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Arozarena, Ramón

Catedrático de Francés, jubilado.

Cooperante con su mujer en Ruanda, como profesores de la Escuela Normal de Rwaza, de 1969 a 1973.

Coordinador de la red de escuelas primarias en los campos de refugiados ruandeses de Goma (Mugunga, Kibumba, Kahindo y Katale), en 1995, con un programa de Caritas Internacional.

Observador – integrado en las organizaciones de la sociedad civil congoleña – de las elecciones presidenciales y legislativas de la República Democrática del Congo, en Bukavu y en Bunia, en julio y octubre de 2006.

Socio de las ONGDs Nakupenda-Áfrika, Medicus Mundi Navarra y colaborador de los Comités de Solidaridad con África Negra (UMOYA).

Ha traducido al castellano varios libros relativos a la situación en Ruanda.

Ha escrito y/o traducido para CIDAF (Ahora Fundación Sur) algunos cuadernos monográficos sobre los países de la región de los Grandes Lagos.

Parlamentario por Euskadiko Ezkerra entre 1987-1991, en el Parlamento de Navarra.

Ver más artículos del autor

Conflicto y postconflicto en Ruanda (1990-2017) (parte 5/6)
17/04/2017 -

6) La justicia:

- El tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) en Arusha (Tanzania)

El 8 de noviembre de 1995, por medio de la resolución 955, el Consejo de seguridad de la ONU creó un tribunal “ad hoc” para juzgar los crímenes cometidos en Ruanda del 1 de enero al 31 de diciembre de 1994: el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). Los fiscales generales fueron Louise Arbour, Clara del Ponte y Hassan Bubacar Jallow. Carla del Ponte fue apartada de la fiscalía cuando pretendió investigar los crímenes del FPR. La primera comparecencia de acusados (Jean-Paul Akayesu y Georges Rutaganda) se produjo el 30 de mayo de 1996. Han sido juzgados altos oficiales de las FAR, exmiembros del gobierno interino, antiguos prefectos y antiguas autoridades locales. El TPIR cerró sus actividades el 31 de diciembre de 2014. 49 acusados fueron condenados, generalmente a pesadas condenas (cadena perpetua o numerosos años de cárcel); 14 fueron absueltos; 10 fueron transferidos a jurisdicciones nacionales, 9 siguen huidos, algunos han fallecido. El cierre del TPIR ha ido siendo retrasado. Los gastos económicos han sido considerables.

Las preguntas clave a la hora de hacer un balance de la actividad del TPIR son las siguientes: ¿Ha logrado el TPIR cumplir con su mandato de juzgar a los responsables de los crímenes cometidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 1994? ¿Ha logrado el TPIR crear las condiciones de reconciliación nacional y de paz en Ruanda? Se podrían hacer varios reproches al TPIR, empezando por el enorme coste de sus actividades y la gran dificultad, casi imposibilidad, por parte de las defensas para presentar a testigos de descargo, así como el entrenamiento previo (formación “adecuada”) que al parecer recibían los testigos de cargo antes de acudir a Arusha. Sin embargo, al lado de logros indudables en la aplicación del derecho internacional, la respuesta a las preguntas anteriores no puede ser sino negativa. Ha sido un tribunal al servicio de los vencedores, que en la práctica ha considerado al vencedor como inocente y al vencido como culpable. Ningún tutsi ha sido juzgado, a pesar de la existencia probada de crímenes perpetrados por el FPR en el periodo que el mandato del TPIR cubría. La presión del gobierno de Kigali en el desenvolvimiento de las actuaciones del TPIR ha sido indudable y agobiante. El FPR ha gozado del privilegio de la impunidad. Con ello la credibilidad del TPIR ha quedado dañada, ya que todos los fiscales se han plegado a las presiones y exigencias del poder de Kigali. El reproche más sólido que debe hacerse al TPIR es que no ha querido ocuparse de un asunto clave para esclarecer y repartir responsabilidades penales: el derribo del avión del presidente Habyarimana en la tarde-noche del 6 de abril, atentado desencadenante de cuanto sucedió posteriormente. Ya los primeros informes, el del señor Hourigan, encargado por la fiscal Carla Ponto, que al ver su contenido lo metió en un cajón, señalaban como autor del atentado al FPR. Posteriormente esta tesis fue adquiriendo más peso y verosimilitud. La fiscalía del TPIR, al servicio de los intereses de Kigali, no inició investigación alguna.

- Los tribunales nacionales clásicos.

A la vez que el TPIR funcionaba en Arusha, los tribunales nacionales de Ruanda se toparon con un gran trabajo; mayor que el deseable porque previamente a su funcionamiento regular el poder se encargó de realizar una depuración del aparato judicial, eliminando a jueces sospechosos de simpatizar con el régimen depuesto. No tengo datos concretos sobre el número de causas o procesos.

Pero en este capítulo no puedo menos que señalar y extenderme en el procesamiento de Victoire Ingabire Umohoza, presidenta del partido FDU. Esta señora, casada y madre de tres hijos, regresó a Ruanda en enero de 2010, tras 16 años de exilio en Holanda, junto con una parte de la dirección de su partido, creado en la diáspora. En agosto de ese año se celebraban las elecciones presidenciales; el objetivo de este regreso era registrar el partido y participar en el proceso electoral. La decisión de Ingabire significaba ciertamente un desafío considerable para el poder. Nada más aterrizar en Kigali, primero ante la prensa y luego en el Memorial Gisozi, lugar donde se recuerda a las víctimas tutsi del genocidio, Victoire Ingabire, expresó su proyecto y el programa de su partido: disputar democráticamente y pacíficamente el poder al FPR, reclamar justicia y respeto a las libertades, denunciar los abusos, reconocer el genocidio perpetrado contra los tutsi a la vez que denunciar que los responsables de las masacres contra los hutu no fueran juzgados y castigados, para añadir que la indispensable reconciliación entre ruandeses pasaba por reconocer la verdad, la verdad del sufrimiento de todos, por mirar esa verdad de frente y por compartirla. DESPERTAD, RENUNCIAD AL MIEDO, LIBERÉMONOS PACÍFICAMENTE. Un ataque sin medias tintas al poder establecido.

El partido no pudo ser registrado. Ingabire fue detenida, interrogada, encarcelada y acusada de divisionismo, de expandir la ideología genocida, de ser cómplice de ataques armados, de estar en relación con grupos terroristas. Se fabricaron pruebas. El poder, a través de la fiscalía presionó y trató de que se declarara “voluntariamente” culpable. En octubre fue condenada a 8 años de cárcel. Apeló y el tribunal supremo aumentó a 15 años la condena, en diciembre 2013.

- Los tribunales populares GACACA.

En el año 2001 se crearon los tribunales GACACA, un intento de recuperación de los tribunales tradicionales (“justicia sobre la hierba”, es el significado de la palabra gacaca). Su funcionamiento dependía de un organismo oficial, dependiente a su vez del ministerio de Justicia. Se crearon más de 12.000 de estos tribunales populares, formados por 5 miembros “hombre íntegros y sabios”. Los tribunales terminaron su labor en junio de 2012. Sin duda alguna, juzgar a miles de sospechosos, presuntos culpables responsables de tantas muertes y atropellos, representaba un formidable desafío. El objetivo fijado era: hacer justicia, reparar a los supervivientes del genocidio tutsi y sentar las bases de una reconciliación nacional. Lo volvió a repetir el presidente Paul Kagame cuando en 2012 quedaron clausurados estos tribunales: “se nos ofrecían tres caminos, la revancha, la amnistía o elegir el del restablecimiento por una vez de la unidad de la nación”.

Los tribunales Gacaca fueron presentados, y alabados” primero como una experiencia “de autenticidad africana” y como un acierto pleno de la nueva Ruanda que Kagame estaba construyendo. Se trataba también de una respuesta oficial a algunas críticas sobre la evolución del régimen. “Constituían un magnífico elemento para cerrar la boca a “quienes osan criticar al nuevo régimen, cuando nada hicieron para impedir el genocidio, cuando los hutu exterminaban a los tutsi”. Colette Braeckman, de Le Soir y de Le Monde Diplomatique, en aquellos años turiferaria de Kagame, no dudó en comparar los Gacaca con la Comisión de Verdad y reconciliación de la Sudáfrica postappartehid, considerada como una contribución excepcional de África a la resolución de los conflictos y a la refundación de la identidad nacional.

Human Rigths Watch en su informe/balance sobre el funcionamiento de los tribunales Gacaca califica el balance como “mitigado”. Reconoce ciertos éxitos, como el hecho de que los juicios se desarrollaron con rapidez, que se produjera una participación popular (bien es verdad que la población era obligada a asistir, esto es, su participación no era voluntaria) y que se logró uno de los objetivos, como fue, la reducción de la población encarcelada. Destacó, sin embargo, un amplio abanico de violaciones que hacen que estos procesos no puedan ser calificados de equitativos.

Como señala Paul Rusesabagina, y cito a una persona considerada en su día como un héroe ya que desde su puesto de gerente de un hotel (recordar la película HOTEL RUANDA), salvó a muchos tutsi y por lo tanto nada sospechosa de defender al antiguo régimen: “La justicia en la hierba no estaba pensada para juzgar algo tan serio como un genocidio. Estaba ideada para resolver casos de cabras perdidas o bananas robadas (…) Soy defensor de la sabiduría del hombre de a pie, pero es una fantasía esperar que unos profanos en la materia, con sus propios niveles de intrigas, envidias y lealtades locales, sean capaces de imponer una justicia real y efectiva en algo tan horrible y trascendental como los asesinatos en masa”. Por otra parte, la finalidad de los gacaca tradicionales no era la imposición de un castigo sino la recuperación de la armonía vecinal perdida o alterada. Hay que señalar que los Gacaca impusieron además de condenas que podríamos calificar de menores, como multas, devolución de propiedades robadas, trabajos comunitarios, condenas de hasta 30 años de cárcel. Todo ello por decisiones de un tribunal compuesto por iletrados y, desde luego, personas sin ninguna formación jurídica. Así pues, se produjo una radical modificación de la esencia de los gacaca tradicionales.

Los diversos informes que he podido leer ponen de relieve la falta total de garantías de equidad. Muchos acusados ignoraban concretamente los cargos; la dificultad de preparar una defensa se agravaba con la de contar con testigos de descargo (salir en defensa de un acusado suponía correr un riesgo considerable en muchas ocasiones); la delación, la compra de testigos falsos, el montaje de pruebas se convirtió en un fenómeno frecuente; un sistema basado fundamentalmente en la confesión o autoinculpación llevaba también a confesiones forzadas para aliviar el castigo; hasta las asociaciones de supervivientes tutsi denunciaron en ocasiones casos de corrupción del tribunal o de testigos.

- El auto del juez de la Audiencia Nacional Fernando ANDREU

El 6 de febrero de 2008, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó un auto de acusación y el consecuente mandato de arresto internacional contra 40 altos dirigentes ruandeses del Frente Patriótico Ruandés, calificado de estructura político-militar, por haber sido protagonistas de actividades criminales contra la población civil ruandesa, congoleña y también contra 9 ciudadanos españoles, desde octubre de 1990, fecha de la invasión desde Uganda del territorio ruandés; crímenes cometidos en Ruanda y también el Zaire, República Democrática del Congo. Crímenes imprescriptibles y susceptibles de ser juzgados por tribunales españoles en virtud de la JUSTICIA UNIVERSAL.

La modificación de la ley de Justicia Universal, modificación debida sobre todo a las presiones sobre España de Israel, limitó las posibilidades de actuación de nuestros tribunales a los casos en que las víctimas fueran de nacionalidad española. Se trataba de Joaquín Valmajo, misionero de África (Padre Blanco) “desaparecido2 el 26 de abril de 1994 en la zona de Byumba), de tres cooperantes de la ONG Médicos del Mundo, del sacerdote guipuzcoana Isidro Uzcudun y de cuatro maristas españoles asesinados en el Congo, cuando fueron atacados y desmantelados los campos de refugiados hutu en octubre-noviembre de 1994. El auto del juez Andreu recoge otros muchos crímenes perpetrados por el FPR antes, durante y después del genocidio contra los tutsi en Ruanda y en el Zaire (Congo).

Ninguno de los 40 presuntos responsables, citados nominalmente, ha sido juzgado. Cabe citar el caso del general Karenzi Karake, que en un desplazamiento a Inglaterra fue detenido por la Interpol (arresto solicitado por Andreu). Los tribunales británicos estudiaron el caso y negaron la extradición a España. La defensora de Karake fue la señora Blair, esposa de Tony Blair, que es uno de los padrinos, junto con Bill Clinton, especialmente activo en defensa del régimen de Paul Kagame. Karenzi Karake regresó como héroe a Ruanda.

- Extradiciones y tribunales en países terceros.

El gobierno ruandés ha exigido en numerosas ocasiones la extradición de personalidades ruandesas, vinculadas al régimen de Habyarimana, exiliadas en diversos países. Los países occidentales han sido en general muy reticentes y remisos a la hora de responder a los deseos de Kigali, dada la desconfianza que inspiran los tribunales ruandeses en cuanto a las garantías de respeto de los derechos de los acusados y su dependencia del poder ejecutivo. Ha habido ciertamente algún caso en que los requerimientos judiciales de Ruanda han sido respondidos afirmativamente. Uno de los más significativos fue el envío desde Canadá de Léon Mugesera, acusado de reclamar y exigir en un famoso discurso en Gisenyi que los hutu eliminaran a los tutsi.

Lo que ha sido más frecuente ha sido el procesamiento de exiliados hutu en países terceros como Alemania, Suecia, Noruega, Bélgica y Francia. En muchos casos estos procesos han sido iniciados a causa de denuncias, presiones, iniciativas, de asociaciones de supervivientes/víctimas del genocidio contra los tutsi, vinculadas en gran medida con el régimen de Kigali.

- Las cárceles

Durante muchísimos años, las cárceles ruandesas han “alojado” a más de 120.000 reclusos, mayoritariamente varones. Las terribles condiciones de vida interna (hacinamiento, falta de alimentación, de higiene etc.) provocaron la muerte de muchos de ellos. Solo los fuertes, los que poseían apoyos familiares en el entorno, los que podían “comprar” mejoras en sus condiciones de prisión han sobrevivido. Muchos ignoraban los cargos de los que se les acusaba. Un maestro, al que conocí en Goma en 1995, pasó más de 10 años en la cárcel, a la espera de ser juzgado. Se decidió a autoinculparse de haber formado parte de una barrera. Fue condenado a 4 años y como ya había pasado 10, quedó libre. Durante su estancia en la cárcel me mandaba periódicamente alguna carta; luego, como una forma de liberación personal, me envió un cuaderno narrando su “experiencia” carcelaria.

- Culpabilización colectica de todos los hutu

Hay en Ruanda un tema tabú, el tema étnico: hablar de tutsi– hutu–twa, ya que en el nuevo Ruanda solo existen ruandeses. Referirse a la diversidad de los grupos humanos componentes de Ruanda es un delito, es caer en el “divisionismo”, atentar contra la unidad y, en el fondo, poseer la “ideología genocida”. Ello no ha sido óbice para que el presidente Kagame haya exigido en varias ocasiones, generalmente en torno a las conmemoraciones oficiales anuales , mes de abril, del genocidio de los tutsi, que los hutu, incluso los que todavía no habían nacido o eran unos niños en 1994, pidieran públicamente perdón por los crímenes perpetrados contra los tutsi en nombre de los hutu. Esta culpabilización colectiva no parece el mejor método para el deseable objetivo de la reconciliación.

- Una justicia de los vencedores percibida como vengativa

La justicia ha perseguido y castigado exclusivamente a unos, los perdedores de una guerra, mientras los vencedores (la exrebelión y el Ejército Patriótico Ruandés), cuyos crímenes están perfectamente documentados, han gozado, gozan y siguen gozando del privilegio de la impunidad. Nada extraño que la justicia impartida sea percibida como vengativa; como una venganza, además, que recae no solo sobre los presuntos o confesos culpables, sino sobre todo el grupo humano, los hutu, mayoritario de la población ruandesa; sobre este grupo humano pesa el oprobio y el estigma. Su futuro es el silencio, la humillación, la incubación de la revancha y la emergencia de un nuevo ciclo de violencias y no precisamente la reconciliación.

Ramón Arozarena

[Fundación Sur]


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