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¿Qué futuro les espera a los campesinos ruandeses?
10/03/2016 -

Se ha publicado recientemente un estudio del Doctor Neil Dawson (Universidad East Anglia del Reino Unido) de los efectos sobre los campesinos ruandeses de la reforma agraria llevada a cabo por el gobierno ruandés. Dicha reforma, según el Doctor Dawson, tiene aspectos positivos, pero su puesta en práctica autoritaria y las medidas radicales impuestas reducen la autonomía de los campesinos, que representan el 90% de la población; todo ello conduce a preguntarse sobre la eficacia de la reforma a largo plazo.

La transformación de la agricultura familiar y artesanal en una agricultura comercial, orientada hacia la exportación, constituye un desafío para Ruanda, cuya población en un 90%, vive de la agricultura en pequeñas parcelas familiares que no superan una hectárea.

El objetivo de la reforma llevada a cabo por el gobierno es la innovación mediante la gestión de la tierra y el modo de producción. El modo de producción preconizado por el poder implica concretamente la utilización de semillas seleccionadas, que tienen mercado y salidas viables. La utilización de estas semillas implica a su vez el uso de fertilizantes. Ello representa un cambio radical con relación a los métodos tradicionales de cultivo. Para procurarse esas semillas y los fertilizantes, los campesinos se ven obligados a pedir créditos bancarios. Ahora bien, para la gran mayoría de ellos los ingresos son aleatorios y variables de mes en mes. En consecuencia, obtener un crédito se convierte en tarea difícil, por no decir imposible. Los campesinos pobres que no logran obtener créditos se resignan a vender su tierra.

La política del monocultivo, otra vertiente de esta estrategia de modernización agraria, consiste en imponer a cada provincia un único cultivo (por ejemplo, café, para la provincia del oeste). Uno de los efectos directos de esta política de monocultivo es el aumento de los precios de los alimentos básicos en los mercados locales. En abril de 2014, el kilo de alubias pasó de 300 a 700 francos ruandeses. Los boniatos, o patata dulce, cultivo que el Estado ha prohibido que se haga en las marismas (“marais”) son ya un producto escaso. Esta política acentúa la dependencia alimentaria de los campesinos respecto del mercado, lo que está generando problemas de desnutrición en las zonas rurales.

Otros países han adoptado esta política de modernización agrícola progresivamente, a la vez que han dejado a los campesinos la opción de que continúen cultivando según los métodos tradicionales. En estos países, la innovación agraria no ha sido impuesta sino promovida, con lo que cohabita con las prácticas tradicionales. En Ruanda, la modernización ha sido impuesta, de tal modo que el campesino no puede actuar de otra manera que la impuesta por el poder, aunque juzgue que el cultivo de un único producto, por ejemplo el maíz, sea nefasto a largo plazo para reconstrucción de su suelo y considere que de ese modo no podrá satisfacer las necesidades alimentarias de su familia.

Estas políticas, calificadas de éxito por el Estado, son evaluadas con criterios insuficientes, que no tienen en cuenta los impactos negativos sobre los campesinos. Además, las decisiones son adoptadas por el gobierno sin que los campesinos sean consultados en el proceso de elaboración de las políticas agrarias. La visión 2020 del gobierno promueve una agricultura moderna y productiva y para realizarla se han adoptado numerosas medidas, como la limitación del “troceamiento” de las parcelas, la digitalización del catastro y la regionalización de los cultivos (trigo y maíz para el norte, mandioca y arroz para el sur, plátano y arroz para el este, café y té para el oeste).

En algunas regiones, los campesinos rechazan aplicar a la letra las nuevas reformas. En las marismas adoptan el monocultivo y en las colinas conservan los cultivos tradicionales. Susan Thomson, politóloga americana, distingue tres formas resistencia: la marginación elegida, la obediencia irreverente y el silencio; la politóloga precisa que en un Estado como el de Ruanda, donde el poder es fuerte y centralizado, resistir día a día se convierte en un desafío y la resistencia se expresa por medio de actos generalmente sutiles, indirectos y no conflictivos.

Para aplicar la reforma, se han puesto en pie cooperativas de Estado. En zona rural, cada jefe de familia debe firmar un contrato de “performance”/superación ante el representante de las autoridades locales. Ello se traduce en una lista de compromisos como el pago del seguro de enfermedad, que ha pasado de 1000 a 3000 francos por persona en abril de 2014, la escolarización de todos los niños, la realización de algunos trabajos en la casa, etc. Los campesinos que no respetan la reforma, y concretamente las medidas de la política de monocultivo, son multados o se les confisca o requisa las tierras. Actualmente, más de la mitad de los campesinos sin tierra no pueden pagar la mutualidad de salud. Para un tercio de ellos, es el Estado o los donantes los que se hacen cargo de ellos.

En la actualidad, las organizaciones campesinas siguen sin ser actores con los que el Estado negocia. Los pequeños propietarios ignoran las implicaciones y las consecuencias de la reforma agraria, ya que ésta está redactada en un lenguaje técnico y a veces únicamente en inglés. La situación es difícil en las colinas. Más del 60% de la población rural vive en la pobreza con menos de un euro por día y muchos niños abandonan la enseñanza secundaria para buscar un trabajo.

Según la asociación de cooperación para el desarrollo (ACORD) que asesora a las campesinos ruandeses frente a las reformas agrarias y asuntos sobre la propiedad de la tierra desde 2005, los principales beneficiarios de la reforma de la propiedad de la tierra y agrícola no representan más que a un tercio de los propietarios, los relativamente ricos que han sabido adaptarse a la modernización a marchas forzadas. La modernización se hace en detrimento de los pequeños propietarios y en provecho de una nueva élite surgida del sector privado. El programa político de la Visión 2020 plantea la reducción del 90% al 50% las personas que vivan de la agricultura en 2020. El Estado invierte en los sectores del comercio, de los servicios y del turismo. ¿Pero qué alternativa se ofrecerá a estos campesinos sin cualificación y sin tierras? Los jóvenes rurales, sin esperanza y sin futuro, constituyen una bomba de relojería.

Marie Umukunzi

Jambonews

[Traducción, Ramón Arozarena]

[Fundación Sur]


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