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Zimbabue diez años después: resultados y perspectivas
11/03/2009 -

Tras una década de polarización política y pulso internacional, finalmente se ha extendido el debate sobre Zimbabue a un público más amplio. Esto ha ocurrido gracias a que el artículo de Mahmood Mamdani, “Lessons of Zimbabwe”, se publicó el 4 de diciembre de 2008 en el London Review of Books y el 3 de diciembre de 2008 en Pambazuka News. Especialistas de renombre, tanto dentro como fuera de África, han roto el silencio y se han posicionado públicamente. Ahora el debate se extiende más allá de un pequeño grupo de especialistas en el sur de África y el Reino Unido y, asimismo, las cuestiones se tratan en mayor profundidad comparado con lo se puede escuchar o leer fácilmente a diario en los medios de comunicación. Al preguntarnos por qué se ha necesitado cerca de una década para que tuviera lugar este acontecimiento vemos que hay una buena razón que explica este cambio repentino: durante noviembre y diciembre de 2008, gobiernos occidentales y diferentes grupos de reflexión empezaron a considerar públicamente la idea de intervenir militarmente en un pequeño país periférico, antigua colonia, esta vez amparándose en el pretexto del “derecho de proteger” a los zimbabuenses de un tirano delirante. Para muchos de nosotros estas declaraciones son peligrosas; para otros, o no son lo suficientemente serias o si lo son, deberían haberse pronunciado mucho antes. No es sorprendente que el debate posterior fuera tenso, y que se intensificara con la perspectiva de formar un “gobierno de unidad” y de resolver problemas serios.

El artículo de Mamdani se basa en una simple premisa: las relaciones agrarias profundamente desiguales y a las que se les proporcionó un carácter racial fueron históricamente injustas e insostenibles. Repetir esta premisa era importante, porque durante la crisis, el debate se fue centrando en otros asuntos como la buena administración del gobierno, la productividad o incluso la historiografía. Mamdani continuó arguyendo que la reforma agraria radical de años recientes tuvo varias víctimas, incluidos el imperio de la ley, los granjeros o la producción agrícola entre otros. Pero aun así, argumentó, la reforma agraria ha sido progresiva históricamente y es probable que se recuerde como la culminación de la lucha anticolonial en Zimbabue. Concluyó que convulsiones similares, o peores, pueden ser posibles en cualquier otro lugar, por ejemplo en Suráfrica, a menos que se tomen medidas.

Mamdani trató de manera calmada y metódica una cuestión compleja, a diferencia de los análisis y distorsiones emotivos que vemos en la propaganda de guerra. A su artículo siguieron unas declaraciones públicas de 200 estudiosos africanos que participaron en un encuentro continental en Camerún y que denunciaron la belicosidad occidental y cualquier plan para militarizar de nuevo el sur de África. Su comunicado fue corto, sin un análisis detallado del problema de Zimbabue, y escrito con la urgencia de resistir a un contraataque.

Estas dos declaraciones bastaron. Estudiosos zimbabuenses preocupados que se encuentran en Estados Unidos y Europa se apresuraron a hacer valer sus conocimientos sobre la crisis, a calificar a los detractores como víctimas crédulas de las políticas antiimperialistas de Robert Mugabe, a vilipendiar todo el movimiento de ocupación de territorios e identificarlo con las extremas violaciones de derechos humanos (Scarnecchia et al.). Incluso estudiosos de izquierdas, como Patrick Bond y Horace Campbell, se sumaron a los que consideran la amenaza de intervención externa como mera retórica de Mugabe y cuestionan que verdaderamente haya imperialismo en el país. A pesar de la evidente heterogeneidad ideológica, todos se pusieron de acuerdo inmediatamente en centrarse en personalidades más que en los problemas y no les quedó más remedio que recurrir a métodos turbios de argumentación (según notifica David Johnson).

El problema básico de Zimbabue, y de muchas otras antiguas colonias, sigue siendo cómo resolver las dos cuestiones históricas: la agraria y la nacional. La cuestión democrática es intrínseca tanto a la cuestión agraria como a la nacional; no se puede avanzar en una cuestión si no se avanza en la otra. Recordemos que en Zimbabue, la democracia en sí misma fue una conquista histórica contra el colonialismo. Pero a esta democracia le faltó mucho para acercarse a las necesidades históricas de justicia social; en lugar de eso, el estado que acababa de independizarse comenzó a defender los privilegios en nombre de los derechos y a criminalizar las reclamaciones de justicia. De este modo, cuando los antagonismos de esta sociedad se intensificaron, organizaciones civiles y ciudadanos de a pie se enfrentaron a un dilema desconcertante: tolerar la suspensión del imperio de la ley y apostar por un gran avance o defender el imperio de la ley y defender desigualdades perpetuas además del atraso. En nuestro caso apostamos por la reforma agraria no porque no fuéramos democráticos sino porque creemos en una forma más profunda de democracia, una democracia que sólo pueda sostenerse en una base estable y con fundamento a la que se llegue mediante cambios estructurales. A pesar de las víctimas que ha identificado Mamdani, la reforma agraria ha creado, en efecto, los fundamentos sociales y económicos de una democratización más coherente. Ahora es preciso atajar las deficiencias de la reforma agraria, reconstruir las instituciones democráticas ganadas con esfuerzo y sembrar las semillas necesarias para la siguiente fase de la revolución democrática nacional.

No cabe duda de que en Zimbabue han tenido lugar profundos cambios estructurales. Varios estudios llevados a cabo por el Instituto Africano de Estudios Agrarios (AIAS en inglés) y asociados entre 2001 y 2007 lo han constatado. El otro estudio serio publicado hasta la fecha es el de Ian Scoones y sus asociados y el Institute of Poverty Land and Agrarian Studies (PLAAS) en Ciudad del Cabo. Estos estudios han demostrado que la reforma agraria benefició “a los amigos del Presidente”; aunque si es cierto que hubo favoritismos puntuales, esto no afectó al conjunto del proceso. La reforma agraria ha tenido una base amplia y ha sido en gran parte igualitaria. Benefició directamente a 140.000 familias, la mayoría de ellas se encontraban entre los pobres de zonas rurales, pero también benefició a familias urbanas. Cada una obtuvo, de media, 20 hectáreas de terreno, lo que constituye un 70% del terreno total adquirido. El 30% restante benefició a 18.000 nuevos capitalistas (de pequeñas a medianas empresas) con una media de 100 hectáreas. Un pequeño sector de capitalistas a gran escala persiste, tanto de granjeros negros como blancos, pero el tamaño de sus tierras ha disminuido drásticamente hasta una media de 700 hectáreas, mucho menor que la media de 2.000 hectáreas que previamente poseían 4.500 terratenientes.

Asimismo, hay una nueva dinámica en proceso en las zonas rurales en lo que respecta a la movilización laboral, la inversión en infraestructuras, a nuevas pequeñas empresas o a la formación de cooperativas. Y a pesar de las condiciones económicas adversas, los niveles de uso de las tierras han superado en un 40% el uso que se hacía de ellas en las granjas gestionadas por blancos después de un siglo entero de subvenciones estatales y privilegios raciales. Que el rendimiento de los cultivos siga siendo bajo es en gran parte debido a la escasez de suministros y no a la falta de espíritu emprendedor o los conocimientos de los nuevos granjeros, como se suele afirmar. La nueva estructura agraria de Zimbabue promete ahora obtener soberanía alimentaria (algo de lo que nunca antes había disfrutado), crear nuevos vínculos domésticos entre sectores y formular un nuevo modelo de desarrollo agroindustrial con una clase agraria organizada al frente.

No es necesario decir que un número de estudiosos nunca ha reconocido este potencial. Al contrario, continúan especulando sobre el “crony capitalism”, de Patrick Bond, (Capitalismo de amiguetes) y la "destruction of the agriculture sector", de Horace Campbell, (La destrucción del sector agrícola) sin haber llevado a cabo ninguna investigación concreta por su cuenta o haber sopesado adecuadamente los nuevos estudios que se han realizado.

El profundo cambio estructural se ha visto acompañado por violencia recurrente del Estado. La contradicción más seria de todo el proceso ha sido la limitación del espacio político, especialmente para fuerzas sociales progresistas. El Estado ha continuado recurriendo a la fuerza bruta mucho después de la reforma agraria. En este sentido, se nos ha acusado de apartar la vista ante la violencia de Estado (véase Brian Raftopoulos y Horace Campbell). Pero este no es el caso. Defender cambios estructurales no es aprobar asesinatos, violaciones, secuestros y tortura. Nuestro enfoque respecto a la violencia de Estado ciertamente ha sido diferente; no escogimos hacer una lista del número de víctimas y moralizar sobre ello. Nuestro propósito ha sido doble: analizar el carácter cambiante de la violencia de Estado con el fin de entender su función y proporcionar alternativas concretas para evitar y resistir esta violencia.

Hemos aducido que en el primer período de la reforma agraria (2000—2003), mientras el partido del poder luchaba por apaciguar el movimiento de ocupación de tierras, la fuerza se empleaba para defender a los que no tenían tierras y contra las fuerzas políticas aliadas con el monopolio agrario de los bancos y con los intereses occidentales. A partir de 2003, cuando el movimiento se disipó y cuando la clase capitalista negra ampliada se posicionó en el partido del poder, la violencia comenzó a emplearse en defensa de intereses de una clase específica, pero también contra las fuerzas aliadas con Occidente. Esto conllevó una serie de tragedias entre 2005 y 2008, especialmente cuando las dificultades económicas se intensificaron. Los líderes del partido del poder sustituyeron la movilización por operaciones de estilo militar: primero contra ciudadanos “ilegales” en 2005, lo que llevó a la destrucción de los nuevos asentamientos que surgieron durante la ocupación; más adelante contra mineros rurales “ilegales” (2006-2008) que habían recurrido al contrabando para ganarse el sustento; luego contra especuladores en 2007, en un ataque al control de los precios cuyo efecto fue expandir el mercado paralelo; y finalmente durante la campaña de 2008, contra aquellos que el partido en el poder no podría convencer. De hecho, estas convulsiones persistentes, combinadas con la situación económica precaria (véase más adelante), hicieron que se debilitara el partido en el poder, incluso en las zonas rurales. Esto culminó en una profunda y tensa polarización electoral, con la oposición por primera vez a la cabeza, lo que sólo podría ser aplacado a través de negociaciones para compartir el poder. La violencia (especialmente detenciones irregulares) ha persistido hasta ahora. ¿Cuáles eran las alternativas concretas? Veíamos claramente que, después de que los movimientos rurales y urbanos desaparecieran o sucumbieran, ningún partido político sería capaz de llevar la revolución democrática nacional a la siguiente fase: si la oposición era una causa perdida desde el comienzo, el partido en el poder había sufrido un cambio trascendental. Sugerimos que el único modo de seguir hacia delante consistía en que los propios movimientos sociales tomaran la iniciativa, pero sin oponerse a los mecanismos de control del Estado. Pedimos el alejamiento de las políticas dogmáticas y un acercamiento a un trabajo político de base con el objetivo de crear estructuras duraderas y democráticas en las zonas rurales, especialmente cooperativas, crear alianzas con trabajadores urbanos y comenzar , de nuevo, el cambio de correlación de fuerzas (Moyo y Yeros, 2007a).

Para nosotros levantarnos contra el Estado en una plataforma neocolonial o sin alianzas progresistas adecuadas parecía una forma de derrota. Sin embargo para nuestros detractores, la plataforma de la oposición no era neocolonial, sino progresista.

Esto ha sido unos de los aspectos más desalentadores del trabajo de nuestros detractores: no han analizado los factores externos y la intrusión en la política de Zimbabue. Por supuesto, como David Johnson ha apuntado, la mayoría de nuestros detractores de todos modos no considera el imperialismo contemporáneo una categoría que deba analizarse. Pero hay otros que sí que lo consideran, y han escogido evadirse. Horace Campbell y Patrick Bond, especialmente, han recalcado que “no hay sanciones contra Zimbabue" y que el declive económico ha sido autoinfligido. De hecho, si atendemos a sus afirmaciones, da la impresión de que el imperialismo ha dejado de existir de súbito en el caso de Zimbabue. Scarncechia et al. han ido más lejos al calificar de deshonesto a Mamdani por culpar a las sanciones. A estas imprecaciones absurdas hay que añadir las declaraciones de supuestos adversarios ideológicos. Defienden que Occidente está salvando Zimbabue: "USAID envió cantidades ingentes de comida", sostiene Bond. “La ayuda alimentaria ha constituido un salvavidas”, afirman Scarnecchia et al.

El factor externo intrusivo ha sido una constante en la historia de Zimbabue y del continente. En el caso del sur de África, el apoyo militar, financiero y diplomático a regímenes de minorías blancas fue crucial para la prolongación de las luchas de liberación, la desestabilización de estados independientes y en las transiciones neocoloniales. En el caso de Zimbabue, el logro de Occidente fue consagrar el régimen colonial de derechos de propiedad en la constitución de 1979. A partir de entonces, se realizaron muchos esfuerzos por varios medios, incluidas las vías del FMI y el Banco Mundial, para hacer que la política interior promoviera el cambio estructural. Y más tarde, cuando el cambio estructural se encontraba en su momento álgido, y cuando el resto de los países del África meridional vivían la transición a gobiernos de la mayoría, EEUU intentó reestablecer su presencia militar en la región, inicialmente en Zimbabue, y tuvo un éxito parcial al construir una pista de aterrizaje en Botsuana. Se debería haber esperado, por tanto, que las relaciones se caldearan al final de los 90, cuando Zimbabue abandonó los cambios estructurales en 1996, inició una adquisición extensiva y obligatoria de tierras en 1997, movilizó a Angola y Namibia en 1998 para intervenir contra la invasión, respaldada por EEUU, de la República Democrática del Congo por parte de Ruanda y Uganda, y finalmente las iniciativas de 2000 de enmendar la Constitución neocolonial. Éste fue un cambio importantísimo en la correlación de fuerzas. ¿Puso Occidente la otra mejilla en ese momento, como parece que sugieren Camphell y Bond?

Al contrario, es entonces cuando la desestabilización comenzó de nuevo. Mamdani habló someramente de la campaña de desestabilización y nosotros también hemos escrito acerca del tema (Moyo and Yeros 2007; véase también Gregory Elich y Stephen Gowans). En resumen, el capital occidental “se puso en huelga” alegando la falta de “confianza de los inversores”, mientras los gobiernos occidentales se dedicaron a financiar a la oposición. Basta con decir que la combinación de aislamiento económico e intrusión política ha sido severa, provocando una guerra económica, con escasez extrema de divisa extranjero y bienes básicos, hiperinflación implacable, pérdida de capacidad productiva y una baja inversión en infraestructuras sociales, lo que llevó recientemente a un brote de cólera mortífero.

Muchos de los que nos critican buscan reafirmar que no se han impuesto sanciones a Zimbabue haciendo hincapié en la firma de nuevos contratos en la industria minera. Pero cualquier contrato que se firme con sociedades del oeste, este o sur de África, avanza lentamente y no es más que un grano de arena en el desierto. Al mismo tiempo, la ayuda alimentaria que se está ofreciendo, y que se ha calificado de “salvavidas”, también debe ser analizada; esta política es, de hecho, un boicot de los donantes contra zonas en las que ha habido nuevos reasentamientos; la ayuda alimentaria no habría sido necesaria si las aportaciones no se hubiesen limitado en estas zonas.

El estado de Zimbabue se enfrentó a esta campaña de desestabilización convirtiéndose en el más intervencionista del mundo. Intervino en todos los sectores de la economía para controlar los precios, la distribución y los créditos, para nacionalizar terrenos, para reafirmar el control sobre los recursos naturales, etc. Su estrategia económica incluyó la resurrección de empresas estatales para dirigir la recuperación y para diversificar el comercio y la inversión hacia el Este. Pero su enfoque ha sido luchar contra el aislamiento fomentado la burguesía autóctona. Esta ha sido la contradicción interna básica que, aparte de las consecuencias políticas violentas, abrió paso a la financiación de los negocios, el afianzamiento de los intereses especulativos, el aprovechamiento de todos los capitalistas (blancos, negros, el partido de Mugabe, ZANU-PF, y el de Tsvangirai, MDC) y la impresión de dinero, frecuentemente aplicado al interés de los mayores capitalistas.

Ha quedado claro que esta estrategia heterodoxa ha sido insuficiente e incoherente al crear un espacio para el comportamiento oportunista. Por supuesto que las realidades del aislamiento y la intrusión, combinadas con graves sequías y precipitaciones irregulares, habrían dificultado cualquier plan heterodoxo. Además, el hecho de que los compañeros regionales no llegaran a proporcionar el suficiente apoyo complicó el ambiente económico. Aun así, las propias políticas heterodoxas han sido insuficientes, en el sentido de que carecían de una claridad política desde el comienzo.

Tomemos un ejemplo básico: el sistema financiero debería haber sido regulado de una manera más rigurosa desde el principio junto con el capital agrario. Esto debería haberse visto como un prerrequisito para la promoción de toda una seria de medidas defensivas políticamente y de desarrollo económico, desde la financiación de cooperativas en zonas rurales hasta la expansión de las viviendas en zonas urbanas. Otro ejemplo es el del mercado de valores, que se convirtió en un espacio para el oportunismo financiero que se reguló muy tarde, a finales de 2008. El marco de las políticas asimismo ha sido incoherente en el sentido de que no ha hecho un uso efectivo del mecanismo del mercado. Las políticas económicas se han basado en los capitalistas inadecuados, en los especuladores en lugar de los productores, e ignoró a la gran mayoría de éstos, que pertenecen a la clase agraria. Sin embargo, debe quedar claro que nada de esto es, como defienden nuestros detractores, un problema que podría erradicarse con un “cambio de régimen”. La insuficiencia y las incoherencias de las políticas económicas son un reflejo de la balanza de poderes cambiante en el país y la debilidad de las propias organizaciones de trabajadores en zonas rurales y urbanas. Un cambio de régimen no modificaría este hecho.

Basta con concluir con tres temas que deben preocupar a todos los verdaderos demócratas: a) la necesidad de una recuperación de la economía que sea soberana y justa socialmente; b) la apertura de espacio político para la reorganización y expresión de la voluntad popular, especialmente de los trabajadores urbanos y de los pequeños productores agrarios; y c) el refuerzo de la autonomía de la región mediante la concepción de mecanismos de autoayuda financiera.

Durante las negociaciones para compartir el poder a finales de 2008, diferentes grupos de reflexión y donantes (incluido un organismo gestionado por el Banco Mundial y un grupo de donantes llamado “Fishmongers” comenzaron a discutir sobre el tema de recuperación económica. El PNUD, sin embargo, propuso que Zimbabue debería reajustarse a la economía mundial mediante terapia de choque. Ésta fue una conclusión increíble, no sólo porque el PNUD se había distanciado previamente del FMI y el Banco Mundial, sino también porque la terapia de choque se ha desacreditado completamente en todo el mundo y porque la economía mundial en sí misma está desmoronándose ¿A qué exactamente se debería ajustar Zimbabue? Por muy descabellado que sea, nosotros nos tomamos estas declaraciones muy en serio. De hecho, el peligro más importante es el de un pacto de repartición de poder entre élites que vuelva a subordinar Zimbabue a los parásitos internacionales financieros y cargue el coste de la recuperación a los trabajadores y clase agraria.

¿Cuál es la alternativa?

Primero, como Ben Cousins también ha apuntado, la producción agraria debería ser el pilar de la recuperación de la economía, a través de la subvención de insumos, precios justos y tenencia segura (que no significa plena propiedad).

Segundo, la recuperación económica requiere un marco global para conseguir la soberanía alimentaria del país en su conjunto, no sólo para los productores rurales a un nivel “de subsistencia”. Esto requiere una mejora técnica de la agricultura bajo el control de una clase agraria organizada y la restauración de agroindustrias. Asimismo se precisa resolver la cuestión de los agricultores, una clase marginada de mano de obra barata que no posee tierras y que necesita incorporarse a un sistema de protección social y cooperativista.

Tercero, las políticas comerciales e industriales deberán reformularse para asegurar la recuperación de industrias estratégicas y su reorientación para la creación de bienes y para las mejoras técnicas de la agricultura.

Cuarto, también se debe cuidar el sector minero, pues es crucial para obtener divisas e ingresos públicos. La regulación de este sector debe continuar para asegurar que las minas no se vendan al que soborne más y que los ingresos se inviertan en la región.

Finalmente, los bancos públicos deberán desempeñar un papel protagonista en la recuperación económica, dado que el sistema de bancos privados no ha hecho lo que debía hacer y es poco probable que lo haga. Lo que se necesita, ahora más que nunca, es un sistema de créditos que dirija inversiones productivas y compatibles en agricultura, industria, vivienda e infraestructuras. Una política como ésta estaría en la línea de las tendencias que han surgido en todo el mundo, incluidas la nueva situación de los bancos (e incluso la nacionalización de bancos) en Sudamérica y las recientes intervenciones del Estado en el sistema bancario en EEUU y Europa.

Por supuesto, muchos volverían a protestar: ¡la posibilidad de una recuperación heterodoxa sin fondos del FMI es ingenua! Pero nosotros también seríamos ingenuos si creemos que la inyección externa financiera que se ha asegurado con la condición de que haya un cambio de régimen sería finalmente efectuada como se ha prometido. Los zimbabuenses están abocados a mendigar por cada préstamo, pues se inventarán nuevas condiciones mucho después del cambio de régimen. Es una historia que conocemos muy bien. Además, debemos tener en cuenta que los recursos de ayuda han menguado y que disminuirán aún más.

Los cambios más recientes en las políticas económicas indican que la elaboración de políticas ya no tiene futuro. El partido en el poder generalmente resistió la normalización con las finanzas internacionales, pero ahora ha aprobado la “dolarización” y asimismo ha eliminado los controles de los precios y las divisas. El cambio de políticas ha contribuido a la pérdida de control sobre las políticas monetarias y de tipo de cambios en el ambiente de hiperinflación pero, irónicamente, también a buscado continuar con un elemento de soberanía al evitar un retorno total a las instituciones de Bretton Woods y la imposición consecutiva de condiciones. Su objetivo específico era el de mejorar las condiciones de las inversiones de capital no occidental y engatusar a los capitalistas domésticos. Sin embargo, sólo esta política no puede ser justa socialmente ya que los pobres prácticamente han quedado fuera de un mercado de divisa fuerte profundamente inicuo.

La creación de un espacio político que acepte una reorganización y expresión de la voluntad popular es fundamental para dirigir el poder del estado de nuevo hacia un programa económico socialmente justo y de soberanía. Esto requiere un gobierno de unidad, como se ha advertido recientemente, pero no cualquier tipo de gobierno de unidad. Al contrario de lo que se ha sugerido, (véase Bracking and Cliffe 2008), el carácter de este gobierno todavía se puede discutir. Por supuesto, muchos han sostenido que la sustitución de Robert Mugabe por Morgan Tsvangirai es la condición previa para la reapertura de un espacio político y de políticas económicas “efectivas”. Pero la sustitución de Mugabe de ningún modo garantiza la reapertura de un espacio político, dado que la oposición ha sido clara sobre su apoyo a un programa de recuperación extravertido que, por su parte, sólo podría llevarse a cabo en una nueva ronda de represión política.

Los defensores del “cambio de régimen” han buscado apoyar sus argumentos refugiándose en mitos sobre la “naturaleza progresista” del MDC, o en las “tendencias progresistas” dentro del MDC. “El MDC y la mayoría en la sociedad civil se han opuesto de manera confesa a las sanciones de estilo occidental”, declara Bond. Pero nunca oponen resistencia, y esto es porque su principal estrategia electoral no se ha centrado en organizar a la clase trabajadora en una plataforma de clase trabajadora. “Los zimbabuenses que quieran una transformación deben oponerse a las fuerzas neoliberales dentro del MDC”, nos dice Campbell. Pero, ¿quiénes son esas fuerzas opositoras dentro del MDC? Y ¿por qué deberíamos esperar que muerdan la mano que les alimenta? Y si lo hicieran, ¿por qué deberíamos esperar que haya una nueva ronda de desestabilización? Para nosotros, la tarea le corresponde a las fuerzas sociales, incluidas las organizaciones de granjeros y sindicatos, que deben alejarse de sus alianzas de partidos políticos y resistir la vuelta a un pacto elitista y a la tutela del FMI.

Esta estrategia, finalmente, tiene una política exterior muy específica, que es evitar que el asunto de la ayuda y la recuperación se transfiera a las Naciones Unidas, el FMI y el Banco Mundial, y resistir la marginalización de los trabajadores a través de consultas superficiales y “diálogos” ineficaces con la sociedad civil. El debate sobre la ayuda y la recuperación debe continuar bajo el control de los zimbabuenses, en el marco de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC). Ésta última debe reforzar ahora su autonomía estratégica concibiendo mecanismos de autoayuda financiera y un plan de integración regional basado en la igualdad, la solidaridad y la planificación estratégica. Esto también es similar a las iniciativas progresistas tomadas en otros lugares, especialmente en Sudamérica.

De hecho, el aspecto menos conocido de la cuestión de Zimbabue es la dinámica regional que ha surgido y que tiende a la construcción de una región estratégicamente autónoma. Si bien está claro que el regionalismo de la SADC continúa siendo profundamente contradictorio. Por un lado, está en marcha un acuerdo de libre mercado de la SADC, junto a otro plan para crear una moneda común (en la que Zimbabue ha expresado interés). Aunque estas propuestas se han promocionado como grandes adelantos, el hecho de que se basen en el poder del mercado y en una lógica práctica hace probable que fracasen al reforzar el desarrollo desigual en la región y debiliten la solidaridad. Por otro lado, la SADC cuenta ahora con un pacto de mutua defensa, un logro excepcional si no único en el sur. Zimbabue, Angola y Namibia promovieron este pacto en 1998, al comienzo de la intervención en la República Democrática del Congo y se extendió al resto de la SADC en 2003. La nueva postura estratégica está basada en los principios de igualdad y solidaridad y, por tanto, es contraria a la lógica práctica de la integración económica que está teniendo lugar. Por esta razón, creemos que hay mucho más en juego en Zimbabue ahora que lo que nuestros críticos reconocen... y el imperialismo lo sabe. Un aspecto de importancia fundamental de esto es la actual carrera que enfrenta a Oriente y Occidente por conseguir minerales y energía por toda la región. No es extraño que la campaña de desestabilización haya atacado a la SADC, presionando a los estados miembros (particularmente Botsuana, Zambia y Tanzania) e intentando debilitar la solidaridad de la SADC.

No obstante, la SADC ha denegado de manera repetida y con éxito la participación directa de Occidente en las negociaciones. De hecho, la intensidad de la campaña de desestabilización contra Zimbabue y las viles tácticas contra la SADC han forzado a los miembros de la región a mirarse en el espejo y descubrir que comparten algo muy valioso: un régimen de soberanía común, ganado de manera colectiva mediante sacrificios heroicos y luchas contra el imperialismo. Por consiguiente, mientras los miembros de la SADC continúan aferrándose a la lógica del mercado, también han inferido de manera correcta que lo que quiere Occidente verdaderamente en Zimbabue es el completo desmantelamiento del nacionalismo negro, un fracaso total de un plan de integración que es estratégicamente impermeable y una vuelta absoluta a la edad oscura del neocolonialismo. Esto ha llevado a un acuerdo en un gobierno de unidad, que Occidente ve escépticamente y continúa amenazando con el arma de las sanciones.

Alguno de nuestros críticos continúa considerando esto de manera diferente. Creen que el gobierno de unidad es prueba clara de que la región carece de valor para enfrentarse a la tiranía. Nosotros creemos que es un avance: en la región se sabe que sólo un proyecto político que conserve la autonomía regional frente a las imposiciones externas tendrá éxito en la reunión de fuerzas internas para luchar por la democratización.

Sam Moyo y Paris Yeros

*Sam Moyo es el actual presidente de CODESRIA y director del Instituto Africano de Estudios Agrarios en Zimbabue. Paris Yeros es un científico social.

Artículo publicado en Pambazuka News, el 12 de febrero de 2009

*Por favor, envíen sus comentarios a editor@pambazuka.org o comenten online en http://www.pambazuka.org

Traducido por Laura Betancort, alumna de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid Traducción /Interpretación, colaboradora en la traducción de algunos artículos.

NOTAS

Para las cartas en respuesta a Mahmood Mamdami:
(http://www.lrb.co.uk/v30/n23/mamd01_.html), see Terence Ranger, http://www.lrb.co.uk/v30/n24/letters.html#letter1; Timothy Scarnecchia, Jocelyn Alexander y otros 33 especialistas, http://www.lrb.co.uk/v31/n01/letters.html; Gavin Kitching, http://www.lrb.co.uk/v31/n01/letters.html; Horace Campbell, ‘Mamdani, Mugabe and the African Scholarly Community’, http://www.pambazuka.org/en/category/features/52845; Patrick Bond, http://links.org.au/node/815/9693; Ben Cousins (2008), ‘Reply to Mamdani’, no publicado; David Johnson (2008), ‘Mamdani, Moyo and Deep Thinkers of Zimbabwe’, no publicado.

Sobre las consecuencias de la reforma agraria véase Sam Moyo & Paris Yeros (2005), ‘Land Occupations and Land Reform in Zimbabwe: Towards the National Democratic Revolution’, in Reclaiming the Land: The Resurgence of Rural Movements in Africa, Asia and Latin America, edited by S. Moyo and P. Yeros, London: Zed Books; Walter Chambati & Sam Moyo (2003), Fast Track Land Reform and the Political Economy of Farm Workers in Zimbabwe, Harare: AIAS Monograph Series; Sukume, C and Moyo, S. 2003. Farm Sizes, decongestion and land use: Implications of the Fast Track Land Redistribution Programme in Zimbabwe, AIAS Mimeo; Sam Moyo (de próxima aparición): The Contemporary Land Question and Prospects for Agrarian Reform in Zimbabwe. Sam Moyo (2007), Zimbabwe’s land reform: way forward. Food Files Magazine ActionAid. October 2007; Sam Moyo (2004) The overall impact of the Fast Track Land Reform Programme, AIAS monograph. 2004; Sam Moyo (2003) Land redistribution: Allocation and beneficiaries, mimeo. Sam Moyo and Prosper matondi (2003), Agricultural Production Targets, AIAS mimeo; Walter Chambati (2007), Emergent Agrarian Labour Relations in New Resettlement Areas, Zvimba District, Harare: AIAS Monograph Series; Sam Moyo (2007), Emerging Land Tenure Issues in Zimbabwe, Harare: AIAS Monograph Series; Tendai Murisa (2007), Social Organization and Agency in the Newly Resettled Areas of Zimbabwe: The Case of Zvimba District, Harare: AIAS Monograph Series; Wilbert Sadomba (2008), War Veterans in Zimbabwe’s Land Occupations: Complexities of a Liberation Movement in an African Post-colonial Settler Society, PhD Thesis, Wageningen University; and Ian Scoones (2008), ‘A New Start for Zimbabwe?’, http://www.lalr.org.za

Sobre las políticas de la reforma agraria y el character del Estado, véase Sam Moyo & Paris Yeros (2005), ‘Land Occupations and Land Reform in Zimbabwe’, op. cit.; Sam Moyo & Paris Yeros (2007a), ‘The Radicalised State: Zimbabwe’s Interrupted Revolution’, Review of African Political Economy, 111; Sam Moyo & Paris Yeros (2007b), ‘The Zimbabwe Question and the Two Lefts’, Historical Materialism, vol. 14, no. 4; Sam Moyo & Paris Yeros (de próxima aparición, a), ‘After Zimbabwe: State, Nation and Region in Africa’, in The National Question Today: The Crisis of Sovereignty in Africa, Asia and Latin America, edited by S. Moyo, P. Yeros & J. Vadell; Wilbert Sadomba (2008), War Veterans in Zimbabwe’s Land Occupations, op. cit.; Amanda Hammar & Brian Raftopoulos (2003), ‘Zimbabwe’s Unfinished Business: Rethinking Land, State and Nation’, in Zimbabwe’s Unfinished Business: Rethinking Land, State and Nation in the Context of Crisis, edited by A. Hammar, B. Raftopoulos & S. Jensen, Harare: Weaver Press.

Sobre las políticas internacionales de la cuestión de Zimbabue véase Sam Moyo & Paris Yeros (de próxima aparición, b), ‘Delinking in Crisis: The Resurgence of Radical Nationalism in the South Atlantic’; Sam Moyo & Paris Yeros (2007b), ‘The Zimbabwe Question and the Two Lefts’, op. cit.; Gregory Elich, ‘Zimbabwe Under Siege’, Swans Commentary, http://www.swans.com/library/art8/elich004.html; Ian Phimister & Brian Raftopoulos (2004), ‘Mugabe, Mbeki and the Politics of Anti-Imperialism’, Review of African Political Economy, 101; Horace Campbell (2008), ‘The Zimbabwean Working Peoples: Between a Political Rock and an Economic Hard Place’, www.concernedafricascholars.org/author/horace-g-campbell; and Stephen Gowans (2008), ‘Cynicism as a Substitute for Scholarship’, http://gowans.wordpress.com/2008/12/30/cynicism-as-a-substitute-for-scholarship/

Para la recuperación económica véase UNDP (2008), Comprehensive Economic Recovery in Zimbabwe: A Discussion Document, Harare; Sarah Bracking & Lionel Cliffe (2008), Plans for a Zimbabwe Aid Package: Blueprint for Recovery or Shock Therapy Prescription for Liberalisation?, mimeo.; M. Lupey (2008), A Four Step Recovery Plan for Zimbabwe, CATO, www.cato.org; Adam Smith International (2007), 100 Days: An Agenda for Government and Donors in a new Zimbabwe, Fragile States and Post Conflict Series.


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