El ex primer ministro de Gabón Raymond Ndong Sima publicó el domingo 18 de octubre un análisis muy crítico contra las medidas restrictivas anunciadas por el gobierno el viernes 16 sobre la reapertura de los lugares de culto, el acceso de los fieles y las prohibiciones impuestas durante el culto. De la obediencia cristiana, el ex jefe de Gobierno (2012-2014), que se pasó a la oposición, denuncia una flagrante injerencia del gobierno en los ritos que constituyen precisamente el corazón del culto
A continuación se muestra el texto completo:
Los lugares de culto, iglesias, mezquitas, sinagogas y templos se cerraron en los primeros días después del brote de la covid-19 para ralentizarlo y detener su propagación. Varios meses después, estas medidas todavía estaban en vigor. Sin embargo, ocasionalmente se han hecho relajaciones a las medidas adoptadas. Esto último, respetando un mínimo distanciamiento social que permitió celebrar grandes concentraciones infinitamente más largas y densas que los servicios religiosos.
Este fue el caso, por ejemplo, de la realización de los exámenes de bachillerato o de la reanudación de cursos y exámenes en las facultades con miras a completar el año académico. Asimismo, existe una tolerancia constante en los mercados donde la población acude a abastecerse.
Ante lo que parece ser discriminación, los creyentes de todas las religiones han comenzado a sorprenderse por las continuas medidas para cerrar sus lugares de culto. Después de muchos pasos infructuosos, la Iglesia católica ha decidido reanudar sus servicios el domingo 25 de octubre de 2020.
Negándose a verse obligado a cambiar su marco regulatorio y así dar la impresión de haber cedido ante la presión de la Iglesia; el gobierno anunció entonces la relajación de su sistema general al fijar el 30 de octubre como fecha para la reapertura de los lugares de oración, pero manteniendo restricciones sobre la forma y el contenido del culto.
Por lo tanto, se entabla un enfrentamiento entre la iglesia de Gabón y el gobierno al mismo tiempo en un intervalo de 5 días desde la entrada en vigor de las relajaciones y sobre su contenido. De hecho, además de las restricciones sobre el número de personas aplicables a todas las religiones, a los cristianos católicos se les prohibió distribuir la Comunión durante sus servicios. Esta prohibición golpea la base misma de su culto y para muchos de ellos revela el objetivo real del gobierno de silenciar el discurso moral. Evidentemente, esta medida viola un punto clave del Acuerdo Marco entre la Santa Sede y la República Gabonesa. De hecho, esto garantiza el libre ejercicio del culto.
La prohibición anunciada es una flagrante interferencia con la realización de un ritual que constituye precisamente el corazón del culto. Tal decisión, que no tiene posibilidades de prosperar, ni siquiera decretando la persecución de los afectados, va mucho más allá de los poderes del gobierno que quiere, de manera burda, aprovechar así un pretexto para interferir en el ritual cristiano y vaciarlo de su esencia y sustancia.
Esta divergencia ocurre en un contexto particular. Un nuevo arzobispo acaba de asumir el cargo en Libreville. Hereda una situación de descontento dentro de la Iglesia donde muchos sacerdotes y fieles criticaron a su predecesor por ser demasiado conciliador con el gobierno.
Por su parte, el gobierno no ha dejado de recortar el margen de maniobra de la Iglesia católica, en particular aprovechando el deseo del arzobispo saliente de mantener relaciones pacíficas con el Estado, sabiendo que los dos últimos presidentes (si excluimos la transición) eran de fe musulmana, mientras que muchas personalidades ahora reclaman iglesias de avivamiento. La historia enseña que es en el ámbito de la fe y la religión donde las posiciones se radicalizan con mayor frecuencia. Los ejemplos de fundamentalismo en tantas partes del mundo dan fe de ello.
El nuevo arzobispo, literalmente, no tiene margen de maniobra. Se encuentra así atrapado entre su base, que se considera estafada y no tenida en cuenta acorde con su peso en la sociedad gabonesa, y el gobierno, que no oculta sus inclinaciones por socavar e incluso marginar a la Iglesia católica.
Los repetidos ataques a la concesión del obispado de Libreville con los grafitis en los muros de la parroquia catedralicia, pero también los actos vandálicos contra otras iglesias; la falta de condena enérgica de estos actos; ataques en los medios impresos y de radiodifusión; la adopción, en condiciones que han descartado un verdadero debate abierto sobre una cuestión social y moral esencial, de medidas contrarias a los valores cristianos mientras los cristianos constituyen la mayoría de la población: todo esto desde hace algún tiempo alimenta la ira y necesitan distanciarse del gobierno.
Sería un error hacer de estas diferencias un asunto personal entre el nuevo arzobispo y el ministro de Estado encargado del interior, entre Iba ba y Matha. Cualquier otro prelado en su lugar haría exactamente lo mismo.
De hecho, la copa está llena y si el arzobispo guardaba silencio, algunos de sus clérigos podrían desertar o tirar de la cuerda para obligarlo a asumir las consecuencias. El clero hace voto de obediencia a su obispo, pero a cambio éste se obliga a tomar en consideración su opinión al administrarla. Sin embargo, muchos sacerdotes pero también cristianos laicos comprometidos creen que el gobierno no ha dejado de acumular desde hace algún tiempo violaciones de la convivencia. La conferencia episcopal no tiene más remedio que responder. Al arzobispo que es, en cierta medida y al menos en el sentido protocolario, el primero de ellos, no le queda más remedio que volver a tomar la iniciativa.
Algunos consideran que las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución están gravemente vulneradas. Después de la despenalización que trastocó el preámbulo de nuestra Constitución; la puesta en duda de la libertad de culto, la injerencia en el ritual del culto católico, la restricción de la libertad de circulación en el territorio; la lista crece y la deriva se acelera. La inundación parece inevitable.
Raymond NDONG SIMA, ex primer ministro
Fuente: Gabon Actu
[Fundación Sur]
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