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Las autoridades ruandesas tratan de desmentir asesinatos
7 de noviembre de 2017

Según las declaraciones de Human Rights Watch del 1 de noviembre, el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Ruanda (National Commission for Human Rights, NHCR), publicado el 13 de octubre de 2017, que intenta desacreditar la documentación de esta ONG sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, está repleto de tergiversaciones, entre las que destacan la injusticia y el abuso sufrido por las familias de las víctimas. Human Rights Watch investigó las amenazas de los funcionarios del Gobierno ruandés a los familiares de las víctimas, que fueron obligados a presentar información falsa sobre lo que les sucedió a sus seres queridos. HRW teme por la seguridad de los familiares de las víctimas.

El documento de la Comisión afirmaba "conocer la verdad" sobre un informe de Human Rights Watch publicado el pasado julio, en el que se describía con detalle cómo el ejército, la policía y las unidades auxiliares de seguridad, a veces con la ayuda de las autoridades civiles locales, habían apresado y ejecutado a presuntos responsables de delitos menores. Las acusaciones que se exponen en el informe de la Comisión y en la conferencia de prensa correspondiente son falsas en su mayoría y pretenden dar una imagen del trabajo de Human Rights Watch que se encuentra alejada de la realidad.

"Las acusaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos muestran que las autoridades de Ruanda son reacias a tolerar las críticas y a realizar esfuerzos reales para mejorar el historial de derechos humanos del país", afirmó Ida Sawyer, directora de la sección para África Central de Human Rights Watch. "En lugar de discutir con nosotros los resultados antes de su publicación, tal y como habíamos solicitado, y de abrir investigaciones serias, los funcionarios ruandeses presentaron información falsa y amenazaron a quienes se atrevieron a hablar sobre los asesinatos."

Human Rights Watch descubrió que las autoridades locales y los miembros de las fuerzas de seguridad habían detenido a muchos familiares que se habían negado a inventar historias sobre lo que les había sucedido a sus seres queridos. "Las autoridades locales me preguntaron si estaba dispuesto a decir a los que venían a nuestra aldea que [la víctima] había muerto a causa de una enfermedad en el hospital, pero me negué", confesó un miembro de la familia de una de las víctimas a la ONG. "Vi cómo [la víctima] fue asesinada, y no pude mentir. Unos días más tarde, me arrestaron”. El entrevistado confirmó haber sido liberado días después.

Una encuesta de France 24, publicada el 31 de octubre, encontró numerosas inconsistencias en el informe de la Comisión y corroboró las circunstancias en las que tuvieron lugar cuatro de las ejecuciones sumarias documentadas por Human Rights Watch.

Desde que se publicó el informe de la Comisión, Human Rights Watch ha analizado su contenido, así como las declaraciones realizadas en la conferencia de prensa del 13 de octubre y en la presentación de la Comisión al Parlamento el 19 de octubre. Human Rights Watch también ha llevado a cabo investigaciones adicionales sobre algunos homicidios. Algunos de los testigos con los que ha hablado la organización quedaron estupefactos cuando escucharon las acusaciones formuladas en el informe.

La ejecución extrajudicial de Alphonse Majyambere es un ejemplo perfecto. La Comisión presentó a otra persona en su conferencia de prensa, con el mismo nombre, pero de un sector diferente y casi 30 años mayor que la persona que fue asesinada.

En el caso de Elias Habyarimana, que fue asesinado por las fuerzas de seguridad en marzo, la Comisión presentó a una mujer llamada Pelagie Nikuze que dijo que Habyarimana es su esposo y vive en Bélgica. Human Rights Watch descubrió que el hombre que vive en Bélgica es en realidad otra persona y que el hombre asesinado en marzo era un pescador que nunca había tenido pasaporte.

La Comisión ha admitido que Fulgence Rukundo fue asesinado por haber cruzado ilegalmente la frontera con la República Democrática del Congo. Sin embargo, varios aldeanos confirmaron a Human Rights Watch a finales de octubre haber presenciado personalmente, junto con docenas de residentes de su aldea, cómo unos soldados le ejecutaban con el motivo de haber robado y matado a una vaca el 6 de diciembre de 2016, en Kiraga, a varios kilómetros de la frontera.

"La muerte de [Rukundo] es una historia muy conocida en la colina [donde vivimos]", dijo un testigo a Human Rights Watch el 24 de octubre. "La Comisión de Derechos Humanos estaba demasiado asustada para venir aquí. Si [los miembros de la Comisión] se atrevieran a acercarse a mí ahora, les escupiría en la cara y sufrirían las consecuencias”.

Estos casos están incluidos en el informe de 42 páginas publicado en julio por Human Rights Watch, que lleva por título "Todos los ladrones deben ser asesinados: ejecuciones extrajudiciales en el oeste de Ruanda" y que documenta las ejecuciones extrajudiciales de al menos 37 personas sospechosas de delitos menores, así como las desapariciones forzadas de otras cuatro personas entre abril de 2016 y abril de 2017. Desde entonces, Human Rights Watch ha documentado al menos un asesinato más cometido por la policía durante el mismo periodo. Los familiares de las víctimas recibieron amenazas cuando intentaron recuperar los cuerpos de sus seres queridos y las autoridades recordaron las ejecuciones en reuniones públicas de la comunidad, utilizándolas como advertencia a otros posibles ladrones. Desde que se publicó el informe de Human Rights Watch en julio, los asesinatos parecen haberse detenido.

(…)

En relación con las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas que denuncia Human Rights Watch, la Comisión ha explicado que siete personas continúan vivas, cuatro murieron de causas naturales, seis murieron en "otros accidentes", ocho fueron asesinados por las fuerzas de seguridad ruandesas por cruzar la frontera con la República Democrática del Congo de forma ilegal, dos fueron asesinadas mientras se resistían al arresto, y las otras diez “se desconocen”.

El documento de la Comisión fue publicado tres días después de que Human Rights Watch publicase un informe adicional documentando el uso sistemático de la tortura en Ruanda. Durante 10 meses, Human Rights Watch ha tratado repetidamente de reunirse con las autoridades, incluida la Comisión, para analizar los resultados de esta investigación, pero ninguna de las solicitudes de reunión ha sido aceptada.

"Las autoridades de Ruanda han denigrado y atacado a Human Rights Watch por denunciar las atroces violaciones de los derechos humanos, al mismo tiempo que amenazan a las familias y amigos de las víctimas, que ya han sufrido mucho", dijo Ida Sawyer. "El Gobierno debe detener inmediatamente la intimidación y el acoso a familiares y otros testigos, tomar en serio los informes de los asesinatos y otras violaciones graves, y unirse a los países que trabajan por el respeto de los derechos humanos fundamentales".

(…)

Intimidación y amenazas del Gobierno

Muchos familiares de las víctimas informaron a Human Rights Watch de que las autoridades locales habían interrogado, amenazado e incluso arrestado a algunos de ellos desde que se publicó el informe en julio. Las autoridades habían intentado obligar a algunos familiares a dar un falso testimonio de lo que les había sucedido a sus seres queridos. Human Rights Watch también ha documentado amenazas a las comunidades locales donde ocurrieron los asesinatos.

Por ejemplo, en Nyagahinika, un residente afirmaba que "en agosto, las autoridades locales se reunieron y dijeron: sabemos que algunos de ustedes han hablado con otras personas sobre Majyambere [la víctima]. Cualquiera que hable sobre su muerte tendrá que lidiar con nosotros”. Un familiar de otra víctima confirmó a Human Rights Watch que las autoridades locales lo habían amenazado reiteradamente y que querían saber todo lo que le había comunicado a la organización.

Un miembro de la familia de otra víctima explicó: "en julio, la radio habló sobre personas asesinadas por agentes de seguridad en Rubavu y Rutsiro, incluida [la víctima]. Las autoridades locales comenzaron a amenazarme y a preguntarme si yo era el que había proporcionado esa información a Human Rights Watch. Desde entonces, las autoridades sospechan de mí. Más tarde utilizaron a la segunda esposa de [la víctima] para decirle que [él] había muerto de una enfermedad en el hospital, pero todo era mentira."

Human Rights Watch no es el único organismo internacional involucrado en las represalias contra aquellos que se atreven a denunciar. El 19 de octubre de 2017, el Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, invitado a visitar Ruanda tras la ratificación en 2015 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, suspendió la visita por obstrucción del Gobierno y por temor a represalias contra los entrevistados por el Subcomité. En diez años, el Subcomité solo ha suspendido tres visitas.

Ataques al personal de Human Rights Watch

El informe de la Comisión desató un torrente de denuncias contra el personal de Human Rights Watch por parte de funcionarios gubernamentales y miembros del Parlamento. El 13 de octubre, el Ministro de Justicia, Johnston Busingye, twitteó acusaciones de que algunos miembros del personal eran simpatizantes de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo armado en su mayoría hutu y predominantemente activo en la República Democrática del Congo. El 19 de octubre, en un debate abierto en el Parlamento, un miembro describió al Director Ejecutivo de Human Rights Watch como "el perro de los genocidas".

(…)

El 19 de octubre, el Parlamento recomendó que el Gobierno reconsiderase su relación con Human Rights Watch para que "no continúen los actos despreciables y difamatorios contra Ruanda y los ruandeses". El Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Justicia y Human Rights Watch, que en teoría permite que la organización esté registrada en Ruanda, expiró en junio de 2017. Human Rights Watch ha solicitado una entrevista con el Ministerio para renovarlo, pero no ha recibido respuesta.

Fuente: The Rwandan - Esta información proviene de HRW.

[Traducción y edición, Elvira Vara]

[Fundación Sur]


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