El gobierno español ha sido denunciado el día 28 de junio de 2012, por violar su acuerdo de no exportar armas a los países del Norte de África que experimentaban las llamadas revueltas árabes, tras autorizar ventas a Marruecos superiores a 2 millones de euros y permitir envíos valorados en más de 3 millones. Además ha violado la legislación española y europea que prohíbe la exportación de armas a países que violan los derechos humanos.

“Queremos que España detenga la venta de armamento a Marruecos y revoque todas las licencias de exportación de material de defensa y doble uso al reino alauí” declaraba ante la sede del Ministerio de Economía y Competitividad Francisco Serrano, presidente de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara (AJASAHARA), organización que -junto a JUSTICIA I PAU- ha interpuesto la mañana del día 28 de junio de 2012 una demanda administrativa contra dicha institución gubernamental. “España incumple su propia legislación, además del Derecho Internacional”, añadió Serrano, refiriéndose concretamente a la Ley 53/2007 que en su artículo 8 determina que no se puede exportar material de Defensa a países en los que existan indicios racionales de que puede ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad regional; contra el respeto y la dignidad del ser humano; con fines de represión interna o en situaciones de vulneración de Derechos Humanos’; y también a la Posición Común 2008/944/PESC de la Unión Europea que impide estas transacciones a estados en los que existen tensiones o conflictos internos y donde no se respetan los Derechos Humanos.

Según las estadísticas de exportación 2011, publicadas por la Secretaría de Estado de Comercio, España envío a Marruecos aeronaves valoradas en 1.529.901 euros y material de doble uso por importe de 1.580.858. Además, autorizó la exportación de material de defensa -en la categoría de bombas, torpedos, cohetes, misiles- y otras tecnologías de doble uso por un valor de 2.352.444 euros.

A pesar de que en 2011, el Gobierno español había acordado oficialmente la suspensión temporal de cualquier exportación de armas a países del Norte de África envueltos en las revueltas de la primavera, permitió el envió de material de defensa y doble uso al Reino de Marruecos como se refleja en las Estadísticas de Exportación. Esta violación de la posición oficial, que llevó a la suspensión de la venta de armas a Libia, Túnez y Egipto, y a una revisión exhaustiva tras el fin de la suspensión de las exportaciones acordadas en años anteriores para estos países, también forma parte de la base de la denuncia.

A la izq. VAMTAC espan¦âol en la puerta colegio de El Aaiu¦ün

Fotografías de un vehículo blindado de fabricación española, un VAMTAC (Vehículo de Alta Movilidad Táctica) de fabricación española, apostado en la puerta de un colegio en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, es otro de los documentos aportados por los denunciantes. Concretamente, en este sentido, se pide al Ministerio de Economía y Competitividad que requiera información al Ministerio de Defensa sobre si los vehículos que aparecen en las imágenes son los que España ha vendido a Marruecos, tal y como consta en las estadísticas oficiales del Ministerio de Comercio del año 2008 (1.015 vehículos y camiones militares) y 2009 (286 vehículos todo-terreno).

El presidente de AJASAHARA ha destacado que “la situación de conflicto e inestabilidad interna en Marruecos y en el Sahara son evidentes, con una escala de violencia desde los sucesos de Gdeim Izik en 2010”. Sobre esta realidad –apuntó-, habla el informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, doc. SC/2012/197 de fecha 5 de abril de 2012, donde se informa de las sucesivas violaciones del alto al fuego cometidas por el Real Ejército de Marruecos y registradas por la MINURSO (Misión de Nacionales Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental).

Las torturas cometidas por las fuerzas de seguridad y el Ejército marroquí en el Sáhara Occidental “también están documentadas” –según palabras de Serrano y el propio texto de la denuncia- en los informes sobre Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, Freedom House, el Parlamento Europeo, el Consejo General de la Abogacía, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Tortura, estos últimos dependientes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH). "A los saharauis se les está torturando", subrayó Serrano mientras miraba al joven Lafkir Haziza que lo acompañó durante la presentación de la denuncia en el Registro General del Ministerio.

Lafkir Kaziza tiene 21 años. Una huelga de hambre de 15 días, en la que pedía justicia para los presos políticos saharauis, le llevó al hospital. Precisamente está en España, donde ha llegado desde El Aaiún para ser atendido de urgencia porque está a punto de perder el brazo derecho debido a los golpes que recibió en el hombro con un fusil. Tras su participación en el campamento de Gdeim Izik, el detonante de la primavera árabe según Noam Chomsky y otros analistas, fue encarcelado por las fuerzas marroquíes. Allí alega que fue torturado: “Nos soltaban sus perros por la noche, nos pegaban, nos desnudaban y apagaban las colillas de los cigarros en nuestros cuerpos”. Sus informes médicos así lo acreditan. “En el Sahara Occidental, también en Marruecos, la población es torturada. Vivimos bajo un régimen de terror y represión. La gente es detenida, desaparecida, apaleada. Sus derechos son violados continuamente”. Según Gali Abdelfatá, secretario general de la UJSARIO presente en el acto, cuando Kaziza estaba en huelga de hambre en España “la seguridad marroquí primero intentó sobornar a su familia y luego la amenazó con hacerlo desaparecer si volvía a El Aaiún”.

También acompañaban a Kaziza y a los denunciantes, el presidente de CEAS-Sahara (Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara), José Taboada, y el diputado de la Asamblea de Madrid por IU, Mauricio Valiente. Taboada señaló que seguirán insistiendo en sus reclamaciones para que España no venda armas a Marruecos (esta es la tercera denuncia que se presenta con la concurrencia de más de doce asociaciones de Derechos Humanos), “confiamos en las promesas que nos hizo el PP en la oposición de que iba a hacer una política de principios y no de intereses y de comercio, aunque estamos sorprendidos porque nos dijeron que iba a ser diferentes al gobierno de Zapatero y por ahora están haciendo las cosas igual o peor”. Por su parte, Mauricio Valiente, afirmó que España no puede permitirse vender material bélico (en 2011 nuestro país ocupó el puesto 7º en el ranking de exportadores de armas) a países que violan los Derechos Humanos, haciendo hincapié en Marruecos, y dijo que seguirán trabajando para impedirlo, refiriéndose a la Proposición no de Ley sobre esta cuestión rechazada ayer por la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados con los votos en contra del PP.

(Comunicado de prensa del Observatorio aragonés para el Sahara Occidental, 28-06-12)