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Luján Aldana, Carlos

Economista mexicano. Me apasiona el estudio de los asuntos africanos, por lo que escribo para impulsar el conocimiento del continente africano y generar debate en torno a él.

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Un análisis sobre la nulidad de las elecciones presidenciales en Malaui (2019-2020), por Carlos Luján Aldana

1ro de diciembre de 2020.

El 3 de febrero de 2020 Malaui estuvo en vilo durante diez largas horas, esperando la sentencia del Tribunal Superior en relación con lo sucedido en las pasadas elecciones. Ese día Lilongüe era una ciudad fantasma. La mayoría de los habitantes permanecieron en sus casas ante el temor de que se desataran actos de violencia. Los propios jueces llegaron a la corte en vehículos militares blindados, mientras que helicópteros de la Fuerza Aérea rodearon la capital durante horas. Pero ya en la noche el miedo se transformó en júbilo cuando los residentes de la capital tomaron las calles principales para celebrar la resolución que tomó el Tribunal.

Meses antes, el 21 de mayo de 2019, este país celebró sus elecciones generales de manera normal, como cada cinco años a partir de 1994. El presidente Peter Mutharika buscaba la reelección por el Partido Demócrata Progresista (DPP), y sus principales adversarios eran Lazarus Chakwera, por el Partido del Congreso de Malaui (MCP) y el vicepresidente Saulos Chilima, abanderado por el Movimiento Unido de Transformación (UTM). Los resultados de los comicios estuvieron bastante reñidos entre los candidatos, y en donde Mutharika fue declarado ganador con el 38.5 % de los votos, mientras que Chakwera obtuvo el 35 % y Chilima el 20 %. Inmediatamente después de que se publicaron los resultados la oposición protestó, pero la Comisión Electoral ratificó el triunfo del presidente.

Hasta ese momento las cosas no parecían desviarse de su “curso normal”, ya que en África es común que las elecciones resulten favorables para los candidatos oficiales, en medio de disturbios más o menos violentos que pueden prolongarse durante varios meses después. Pero esta elección en particular tomó un rumbo distinto, ya que fue llevada al Tribunal Supremo, y lo más sorprendente, acabó con la anulación de las elecciones, decisión que fue tomada de manera unánime. La sentencia de 500 páginas citaba anomalías que eran “generalizadas, sistemáticas y graves”, entre las que se cuentan las siguientes:

  • Intimidación o soborno a supervisores electorales.
  • Voto influenciado.
  • Alteración del resultado por la Comisión Electoral. Se citó el uso esporádico de corrector (típex) para alterar las hojas de los resultados en favor del presidente actual.
  • Manejo de urnas y papelería electoral por personal no autorizado.
  • Problemas en el registro de los votantes.

De esta forma, Malaui se convirtió en el segundo país de África en anular una elección presidencial, después de la de Kenia en 2017. Pero en aquella ocasión, en las nuevas elecciones resultó ganador nuevamente el presidente Uhuru Kenyatta ante el boicot de sus oponentes. Sin embargo, en Malaui la elección del 23 de junio derivó en un nuevo ganador, Lazarus Chakwera del MCP, y en donde a pesar de la pandemia del coronavirus, las nuevas elecciones pudieron llevarse a cabo. Para entender mejor todo el proceso y sus repercusiones, es conveniente revisar brevemente algunas de las características de este país.

Malaui es un país relativamente pequeño (118.484 km2), cuyo territorio forma una franja que corre a lo largo del lago que toma el mismo nombre del país, uno de los más grandes de África y hogar de alrededor de 600 especies endémicas de peces. Poco se habla de este país, que pasa desapercibido en el concierto africano debido a su poco peso geopolítico y por no poseer recursos naturales en abundancia.

Después de lograr su independencia de Gran Bretaña en 1964, Hastings Kamuzu Banda gobernó con mano dura durante 30 años. Aunque se convirtió en democracia en 1994, el país se ha enfrentado a numerosos desafíos, como la corrupción rampante, así como la pobreza y desigualdad generalizadas. Bajo la constitución de 1995, el poder ejecutivo se conforma de un presidente (elegido cada cinco años) y un vicepresidente, mientras que la Asamblea Nacional tiene 193 escaños, que se renuevan al mismo tiempo que el presidente.

A pesar de los esfuerzos para superar las dificultades económicas y sostener un modelo de gobernanza estable, los sucesivos gobiernos no han ofrecido respuestas contundentes para mejorar la situación. Una buena parte del presupuesto depende de la ayuda de los donantes internacionales, y muchos malauíes están molestos con su calidad de vida ante el alza continua de los precios de los alimentos básicos, la falta de combustibles y los frecuentes cortes a la energía eléctrica y el agua potable.

La construcción de un mejor país pasa, inevitablemente, por un adecuado funcionamiento en su sistema político, el fortalecimiento de sus instituciones y el equilibrio de poderes, y en este sentido, Malaui da un paso sumamente importante con la sentencia que anuló las elecciones, ya que el mensaje que envía al mundo es poderosísimo: consiguió revertir el resultado de una votación por la vía judicial, algo que hasta hace unas cuantas décadas solo se podía conseguir por las armas y el derramamiento de mucha sangre. Esto constituye en sí mismo un gran logro.

A pesar de las irregularidades que se presentaron en esa elección, la sentencia final no debe ser vista como una prueba de lo mal que se organizan las votaciones en un país africano. Es verdad que en este continente los recursos y materiales que tienen son muy limitados, pero si el proceso electoral se lleva con transparencia y sin ningún tipo de injerencias, el resultado final no tendría que ser motivo de disputa, y eso es justamente lo que evaluó el Tribunal Supremo de Malaui al determinar su fallo. Aunque por otro lado también es importante que los países africanos mejoren en los aspectos técnicos que intervienen en una elección, así como una mayor capacitación a los supervisores electorales y participación de observadores internacionales, para garantizar mayor imparcialidad.

Sin embargo, lo más relevante de una elección es el grado de participación social y representatividad de una sociedad y todo lo que lleva implícito, principalmente el ejercicio de las libertades fundamentales y los derechos civiles. Es en este punto donde los países africanos deben concentrar sus esfuerzos. A pesar de los avances, este proceso en Malaui viene acompañado de nuevos y más complejos retos, ya que evidentemente tiene un largo camino que recorrer para transformar la realidad social y económica de la nación, por lo cual debemos precisar algunas cuestiones que salen a relucir tras la nulidad de las elecciones generales, mismas que son claves para el futuro.

Primeramente, hay que reconocer plenamente que este es un paso democrático muy importante, no solo para este país, sino para toda África. En un continente donde la democracia sigue siendo deficiente y frágil, la sentencia en Malaui ha asestado un duro golpe al Ejecutivo al defender la independencia judicial. Es reconfortante ver que, al menos en este país, el poder judicial puede ejercer sus facultades libremente y con autonomía. Esto porque unos sujetos intentaron sobornar a los jueces para que el fallo fuera a favor del presidente Mutharika. El hecho de que, aun así, fallaran en contra del gobierno, demuestra que Malaui tiene instituciones democráticas independientes, que distan mucho de ser perfectas, pero que son mejores que en otros países africanos.

Todo esto reafirma que el papel dentro de las sociedades africanas de un poder judicial independiente es fundamental, especialmente en un continente donde se encuentran gobernando varios dirigentes que llevan gobernando varios dirigentes que llevan diez o más años en el poder. Lo interesante del caso de Malaui es que durante el periodo entre las dos elecciones, si bien la situación se puso muy tensa en algunos momentos, todo transcurrió con relativa calma. Esto significó una prueba muy importante para la estabilidad del país.

Por otra parte, se marca un precedente importante en futuras elecciones en todo el continente. Si la sentencia en Kenia causó conmoción, el hecho de que en Malaui los resultados de los nuevos comicios resultaron en un nuevo ganador seguramente se convertirá en una motivación extra para que las y los ciudadanos de otros países africanos ejerzan presión sobre las autoridades electorales y judiciales. En África, más de la mitad de las elecciones celebradas vieron irregularidades significativas, por lo que debemos esperar muchas acusaciones por parte del electorado y de la oposición para desacreditar las elecciones, independientemente de que si las acusaciones sean o no válidas, aun y cuando tengan pocas probabilidades de éxito.

Aún es pronto para determinar cómo va a influir esta sentencia en otras elecciones en África, pero tendremos que esperar protestas y denuncias más intensas con resultados diversos, en función del contexto social y político de cada país africano. No todos los gobernantes actuales están dispuestos a permitir cambios drásticos, ni mucho menos transiciones políticas, ya que saben perfectamente que esto afectaría a sus intereses o, peor aún, podrían ser enjuiciados.

En el caso específico de Malaui, al haberse concretado la transición de partido político en el poder, se esperaría que el nuevo gobierno tenga un mejor desempeño, y para evaluar y dar seguimiento a sus acciones, se requiere fortalecer el estado de derecho y las instituciones en todos los ámbitos, principalmente en temas de seguridad, transparencia, rendición de cuentas y la implementación eficiente del gasto presupuestario.

Finalmente, considero que esta sentencia en Malaui constituye una lección de democracia para todas las naciones, especialmente para las africanas. A partir de los años noventa los países africanos adoptaron el multipartidismo y la apertura política con una vocación plural, y aunque en apariencia se mostraban como democracias nacientes, en la práctica se alejaban mucho de este concepto.

Desde entonces la democracia ha sido mal entendida por los africanos, ya que la colocan como sinónimo de las elecciones regulares. Hablar de una verdadera democracia equivale a la aprehensión de valores cívicos que conduzcan a la convivencia armónica de una sociedad, y así facilitar el acceso al bienestar y desarrollo de todos sus miembros en condiciones de igualdad, y con justicia, no solamente de tipo jurídica, sino también justicia social. Una democracia sin justicia es como un árbol sin hojas, que nunca llegará a florecer.

Actualmente es difícil encontrar todas estas cualidades aún en los países con mayor tradición democrática, y por lo mismo, la resolución que tomó el Tribunal Supremo de Malaui debe convertirse en el parteaguas que consolide los valores y principios democráticos en todo el continente africano. Este es un triunfo de la sociedad civil y del poder judicial de Malaui. Ahora, es turno de que el legislativo y el ejecutivo estén a la altura de lo que se espera de ellos, y que la democracia y la justicia se conviertan en las palancas del desarrollo económico y social de la nación. Esta es, realmente, la prueba de fuego para el nuevo gobierno encabezado por Chakwera y para el pueblo malauí.

Original en: Tlilxayac



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