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El gobierno corrupto de Malí y los yihadistas
5 de diciembre de 2018

No cabe duda de que tanto la intervención de Francia en Libia como la inseguridad que asedia a la vecina Argelia tienen mucho que ver con la crisis que atraviesa Mali en la actualidad. Pero, ¿son estos factores suficientes para explicar por qué la mitad del país está controlado por yihadistas?

En su artículo, Tor A. Benjaminsen analiza, además de los efectos colaterales que Libia y Argelia han vertido sobre el país, la actitud del gobierno maliense hacia las poblaciones rurales de las zonas controladas por yihadistas. Laxismo con respecto a la inscripción de tierras, laxismo en todo lo relativo a la gestión de los conflictos entre ganaderos y agricultores, corrupción… El desfallecimiento de la figura del estado en las zonas rurales ha conseguido que muchos locales reciban la llegada de los yihadistas como una forma de salvación.

Desde 2012, más de la mitad del país está controlada por grupos yihadistas. ¿Qué ha podido provocar un cambio tan drástico en un país anteriormente considerado una muralla contra el islam radical en África por los analistas?

Los efectos colaterales de la política regional

De entre los muchos los factores que han contribuido a la crisis actual de Mali, el bombardeo de Libia por parte de la OTAN en 2011 es uno de los más importantes. Como consecuencia de la intervención militar, miles de tuaregs armados volvieron a Mali después de servir en el ejército libio. Su llegada sirvió para avivar un levantamiento tuareg que llevaba tiempo incubándose en el norte del país. Algunos tuaregs, junto con yihadistas llegados de Argelia después de la guerra civil de los 90, lograron avanzar hasta le región de Mopti, en el sur del país, antes de que una contraofensiva francesa en 2013 les hiciera retroceder. No obstante, los insurgentes recuperaron el terreno perdido. A día de hoy, controlan tanto zonas rurales del norte de Malí como la región de Mopti, al sur. Han logrado hacerse con el control gracias a la creación de pequeños grupos que se han ido ganando la simpatía de los pequeños productores, y en particular de los pastores nómadas. Mientras tanto, el gobierno y el ejército malienses se han replegado hacia las ciudades.

Los efectos colaterales de la política regional

Muchas de las explicaciones que se han encontrado para este conflicto apuntan a la influencia de acontecimientos en la política mundial y a la evolución del terrorismo internacional. De entre todos estos factores, hay que destacar la importancia de los vínculos entre grupos yihadistas locales con Al-qaeda y el Estado Islámico, el tráfico de droga y el tráfico y uso de rehenes como fuente de financiación de los grupos armados, la dinámica, la política y la historia de las rebeliones tuaregs, el debilitamiento del estado, la intervención militar francesa y más tarde de las Naciones Unidas, el panorama cambiante y complejo del islam en Malí y la posibilidad de entender la crisis del país como un eco del conflicto libio.

Todos los factores mencionados crean un terreno fértil del que brota el conflicto actual. Pero no es posible explicar la expansión del yihadismo en Malí sin analizar también el contexto político local. Sobre todo, es importante entender quién tiene acceso a los recursos naturales. Al descontento generalizado de las poblaciones rurales con un estado corrupto y depredador hay que añadir la contrariedad que despierta un modelo económico impuesto por el Estado y por unos donantes internacionales que no tienen en cuenta las necesidades de muchos de los pastores. Han sido varios los que desde el gobierno han tratado de beneficiarse de las disputas por la posesión de tierras, la gestión de los recursos naturales o a la lucha contra la desertificación.

Desarrollo de la agricultura a expensas de la explotación ganadera

Los conflictos que despierta la competitividad por el acceso a un mismo terreno son un factor clave detrás de la militancia de pequeños agricultores, y sobre todo de ganaderos, en los grupos terroristas locales. Muchos de estos ganaderos apoyan la toma del control regional por estos grupos antiestado, antielites y propastorales. Pastores de todo el Sahel están decepcionados con los programas y políticas de desarrollo que favorecen la expansión agrícola a expensas de los pastos y del bloqueo de los pasos de ganado tradicionales. Sin embargo, los pastores utilizan los pasos incluso una vez bloqueados y convertidos en campos de cultivo, lo que inevitablemente genera conflictos.

Funcionarios corruptos abusan de las poblaciones más rurales

Los funcionarios en estas zonas rurales sacan provecho de los enfrentamientos entre estos dos métodos de subsistencia haciendo creer a sus defensores que, si pagan, el gobierno apoyará sus reivindicaciones. Por otro lado, el servicio forestal sanciona con multas arbitrarias a mujeres que recogen madera para hacer fuego o a pastores que dejan pastar a sus rebaños. El servicio forestal fue creado en la época colonial en forma de organización paramilitar. Su principal mandato era el de hacer respetar y proteger los recursos naturales y poner fin a la desertificación sirviéndose de un sistema de permisos y multas. En 1986, con motivo de la proliferación de nuevos retos fijados por las agendas de desarrollo sostenible en los 80 y para impresionar a los donantes de ayuda extranjera, el gobierno revisó la ley forestal para hacerla más severa. El endurecimiento de la ley se refleja sobretodo en la aparición de multas extremadamente elevadas si se tiene en cuenta la renta media por habitante en Malí. Con el tiempo, el servicio forestal se ha convertido a la vez en una herramienta de sabotaje a las regiones rurales y en el blanco de una población enfurecida. Entre 2012 y 2016, al menos 10 funcionaros forestales murieron a manos de yihadistas o de habitantes en la región de Mopti. El sentimiento antigubernamental se ha extendido entre la población masculina más joven, pero sobre todo entre los hombres pertenecientes la etnia peul, cuya economía es principalmente nómada y pastoril. Muchos de estos jóvenes acaban por unirse a las filas los distintos grupos armados.

La emergencia de los grupos yihadistas se presenta como una oportunidad de resistencia al estado. Nuestras investigaciones sugieren que la marginalización política, más que la radicalización islámica de la población, están detrás de los esfuerzos de resistencia. Por ejemplo, en las zonas rurales controladas por los yihadistas, los ganaderos que quieran acceder a los valiosos pastos durante la temporada seca ya no tienen que pagar sobornos ni regalías a los jefes tradicionales o a los funcionarios del estado.

Diagnóstico equivocado, solución equivocada

A pesar del clima de violencia que supone el control yihadista de estas regiones, ya son muchos los que ven a estos grupos como un mal menor en comparación con el estado corrupto. Los esfuerzos del gobierno y de la comunidad internacional por resolver la crisis en Malí seguirán fracasando mientras sigan concentrados únicamente en la inseguridad provocada por estos grupos yihadistas en todo el mundo y no afronten el problema que supone para las poblaciones rurales la falta de un acceso justo y regulado a los recursos naturales.

Tor A. Benjaminsen

* Profesor del Departamento de Estudios Internacionales sobre Medioambiente y Desarrollo (Noragric), Universidad Noruega de Ciencias de la Vida.

Fuente: Afrik.com

[Traducción y edición, Mariana Entrecanales]


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