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Tres Poderosos Mitos que Alimentan la Xenofobia
25/06/2015 -

Los estereotipos y mitos han alimentado enormemente la percepción de los sudafricanos sobre la migración y los nacionales extranjeros. Estos mitos perpetuán la xenofobia en Sudáfrica y son utilizados aparentemente como base de las decisiones políticas diarias respecto a la migración.

Extensivas investigaciones de instituciones como el Observatorio Gauteng de City-Region (GCRO) y el Centro Africano para la Migración y la Sociedad han trabajado para poder disipar estos mitos.

Sin embargo, a pesar de las coherentes e imparciales estadísticas que han resultado de esta investigación, el gobierno está utilizando suposiciones incorrectas y estereotipos como justificación para las políticas y acciones que tengan que ver con la migración. Esto se manifiesta en operaciones policiales arbitrarias como la Operación Fiela-Reclaim que se centra principalmente en arrestar a miles de extranjeros nacionales bajo el pretexto de prevención criminal.

La organización no gubernamental y sin fines de lucro Abogados para los Derechos Humanos (LHR), han estado desafiando estas búsquedas sin orden judicial en la corte. Para ellos es muy importante referirse a los mitos sobre la xenofobia, y crear espacios de debate y de información sobre la formulación de políticas.

Desde la más reciente erupción de violencia xenofóbica en enero de este año, muchos de estos mitos han resurgido, tales como que los inmigrantes indocumentados se están robando el trabajo de los sudafricanos y disminuyen su posibilidad para asistencia social, educación y servicios de salud.

Veamos un poco sobre los tres mitos principales sobre inmigrantes extranjeros en Sudáfrica:

Mito #1: Los extranjeros quieren vivir en Sudáfrica “ilegalmente”.

Por: David Cote y Jacob van Garderen.

La Operación Fiela-Reclaim ha enlistado a inmigrantes indocumentados como una prioridad en la zona para el mandato de la lucha contra el crimen emitido por el comité interministerial sobre la migración. Esto se traduce a policías, ejército y oficiales de inmigración forzando su entrada en las casas en busca de “inmigrantes ilegales” de la misma manera en la que detienen a los narcotraficantes y personas con armas ilegales.

Esto provoca un mensaje erróneo de que los extranjeros indocumentados son tan malos como los narcotraficantes y criminales, y perpetúa la percepción de que los extranjeros son quienes comenten la mayoría de los crímenes en Sudáfrica.

¿Pero qué sucede cuando las mismas personas que andan tirando puertas para prevenir el crimen son los culpables de romper la ley? Hasta ahora el departamento de asuntos internos no ha sido capaz de implementar efectivamente el Acta de Refugiados o el Acta de Inmigración y las nuevas regulaciones, con muchas personas que de otra manera estarían documentadas y dentro del sistema, dejados con documentos caducados o que se les niega el acceso a las oficinas de asuntos internos.

El mito de que este grupo está constituido por “criminales comunes” no es sólo incorrecto sino que es peligrosamente engañoso. Le echa la culpa de las ineficiencias del gobierno directamente a aquellos desesperados por protección y sin poder alguno de tenerla.

Primeramente, la corrupción dentro de las recepciones de las oficinas de inmigración es abundante. Abarca todas las áreas del proceso, desde los guardas de seguridad hasta los oficiales que toman las decisiones respecto a los status de los refugiados. Es de conocimiento general que puede llegar a costar miles de dólares renovar el permiso de una persona que busca asilo, y hasta aún más para el status de refugiado.

Los intentos para dirigirse a estas alegaciones de corrupción con el departamento de la unidad de corrupción han sido poco satisfactorios. Los intentos de detener a los oficiales que aceptan sobornos usualmente dejan a los sindicatos criminales con rienda suelta, aunque algunos oficiales son mejores que otros.

Segundo, la implementación de multas por permisos caducados, o la llamada “sobreestadía”, claramente no tiene bases legales y no ha habido intentos de cambiar eso. Actualmente si su documento de búsqueda de asilo o el permiso de refugiado ha expirado, usted podría ser sometido a R1 000, una multa por admisión de culpa bajo el Acta de los Refugiados. Los que ha pasado sin embargo es que a diferencia de una multa de tráfico (que está regida normalmente por las mismas reglas), no se le permite el día de corte.

En su lugar, los oficiales de inmigración le entregan una declaración y le dicen que vaya a la estación de policía para responsabilizarse uno mismo. Una vez allí, la policía usualmente se reúsa a emitir el formulario correcto para que uno pueda disputar la multa. Los que significa que si usted no cuenta con R1 000 en efectivo, usted será rechazado. El departamento de asuntos internos se niega a renovar los permisos hasta que la muta sea pagada. Esto violenta el derecho de ir a corte, para ser declarado inocente bajo la Constitución, y de los derechos de la ley internacional para documentar a los refugiados dentro del país. Si usted es nuevo en un país y no está enterado de sus derechos legales – como es el caso habitualmente – esto se convierte en procesos angustiante.

Esto es una manera ilegal de tratar las multas y posiblemente resultará en otra demanda en la corte para ser declarado ilegal.

Tercero, el departamento de asuntos internos ha cerrado la mitad de las oficinas de recepción de refugiados en el país para los nuevos solicitantes, a pesar de numerosas órdenes de la corte declarando eso ilegal. Esto significa que sin importar adonde viva usted deberá de ir a alguna de las oficinas en Pretoria, Durban o Musina, lo que deja a las dos terceras partes de la parte baja del país sin servicios de asilo.

Si su comunidad o estructura de soporte está en Cape Town, usted deberá de pagarcientos de rands (miles si tiene familia) para viajar a una oficina de recepción de refugiados para renovar su permiso cada tres o seis meses.

Usted deberá de renovar su permiso en la misma oficina en la que lo solicitó la primera vez. Después debe de enfrentarse a la corrupción o multas o violencia que usualmente le da la bienvenida a los nuevos en ciudades extranjeras. Sin mencionar el tiempo que se debe de esperar para poder entrar a la oficina y solicitar. Cada una de las oficinas en (Cape Town, Poert Elizabeth y Johannesburg), fueron declaradas ilegales por varias cortes. A pesar de eso se mantuvieron cerradas y son objeto de prolongado litigio, lo que ya ha llegado a la corte constitucional.

La única solución para estos fallos del sistema (además del cambio completo de los puestos de los líderes políticos) es acercarse a las cortes y buscar órdenes declarando esas conductas ilegales.

Desafortunadamente, el departamento de asuntos internos es conocido por desobedecer órdenes judiciales, algo que se ve frecuentemente. En el último mes, LHR se ha visto obligado a acercarse a la corte tres veces de manera urgente para poder tener acceso a los clientes que han sido detenidos en el Centro de Repatriación Lindela bajo la Operación Fiela. Cuando se presenta con las órdenes judiciales la respuesta normal de los oficiales es que “ellos no debieron de haber convenido eso”. Pero francamente no importa lo que piensen. Es una orden judicial. Acepte o enfréntese a la penalidad de la ley.

Estos son solamente algunos de los problemas que enfrentan los extranjeros nacionales en Sudáfrica. La gran mayoría no elegiría permanecer sin documentos, ya que eso significa no poder tener acceso a los servicios básicos como de salud y educación. Esto crea vulnerabilidad y una inhabilidad de integrar a los inmigrantes en comunidades.

Siempre van a haber aquellos que no desean estar documentados, es cierto. Pero mientras la Operción Fiela continúe enfocándose en el grupo erróneo, los recursos destinados al correcto uso de la ley están siendo mal utilizados y al final, desperdiciados. El departamento de asuntos internos se debería de convertir en un ciudadano que apoya la ley antes de poder decir que están limpiando las calles de criminales.

David Cote es el jefe del Programa de Litigación Estratégica de los Abogados para los Derechos Humanos. Jacob van Garderen es el director nacional de los mismos.

Mito #2: Los extranjeros se están “robando nuestros trabajos”.

Por: Anjuli Maistry.

Como una herramienta utilizada en el apogeo de la segregación racial, “la amenaza negra”, fue tremendamente efectiva. El término nació de una cuidadosamente construida, ideología falsa del Partido Nacional queriendo posicionar firmemente y militarizar mentes blancas en contra de la gran población negra. Lo huella de esta ideología fue tan exitosa que de muchas maneras continúa dominando la vida de Sudáfrica. Recientemente, vemos como se manifiesta como “la amenaza del africano extranjero”. La percepción de que ha habido una gran afluencia de extranjeros africanos en Sudáfrica que están “robando nuestros trabajos” se ha convertido en el refrán más común para justificar los horribles ataques que han sido infligidos en contra de los extranjeros africanos.

No hay evidencia que sugiera que los extranjeros dominen ya sea el sector informal o formal de empleo. La GCRO, una institución sobre investigación encargada de construir un conocimiento para el gobierno y otros, publicó este año datos del sector empresarial informal y de empleo en Gauteng. El documento revelaba que “aquellos que operaban un negocio informal (en Gauteng), el 82% eran nacidos en Gauteng o inmigrantes a la zona de otras partes de Sudáfrica”. Tan solo el 18% de los dueños de negocios informales en Gauteng eran nacidos en el extranjero, una cifra que debería de ser considerada, ya que Gauteng tiene la mayor proporción de trabajadores extranjeros en Sudáfrica.

Comentando en los datos del documento, la autora Dra. Sally Peberdy dijo que menos de 2 personas de 10 que tenían un negocio en el sector informal en Johannasburg eran extranjeros nacionales. Nacionalemente, los números son aún menores. En un estudio en el 2014, el Consorcio de Investigación de Migración y Trabajo encontró que solo el 4% de la población trabajadora podía ser clasificada como extranjera. Mientras que esos inmigrantes eran más propensos a ser contratados que los sudafricanos, eran más contratados en el sector informal, en situaciones precarias, sin beneficios (como acceso a la protección laboral) que se adjunta al empleo formal.

Otros pequeños hechos conocidos incluye como los sudafricanos se benefician de negocios pertenecientes a inmigrantes. El documento de la GCRO encontró que de los 618 inmigrantes entrevistados que tenían un negocio, el 31% alquilaban la propiedad de un sudafricano y un porcentaje aún más alto contrataban sudafricanos – 503 en total.

Visto a través de una política gubernamental que es lenta para aceptar los derechos de los refugiados y de aquellos que buscan asilo para trabajar y comerciar en Sudáfrica, y que trabaja en que estos derechos no sean publicados, es poco lo que le da a esta nueva encarnación de “la amenaza negra” y sus mitos correspondientes algún crédito. A pesar de tener que vivir y trabajar en Sudáfrica bajo nuestras leyes de refugiados, los refugiados y los buscadores de asilo son rotundamente discriminados a la hora de intentar entrar al sector informal.

Los refugiados están en una barrera en contra de poder obtener sus licencias de negocios, y son enviados de lugar en lugar en sus intentos de asegurar su documentación, lo que después se enteran era innecesario para poder tener un pequeño negocio. Los pocos que fueron capaces de obtener licencias usualmente son víctimas de cierres de tiendas ilegales por la policía.

En este contexto, LHR ha visto un gran número de operaciones policiales que intenta cerrar los negocios que sean de inmigrantes. Hay poco respeto por los derechos de asilo y refugio para poder trabajar, para ser su propio jefe y para comerciar.

LHR recientemente representó a cientos de refugiados a quienes les habían cerrado sus negocios ilegalmente en la provincia de Limpopo. El asunto llegó a manos de la Corte Suprema, quien dijo que “uno se queda con la mala sensación de que la posición que adoptan las autoridades en relación con las licencias de las tiendas spaza y tuck era para persuadir a los inmigrantes nacionales a quienes se les había obligado a dejar las costas”.

A pesar de la clara legislación y la orden de la corte de que los extranjeros están en su derecho de trabajar, los extranjeros aún luchan para obtener sus licencias de negocio, mientras que las tiendas de extranjeros siguen siendo cerradas ilegalmente.

Tenemos que trabajar activamente para disipar los dañinos mitos que fomentan la xenofobia y la idea de los “peligrosos” extranjeros africanos. Si la justificación para la violencia xenofóbica continúa centrada en la idea de que los extranjeros africanos se están “robando nuestros trabajos”, y con el conocimiento de que estas percepciones continúan estando presentes en nuestra psicología, en nuestro discurso social y en nuestras realidades por generaciones, necesitamos desaparecer estos mitos, ya que esto literalmente salvaría vidas.

Anjuli Maistry es una abogada del Programa para los Derechos de los Refugiados e Inmigrantes de los Abogados para los Derechos Humanos.

Mito #3: “Nada más vienen acá para quitarnos nuestro sistema de salud”.

Por: Patricia Erasmus.

Crónicas carencias, falta de personal y falta de recursos invaden nuestros servicios de salud pública y las causas son muchas. ¿Pero qué impacto tienen los inmigrantes realmente en nuestro sistema de salud? ¿Es justo culpar las largas filas, la falta de medicina y del personal exhausto en un grupo marginado de extranjeros nacionales que son percibidos de tratar a Sudáfrica como “la clínica de áfrica”?

¿Y es cierto que no nacionales hacen usos de los recursos médicos que están destinados a los sudafricanos? La realidad nos muestra que ambos mitos son falsos – la falta de recursos no puede ser atribuida a los inmigrantes que han invadido Sudáfrica para deteriorar a los ciudadanos. Las cifras de no nacionales son bastante pequeñas. Más allá, el concepto de que los servicios de salud son “solo para sudafricanos” no es justificable en la ley.

Gran parte del resentimiento puede deberse a un malentendido de las leyes de los servicios de salud. Es fácil asumir que los no nacionales “inundaron” Sudáfrica simplemente para tomar ventaja de los servicios de salud, que aunque no sean perfectos, son mejores que los de la mayoría del continente.

Lo que le falta a esta percepción es la complejidad de razones que llevan a la inmigración en el continente. Por ejemplo, LHR frecuentemente asiste a miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, de transgénero e intersexual (LGBTI), quienes se enfrentan a persecuciones simplemente porque su país natal criminaliza su orientación sexual, madres jóvenes que se enfrentan a la violencia indiscriminada de Al Shabaab y niños soldados aterrorizados pro Boko Haram. Estas son algunas de las situaciones a las que se enfrentan los refugiados que están desesperados por la protección de Sudáfrica sin que la culpa sea suya.

Nadie puede decidir si se enferman o no. ¿Debería su estatus de no nacionales impedirles de tratamientos que le puedan salvar la vida? Por supuesto que no. Interesantemente, Sudáfrica hospeda a un pequeño número de refugiados – las el Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas estima que cerca de 65 700 refugiados estaban en Sudáfrica en julio del 2014, con cerca de 244 000 buscadores de asilo pendientes de determinación. Comparando esto con los estimados 53 millones de sudafricanos que utilizan los servicios de salud, el impacto de los refugiados es minúsculo.

En un reporte del 2014, el investigador del Centro Africano de Migración y Sociedad, Jo Vearey, concluyó que la comunidad nacida en el extranjero de Sudáfrica es erca del 4-7% de toda la población sudafricana. La creencia de que la mayoría de los extranjeros nacionales viven en Gauteng también es falsa. Vearey encontró que en Johannesburg, el centro de la economía de Sudáfrica, solamente el 9% de la población era nacida en el extranjero – un argumento difícil de convencer de que los inmigrantes están “inundando Sudáfrica”.

Hemos visto una creciente resistencia de brindar tratamiento a los no nacionales que usualmente resulta en desastrosas consecuencias. LHR ha tenido que ir a la corte varias veces para poder dar acceso a estos derechos tan básicos. ¿Son las frustraciones con el servicio dado por el gobierno sudafricano lo que resulta en un desproporcionado deseo de excluir a los no nacionales, incluso cuando sus vidas están en riesgo? ¿Y exactamente cuáles son las obligaciones del gobierno sudafricano cuando se trata de dar el servicio de salud a los no nacionales?

El departamento de salud de Gauteng publicó el año pasado un borrador de los parámetros para atender a no nacionales. Esto incluía la prevista de que se le debía de cobrar el monto completo al paciente antes de ser atendido. Aunque los puntos le otorgaban a todos servicios de salud por emergencia, no se menciona nada sobre mujeres embarazadas o niños menores de 6 años.

LHR ha tratado con varios casos el año pasado que tenían que ver con hospitales negándose a brindar tratamientos de emergencia a extranjeros nacionales. Un buen ejemplo es el de una niña somalí de 12 años que urgentemente necesitaba operación del corazón para salvar su vida pero fue rechazada porque no podía pagar la cantidad completa. Afortunadamente, LHR fue capaz de intervenir y darle la ayuda que urgentemente necesitaba, no sin una severa reacción del público sudafricano que transmitían estas declaraciones xenofóbicas. Otros no fueron tan afortunados. LHR estuvo ayudando a un joven hombre que se derrumbó afuera de nuestra oficina en Pretoria. Sufría de fallos del riñón y necesitaba urgentemente diálisis para salvar su vida, pero murió antes de que pudiéramos acceder a la corte para exigir servicios médicos que estaban regidos por sus derechos constitucionales.

Hemos logrado que algunos doctores y cirujanos estén de acuerdo con nosotros quienes tienen que trabajar bajo este sistema de xenofobia. Algunos profesionales de la salud reunidos con LHR han estado dispuestos y felices de ayudar, pero burocráticamente no les permiten hacerlo.

Algunos hechos son esenciales. Legalmente hablando, nuestra constitución y las acompañantes garantías legislativas de que una persona no debe de ser rechazada de servicios médicos de emergencia, servicios primarios, servicios maternales, o de servicios médicos para niños menores de 6 años. Esto significa que los recientes incidentes de clínicas y hospitales rechazando víctimas de violencia por xenofobia son moralmente culpables y completamente ilegales. Similarmente, incidentes en donde madres en labor de parto se les exige pagar R5 000 antes de ser admitidas son igualmente inaceptables.

Hay algo más preocupante que la creciente ilegalidad de rehusarse a brindar servicios de salud. Existe una subyacente actitud xenofóbica reportado por nuestros clientes. Mujeres han reportado de manera confidencial a LHR que muchas veces les pegan mientras están dando a luz, les dicen “apúrese” y les dicen que “porqué están teniendo a sus feos bebés con cabezas grandes en nuestro país”. A víctimas de violencia xenofóbica se les ha dicho que se vayan porque “esta clínica no acepta extranjeros”.

Lo que estas historias nos dicen, de la manera más cruda, es que aunque la constitución y la legislación de Sudáfrica reconocen el valor inherente y la dignidad de cada ser humano y no pone menor valor a la vida de una persona no nacional, el sector de salud parece estar muy lejos de esos principios. Como hemos visto, el acceso a servicios de salud en Sudáfrica para un no nacional es usualmente un juego de la ruleta Rusa.

Patricia Erasmus es la jefe del Programa de Derechos de los Refugiados e Inmigrantes en LHR.

Fuente: Mail & Guardian. / Traducción: Carolina Ruiz.


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