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Reyntjens, Filip

Filip Reyntjens es profesor en el Instituto de Políticas de Desarrollo y Gestión (IOB) de la Universidad de Amberes (Bélgica) y codirector jde la edición del “Annuaire 2009-2010 L’AFRIQUE DES GRANDS LACS” Ed. L’Harmattan

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Atentado contra el avión presidencial en Ruanda: orden de sobreseimiento
22/01/2019 -

El 21 de diciembre de 2018, los jueces Jean-Marc Herbaut y Nathalie Poux desestimaron el caso del atentado de Kigali. De acuerdo con la acusación de la fiscalía, sentencian que no hay evidencia concluyente para justificar un reenvió al Tribunal de Primera Instancia.

La orden de sobreseimiento recoge en gran parte la requisitoria del ministerio público de la que ya publiqué un análisis en Mediapart en octubre de 2018. Un breve comentario por lo tanto puede ser suficiente.

Los jueces conservan dos tesis "creíbles" y "respaldadas por muchos elementos del informe", las de los extremistas hutu y del Frente Patriótico Ruandés (FPR). En realidad, solo examinan la segunda pista. Debido a que la primera no está respaldada con ningún elemento del registro, excepto los trabajos de la comisión ruandesa Mutsinzi. Sin embargo, ya he señalado en mi análisis de la acusación que esta comisión estaba compuesta por miembros del FPR y que su único propósito era exculparla. El FPR era por lo tanto juez y parte del caso. Incluso si la orden dice que las partes civiles "recuerdan (...) que la introducción del informe del comité Mutsinzi afirma su parcialidad y que, por lo tanto la sospecha pesa sobre los testimonios recogidos en Ruanda de manera general y particularmente sobre aquellos que han sido recogidos por este comité", los datos de este informe son tratados muy a menudo en la ordenanza como si fueran hechos demostrados.

Al igual que la requisitoria, la orden aborda esencialmente tres temas y llega a hallazgos similares. Se utilizan testimonios y un informe de expertos sobre el punto de partida de los misiles. De los 13 testigos directos, nueve designan el área de Masaka, mientras que tres indican el área de Kanombe. El decimotercer testigo, Mathieu Gerlache, presentado como informador del campamento de Kanombe, es citado de manera incompleta, ya que especificó que "desde este lugar, se podían ver todas las pistas pero no el campamento de las Fuerzas Armadas de Ruanda (FAR), que se encontraba en zona de relieve baja". Pero el valle de Masaka está en extensión de su línea de visión. A pesar de estos testimonios de testigos presenciales sobre la base del informe pericial, los jueces están a favor de los alrededores de la zona militar de Kanombe como el lugar del disparo. Cabe agregar que este lugar, un cementerio improvisado, no estaba ubicado dentro del campamento, sino que era un área cultivada por civiles del vecindario. Según algunas fuentes, sería incluso una plantación de bananos desde donde sería difícil, si no imposible, disparar un misil. Incluso aceptando la elección hecha sobre la base del informe pericial y, por lo tanto, al menos implícitamente, la prueba de que el FPR no pudo haber cometido el atentado, esta conclusión debería haber alentado a los jueces a dirigir su instrucción sobre el otro sospechoso, los ex FAR. Pero como lo hemos visto, esta pista no ha sido explorada.

La orden continúa centrándose en el FPR como el autor del atentado que analiza los testimonios que acusan a altos funcionarios del FPR de haber ordenado el atentado. Estos testimonios son a veces contradictorios, a veces no muy precisos y en ocasiones se basan en rumores. Algunos han sido retirados o modificados. Existen dudas sobre si los testigos pueden haber visto o escuchado lo que dicen. Entendemos la extrema cautela de los jueces ante estas declaraciones, especialmente porque hay indicios de manipulación a lo largo de toda la investigación.

La orden aborda a continuación el único elemento material, los misiles utilizados. Aproximadamente dos semanas después del atentado dos lanzadores vacíos, por consiguiente usados, son encontrados en el valle de Masaka por campesinos, que los entregan al ejército. Las únicas dudas sobre este descubrimiento provienen del informe Mutsinzi. Un teniente anota los números de serie. Hay una foto de uno de los lanzadores, pero no hay rastro de los mismos lanzadores, que parecen haber desaparecido en Zaire/Congo. La investigación ya había establecido en 2000 que estos sistemas eran parte de un lote vendido por la antigua URSS a Uganda en un mercado de Estado a Estado. La ordenanza señala que este origen ugandés refuerza la suposición de que el ataque fue cometido por el FPR, y varios testimonios indican que "Uganda fue el principal proveedor de armas del FPR". Los jueces notan varios elementos que sugieren que el FPR tenía misiles SA-16. Mencionan la recuperación en el frente por los ex FAR de un misil en 1991 (la única duda al respecto se toma del informe Mutsinzi) y el descubrimiento en el Congo en 2016 de un misil tomado por los rebeldes al Ejército Patriótico Ruandés (APR). en 1998. Los números de serie de estos dos misiles son cercanos a los encontrados en Masaka. Cuatro misiles SA-16 que vienen del mismo lote pueden por lo tanto ser relacionados al FPR, si bien ninguna evidencia seria sugiere que el ex FAR poseía este tipo de misiles. En este punto, la orden menciona la recuperación por parte del ex FAR del misil encontrado en 1991, pero el hecho de que se propusiera a Francia para expertos demuestra que el ex FAR no tenía la intención de usarlo. La única sugerencia de que el ex-FAR tenía una capacidad de tierra-aire proviene, una vez más, del informe Mutsinzi.

Luego, los jueces examinan la información relativa al transporte y disparo de misiles por parte de miembros del FPR. Como ya he señalado, los testimonios a veces son indirectos y no coinciden en todos los detalles, pero la ordena observa que la mayoría de los testigos explican que los misiles fueron transportados desde la sede del FPR en Mulindi al Consejo nacional desarrollador (CND) en Kigali, donde estaba acantonado el contingente del RPF y luego fueron llevados al punto del disparo en el área de Masaka. Una vez más, los únicos testimonios que refutan la posibilidad de tal transporte provienen del informe Mutsinzi.

Todo lo anterior pone claramente en causa al FPR. Sin embargo, los jueces tienen reservas sobre la fuerza probatoria de estos elementos. En cuanto a los dos lanzadores de misiles encontrados en el área de Masaka, la orden señala que no se pudieron verificar ciertos hechos, incluida la ubicación y las circunstancias de su descubrimiento y sobre los lanzadores mismos. Por lo tanto, considera que es "muy difícil sacar conclusiones de estos elementos" y observa "grandes incertidumbres" acerca de la existencia misma de su descubrimiento, la fecha y el lugar y el curso de los lanzadores antes de su desaparición. En ausencia de evidencia material, los jueces observan que "los cargos contra los investigados se basan, por lo tanto, exclusivamente en testimonios". Concluyen que "los testimonios recopilados y sobre los que se basa principalmente la acusación son en gran parte contradictorios e inverificables. "Su acumulación no puede constituir cargos graves y concordantes que permitan enviar a las personas acusadas al Tribunal de Primera Instancia". Por lo tanto, los cargos no son suficientes y los jueces declaran que "no hay necesidad de seguir adelante con el caso" y ordenan "que se archive el caso en el registro para que pueda ser reabierto si hubiera nuevos cargos".

Esta conclusión es comprensible por parte de los jueces que deben preguntarse en qué medida las pruebas presentadas podrían defenderse ante un tribunal de primera instancia, donde la defensa de los demandados no dejaría de señalar las debilidades de ciertas pruebas planteando así la duda que beneficiaría a los acusados.

Dicho esto, tres elementos merecen ser destacados. En primer lugar, dado que la única parte cuya culpabilidad ha sido realmente examinada es el FPR, estamos aquí, provisionalmente, (ver más abajo) confrontados con un crimen sin autores. Dadas las consecuencias extremadamente graves de este evento (reanudación de la guerra civil, genocidio, guerras regionales), este resultado es muy decepcionante después de veinte años de investigación. En segundo lugar, dos datos que no han sido examinados en la orden podrían haber orientado diferentemente el resultado de esta investigación. Se trata de un informe secreto del equipo de Investigaciones Especiales del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR) que designa claramente al FPR como el autor del atentado [1] e informaciones precisas sobre la procedencia de los misiles de almacenamientos militares de Uganda [2]. Se puede asumir que estos elementos no se tuvieron en cuenta ya que se hicieron públicos, solamente, después del cierre de la investigación. En tercer lugar, los demandantes civiles han anunciado que apelarán esta ordenanza. Por lo tanto, no se puede excluir que nuevos elementos podrían fortalecer la fuerza probatoria de los ya examinados y, por lo tanto, conducir a un nuevo proceso en la Corte de recursos. Esto permitiría un debate polémico seguido, tal vez, por el fin de la impunidad en este caso.

Filip Reyntjens


Notas:

[1] Tribunal Penal Internacional para Ruanda, informe general sobre las investigaciones especiales relacionadas con los crímenes cometidos por el Ejército Patriótico de Ruanda durante 1994, el 1 de octubre de 2003.

[2] https://www.theglobeandmail.com/world/article-new-information-supports-claims-kagame-forces-were-involved-in/

Fuente: The Rwandan

[Traducción, Jesús Esteibarlanda]

[Fundación Sur]


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