Mella Márquez, José María

Catedrático emérito de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de un gran número de libros e investigaciones especializadas en su área profesional e investigador de AMENET (África, Mediterráneo y Europa Jean Monnet Network de la Unión Europea), así como colaborador de África Fundación Sur.

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La corrupción constituye un grave problema en muchos países en desarrollo, concretamente en los de África Subsahariana (ASS). Es un fenómeno que dificulta los procesos de inversión y crecimiento económico, crea obstáculos a las reformas socio-económicas y políticas, causa considerables pérdidas de bienestar social y agrava las diferencias entre ricos y pobres.

En efecto, los pobres tienen más probabilidades de ser víctimas de comportamientos corruptos por parte de los burócratas con los que están en contacto, por su gran dependencia de los servicios proporcionados por las administraciones públicas.

Los resultados de los análisis llevados a cabo en 18 países de ASS muestran que la pobreza aumenta la frecuencia de los sobornos a los funcionarios del gobierno. La razón estriba en que los pobres sufren de manera regular serias dificultades para satisfacer sus necesidades básicas y requieren, en mayor medida que las personas y familias de mayor renta, el favor de los funcionarios para el acceso a los servicios públicos. En realidad, los pobres están más expuestos al pago de sobornos que los ricos.

Por otra parte, el efecto de la pobreza sobre la corrupción depende del lugar de residencia de la población. La probabilidad de que los funcionarios exijan sobornos es mayor en las regiones más pobres que en las ricas, porque saben que en las primeras sus servicios son más necesarios que en las segundas.

Si las opciones alternativas al uso de servicios públicos, por ejemplo, el acceso a servicios prestados por el sector privado, están más disponibles en las ciudades (por ser más ricas), cabe esperar que el efecto de la pobreza sobre la corrupción tienda a ser mayor para las personas residentes en las áreas urbanas. Y si la gente tiene poco o ningún acceso a servicios alternativos, situación frecuente en las áreas rurales más pobres, el recurso a tales servicios es menos habitual por carecer de recursos con los que pagar. Eso implica que los funcionarios corruptos tienen mayores oportunidades de extraer sobornos en estas últimas áreas no sólo de los pobres, sino también de los ricos. Este hecho, la ausencia de servicios privados alternativos, hace que se debilite la relación entre pobreza y corrupción en las áreas rurales, aunque no necesariamente la elimine.

A todo lo anterior hay que añadirle dos elementos más. Primero, los sobornos pagados por los pobres, aparte de ser más frecuentes, constituyen una parte considerable de su renta, de modo que la carga de la corrupción para ellos es relativamente más pesada. Y, segundo, los ricos, por disfrutar de rentas superiores, tienen más libertad de elección de servicios, una mayor capacidad de soborno y sus sobornos son en media de mayor importe; aunque de menor proporción en relación a sus ingresos.

Se crea así un problema, llamado por los economistas, de “selección adversa”. Los ricos pueden optar por opciones de servicios alternativos más caros, alejándose de los servicios públicos; mientras que los pobres se ven obligados a continuar utilizando los servicios públicos a cargo de funcionarios corruptos, porque no pueden pagar el abandono de los mismos utilizando opciones alternativas.

Estos resultados plantean a su vez un dilema para los decisores políticos, comprometidos en campañas anticorrupción y en reformas del sector público. Por un lado, la existencia de “salidas” alternativas para los usuarios de los servicios públicos debilita el poder de los burócratas del gobierno y limita los comportamientos corruptos. Por otro, las “salidas” alternativas hacen recaer los costes de la corrupción desproporcionadamente sobre los pobres, precisamente porque no tienen otra opción que no sea la de acudir a los servicios de funcionarios corruptos.

Por tanto, en la medida que los mecanismos de “salida”, como medio de luchar contra la corrupción, son costosos e inaccesibles para los pobres, las políticas anticorrupción, de reducción de la pobreza y de desarrollo regional deben diseñarse conjuntamente e implementarse de manera coordinada para complementarse mejor y reforzarse entre sí.

José María Mella

[Fundación Sur]

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