impresas por Ishema TV, y no documentos emitidos por el gobierno.

El 11 de mayo, un tribunal en Kigali negó la fianza de Niyonsenga y Komezusenge y los mandó a prisión por 30 días, según esas tres personas y los informes de los medios. En una llamada telefónica del 18 de mayo, el ministro de Justicia de Ruanda, Johnston Busingye, informó que el Estado nunca detendría ni enjuiciaría a nadie en relación con su trabajo de periodismo y remitió al CPJ a la oficina del Fiscal General para que le aportara más información sobre el caso.

En un mensaje de texto enviado a través de una app, Faustin Nkusi, portavoz de la Autoridad de la Fiscalía Nacional, comunicó al CPJ que los presuntos delitos por los que se investiga a los YouTubers no tienen nada que ver con "su derecho a ejercer su profesión", pero no proporcionó detalles sobre qué leyes específicas se les acusa de infringir.

Fuente: Committee to Protect Journalist

[Fundación sur]


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