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Human Rigths Watch : RUANDA. LOS ATAQUES CONTRA LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN DEBEN CESAR
12 de febrero de 2010

Los actos de intimidación contra oponentes políticos se multiplican ante la cercanía de la elección presidencial

Fuente: Human Rigths Watch

9 de febrero de 2010, Georgette Gagnon, directora de la división África

(Kigali, 9 de febrero de 2010) – Los miembros de los partidos de la oposición son presa de un número creciente de amenazas, de agresiones y de actos de hostigamiento, conforme se acerca la elección presidencial prevista en agosto de 2010 en Ruanda, ha declarado Human Rights Watch hoy. La organización de defensa de los derechos humanos ha exhortado al gobierno a abrir investigaciones sobre todos estos incidentes y a hacer que los militantes de la oposición puedan dedicarse sin temor a sus legítimas ocupaciones.

La semana pasada, miembros de las FDU-Inkingi y del Partido demócrata verde de Ruanda – dos nuevos partidos de la oposición críticos con las políticas gubernamentales – han sido víctimas de graves actos de intimidación cometidos por personas e instituciones próximas al gobierno y al partido en el poder, el Frente Patriótico Rwandés, FPR. Uno de los miembros de las FDU-Inkingi ha sido fuertemente golpeado por un grupo de personas anta la oficina de las autoridades locales. La agresión parece haber estado bien coordinada, lo que da a pensar que había sido previamente planificada.

“El gobierno ruandés ya controla estrechamente el espacio político”, ha explicado Georgette Gagnon, directora de la división África de HRW. “Estos incidentes no harán sino minar aún más la democracia desanimando cualquier oposición digna de ese nombre a participar en las elecciones”

El gobierno ruandés y el FPR se ha opuesto ferozmente a cualquier oposición política y a cualquier puesta en cuestión de sus políticas por parte de la sociedad civil. En diversas ocasiones, el gobierno se ha servido de acusaciones de participación en el genocidio, o de “ideología genocida”, para hacer blanco de sus detractores y desacreditarlos. El gobierno actual, dominado por el FPR, está en el poder desde el fin del genocidio de 1994.

Victoire Ingabire, presidenta de las FDU-Inkingi, es objeto de una intensa campaña pública de difamación desde su retorno del exilio en enero de 2010, desde los Países Bajos. Ha sido condenada ampliamente en los medios de comunicación oficiales o semioficiales, y calificada de “negacionista” del genocidio por haber declarado públicamente que los crímenes cometidos contra los ciudadanos hutu por el FPR y el ejército ruandés deberían ser objeto de investigación y que los responsables de los mismos deberían ser llevados ante la justicia.

Paliza a Joseph Ntawangundi. El 3 de febrero, Ingabire recibió una llamada telefónica del secretario ejecutivo del sector Kinyinya, Jonas Shema, que le dijo que debería dirigirse con sus colegas a la oficina del sector y retirar documentos oficiales necesarios para la entrega de sus carnés de identidad. Cuando Ingabire y Jospeh Ntawangundi, un compañero de partido, llegaron ante la oficina del sector, se encontraron frente a un grupo de personas. Dos hombres zarandearon a Ingabire, la agarraron por el brazo y le robaron el bolso que contenía su pasaporte. Los agresores gritaron: “¡No queremos genocidas por aquí!” y “¡No queremos gentes con ideología genocida!”. Ingabire logró huir y llegar hasta su coche sana y salva; algunos de aquellos hombres lanzaron piedras contra el vehículo en el momento en que partía.

Los hombres la tomaron entonces con Ntawangundi, propinándole una paliza salvaje. Éste último ha explicado a HRW que durante alrededor de 45 minutos fue rodeado por varias decenas de jóvenes que le atizaron puñetazos y patadas, le arañaron, le voltearon y rasgaron su ropa. Le robaron el reloj, sus gafas y sus zapatos. El objetivo de la agresión parece haber sido no solamente herir a Ntawangundi, sino igualmente humillarlo. En momento dado, seis personas al menos los mantuvieron en el aire, con las piernas separadas, y lo llevaron hacia un árbol. Lo insultaron y lanzaron invectivas más o menos en estos términos: “¡No queremos nada de ti. No tienes derecho a tu carné de identidad!”

El ataque parece haber estado bien organizado. En varias ocasiones, cuando los golpes se hacían particularmente brutales, individuos que parecían ser los líderes ordenaron a los otros que pararan – por ejemplo cuando los agresores cogieron cada uno una piedra y se preparaban a lanzarlas contra Ntawangundi.

Varios testigos han confiado a HRW que policías y miembros de la Fuerza de Defensa Local estaban presente durante el ataque, pero que no trataron de detenerlo; el Sr. Shema, el secretario ejecutivo, aparentemente tampoco puso interés en pedir ayuda.

Finalmente, advertidos del ataque por otros miembros de las FDU-Inkingi, policías de la sede vecina intervinieron. La muchedumbre siguió a Ntawangundi hasta dicha sede y permaneció allá unos diez minutos. La policía afirma haber abierto una investigación pero ha rehusado ofrecer información alguna sobre los progresos de la investigación o sobre posibles detenciones.

Cuando representantes de HRW conversaron con el Sr. Ntawangundi al día siguiente de la paliza, se percataron de que visiblemente seguía sufriendo a causa de las heridas y de que tenía dificultades para caminar. Aunque le habían administrado analgésicos cuando fue al hospital para curarse, explicó que sus riñones, su espalda y su cabeza seguían doloridos.

El gobierno ruandés y las autoridades policiales han dado una versión diferente de los hechos, al afirmar que habitantes de Kinyinya que esperaban desde hacia tiempo para obtener sus documentos de identidad se habían enfadado y habían reaccionado espontáneamente cuando la Sra. Ingabire y su colega presuntamente habían pretendido pasar antes de que tocara su turno. Esta versión ha sido ampliamente difundida por los medios de comunicación ruandeses e internacionales.

En una conversación telefónica con HRW, el portavoz de la policía Eric Kayiranga, ha minimizado el incidente, declarando no obstante que la policía llevaba adelante su investigación. HRW ha tratado en diversas ocasiones tomar contacto con el Sr. Shema, el secretario ejecutivo de Kinyinya, pero ha sido imposible.

Detención de Joseph Ntawangundi

Tres días más tarde, el 6 de febrero, la policía ha detenido a Ntawangundi como consecuencia de acusaciones contra él por participación en el genocidio. Le ha anunciado que una jurisdicción gacaca, tribunal local puesto en pie para juzgar crímenes perpetrados durante el genocidio, lo había reconocido culpable en rebeldía. Ha sido colocado en primer lugar en la comisaría de Remera, Kigali, sin ser informado de las causas por las que se le inculpa y acusa. Su abogado ruandés no ha sido autorizado a verlo el 6 de febrero sino que un abogado extranjero ha podido hacerle una visita al día siguiente. El 8 de febrero ha sido trasladado a la cárcel de Kimironko.

Las FDU-Inkingi han declarado que el Sr. Ntawangundi vivía en el extranjero en el momento del genocidio y que jamás había oído hablar de las acusaciones lanzadas contra él antes de su detención, cuando un artículo que retoma estas alegaciones había sido publicado en el New Times, un periódico fiel a la línea del gobierno.

Intimidación a miembros del Partido verde

En otro incidente acaecido el 4 de febrero, el presidente del Partido verde, Frank Habineza, hablaba con un miembro del partido en un restaurante de Kigali, cuando un hombre, al que Habineza no conocía, se acercó y le saludó por su nombre. El hombre, que rehusó desvelar su identidad, pidió a Habineza que lo inscribiera en el seno del Partido verde. Luego, preguntó a Habineza por qué rechazaba a los que le habían ayudado (alusión a los lazos de unión que Habineza mantenía anteriormente con el FPR) y por qué pasaba tiempo con Ingabire. Le advirtió a Habineza que era vigilado y que “ellos” sabían lo que hacía y a quiénes veía. Dio detalles precisos sobre las citas que había tenido Habineza. Le dijo: “Te vigilamos de muy cerca. ¡Ten cuidado!” La identidad del hombre sigue sin ser conocida, pero sus comentarios indican que podría tener conexiones estrechas con el gobierno.

“Esta multiplicación de ataques contra los miembros de los partidos de oposición no presagia nada bueno cara a la elección”, ha señalado Georgette Gagnon. “El gobierno ruandés debería sin tardar abrir investigaciones sobre estos incidentes, llevar a los responsables ante la justicia y velar para que la injerencia en las actividades de los partidos de la oposición cese”

Contexto

Los opositores y detractores del gobierno no cesan de estar confrontados a amenazas y a obstáculos para realizar su legítima actividad en Ruanda.

En 2009, varios mítines del Partido verde y del PS-Imberakuri – otro partido opositor – fueron dispersados, a veces violentamente, por la policía. Desde entonces, estos dos partidos tienen dificultades para obtener la autorización oficial de organizar mítines. Los partidos políticos deben estar acreditados oficialmente antes de poder presentar candidatos a las elecciones y algunos actos intimidatorios parecen tener como objetivo obstaculizar estos procedimientos. El PS-Imberakuri ha terminado por obtener su acreditación en noviembre. El Partido verde no lo ha logrado todavía, a pesar de varios intentos. Los miembros del Partido verde han sido blanco de presiones para que renuncien a sus actividades políticas y algunos han recibido llamadas telefónicas anónimas pidiendo informaciones sobre Habineza y sobre sus proyectos de desplazamiento.

A finales de 2009, Bernard Ntaganda, presidente de PS-Imberakuri, fue convocado ante el Senado para responder de acusaciones de “ideología genocida” con relación a declaraciones públicas que había hecho criticando al gobierno. El asunto Ntaganda sigue en proceso de examen en el Senado, el cual ha señalado que el dossier podría ser trasladado con fines de persecución penal.

Las actividades de la oposición política habían sido igualmente objeto de severas restricciones cuando se celebraron las elecciones legislativas de septiembre de 2008, en las que los candidatos del FPR habían logrado el 79% de los votos. Los observadores de la Unión Europea habían revelado irregularidades en más de la mitad de las mesas electorales, el dominio del FPR en los medios de comunicación, así como la ausencia de pluralismo político, debido al temor de acusaciones de “ideología genocida”.


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