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Inicio > REVISTA > Opinión >

Etiopía debe actuar rápido para resolver la crisis de desplazados internos
09/07/2019 -

La presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, ha vuelto a incidir en la necesidad de apoyar a los refugiados y a los desplazados internos en el territorio etíope, además de reclamar cooperación de los actores continentales e internacionales.

Etiopía tiene una larga tradición de asistencia y apoyo a los refugiados y, desde que llegó al poder hace un año, el primer ministro Abiy Ahmed ha continuado con esta tendencia. Su administración debe ser reconocida por haber llevado a cabo la modificación de las leyes de inmigración etíopes para convertirlas en una de las más progresistas de África. La ley actualizada permite a los refugiados la obtención de permisos de trabajo, acceso a la educación primaria y permisos de conducción, registrar a sus hijos recién nacidos, casarse y abrir cuentas bancarias.

Sin embargo, Abiy Ahmed no ha conseguido alcanzar este nivel de desarrollo para los desplazados internos. Más de un millón de etíopes se han visto forzados a abandonar sus hogares durante 2018 y 2019 a raíz de la violencia étnica. La mayoría de estos proceden de las regiones Amhara, Somali, Oromia y Naciones, Nacionalidades Históricas y Pueblos del Sur (NNHP). Se trata sin duda de una mancha en el registro de políticas del primer ministro, que ha conseguido estabilizar relativamente el espacio político etíope y alcanzado la paz con Eritrea, por lo que ha sido nominado para obtener el premio Nobel de la Paz.

Ahmed no ha sido capaz de encontrar una base firme sobre la que sustentar nuevas políticas para paliar el problema de los desplazados, que está causado principalmente por las rivalidades étnicas que derivan del sistema de administración federal y la consecuente la división de las comunidades según sus orígenes étnicos, lo que ha contribuido decisivamente a la aparición de tensiones entre los grupos.

El gobierno de Ahmed está intentando resolver el problema a través de una estrategia que asegure una vuelta a casa o reubicación voluntaria, segura y sostenible para este amplio sector de la población. Representa sin duda un plan muy ambicioso, lo que ha despertado ciertas críticas de algunos grupos políticos que señalan que algunas personas están siendo forzadas a volver a sus regiones de origen sin que se les pueda garantizar la seguridad.

Esta grave situación a la que se enfrentan millones de etíopes, junto con el erróneo planteamiento de la nueva administración, ha provocado que muchos observadores internacionales enciendan las alarmas sobre las futuras consecuencias.

Etiopía no ha ratificado todavía la Convención de Kampala — la Convención de la Unión Africana para la protección y la asistencia de los desplazados internos en África— de 2009, por lo que el país no está formalmente obligado a cumplir con los estándares regionales de protección de estos individuos. No obstante, como estado soberano es la responsabilidad de Etiopía proteger y asistir a la población.

El gobierno federal está tratando de rectificar este desequilibrio a través de la implementación del Plan Estratégico para abordar el desplazamiento interno en Etiopía, aprobado en 2019. El presupuesto para la recuperación y la rehabilitación está parcialmente financiado por donantes y agencias internacionales. El objetivo global de este plan es el de asegurar la voluntariedad de las reubicaciones.

Algunos informes recientes demuestran que los desplazados internos siguen volviendo a sus lugares de origen con asistencia mínima o nula. La mayor parte de los retornados están viviendo en refugios improvisados, mientras que otros se alojan en campamentos temporales en las regiones de Oromia y Somali. Aunque la comunidad internacional ha aumentado su apoyo, el gobierno etíope apenas provee ayuda.

Otro de los esfuerzos gubernamentales para luchar contra esta crisis ha sido la creación del Ministerio de la Paz, que colabora con las agencias de la ONU para emprender acciones nacionales para el desarrollo de estrategias de paz. Uno de los objetivos es el de promover la coexistencia y la cohesión de los desplazados internacionales a través del diálogo entre las comunidades de acogida.

Si Ahmed quiere tener éxito en su estrategia debe centrar sus esfuerzos en rebajar las tensiones entre los distintos grupos étnicos que están provocando la inestabilidad en el país. Debe también ocuparse con la sensación de alejamiento y humillación creciente entre los partidarios del Frente de Liberación del Pueblo Tigray, que fue en su momento la fuerza dominante de la coalición en el poder central de Etiopía. Durante un largo periodo fueron capaces de imponer su visión y política en la alianza y el país. Pero su dominio empezó a evaporarse después de dos años de protestas que acabaron con Ahmed y su Partido Democrático Oromo en el poder.

La región de Tigray se opone al mandato de Ahmed por la percepción de que su gobierno se ha mantenido a costa del arrinconamiento de los de Tigray. El gobierno debe restaurar el orden legal antes de las elecciones legislativas programadas para mayo de 2020, ya que estos comicios podrían convertirse en un foco de violencia. Este tema emerge después de que la junta electoral advirtiese de que la inseguridad en la región podría derivar en la posposición del evento, a lo que ya se han opuesto muchos políticos en la oposición.

La cuestión de las fronteras entre las regiones ha vuelto a resurgir como tema central de debate. Las fuerzas de seguridad federales necesitan priorizar el mantenimiento de la paz en las regiones sin recurrir a la fuerza y abuso de autoridad. Por último, Etiopía debe ratificar la Convención de Kampala, ya que asegurará a los desplazados internos el acceso a un marco legal que ya está extensamente aceptado en el continente.

Cristiano D’Orsi

* Investigador asociado y profesor de la Cátedra de investigación sudafricana de derecho internacional (SARCIL), Universidad de Johannesburgo.

Fuente: The Conversation

[Traducción y edición: Álvaro García López]

[Fundación Sur]

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