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Human Rights Watch 2007. Resumen sobre Ruanda

Como en años precedentes, en 2006, las autoridades ruandesas han controlado estrechamente el espacio político del país. Algunas elecciones locales han quedado manchadas por acusaciones de fraude o de prácticas desleales. Si bien numerosos ciudadanos se han visto beneficiados por una relativa seguridad, otros, centenares, han sido detenidos ilegalmente y algunos de ellos han sido víctimas de malos tratos físicos por parte de la policía o de miembros de las Fuerzas armadas de defensa. Rwanda ha recibido observaciones positivas por parte de una misión de expertos del Nuevo Partenariado para el Desarrollo de África (NEPAD), pero ha sido criticado por sus limitaciones del espacio político y por su no reconocimiento de la diversidad étnica.

Los tribunales populares o “jurisdicciones gachacha”, destinados a combinar prácticas consuetudinarias y justicia punitiva en materia de resolución de conflictos por el genocidio de 1994, han comenzado a funcionar en todo Rwanda en 2006, pero algunos no han observado las reglas de procedimiento. En los tribunales convencionales, varios asuntos de notable importancia, como el concerniente al antiguo presidente, Pasteur Bizimungu, no se han ajustado a las normas internacionales de proceso equitativo.

Las jurisdicciones gachacha

En julio de 2006, las jurisdicciones gachacha, dedicadas previamente a colectar informaciones sobre el genocidio, han comenzado a juzgar en todo el país. La puesta en funcionamiento del tribunal de apelación se ha hecho esperar, limitando la posibilidad de recurso de aquellos que estimen que no han sido justamente juzgados. Entre las, más o menos, 700.000 personas acusadas, más de 47.000 ocupaban puestos administrativos locales y 45.000 son ellas mismas jueces de los gachacha. Las autoridades tienen como objetivo terminar los procesos de aquí a 2007, y algunos tribunales sólo consagran unas horas a la audiencia de cada asunto. Con la esperanza de obtener el beneficio de condenas más ligeras, 50.000 personas han confesado sus crímenes, pero algunas han visto sus confesiones rechazadas como engañosas o incompletas y han visto cómo se rechazaba cualquier disminución de la condena, cuya máximo ha sido fijado en 30 años de pena. La población en las cárceles, contra lo que parece que era el objetivo inicial, parece haber aumentado más que disminuido.

Se consideraba que la legitimidad de las jurisdicciones gachacha provenía de la participación popular, pero muchos ruandeses no tienen confianza en ellas y boicotean incluso las sesiones o participan en ellas bajo amenaza. Los tribunales han encarcelado a decenas de testigos y acusados por haber rehusado realizar confesiones completas o decir toda la verdad, y en algunos casos sin que se haya seguido un procedimiento para determinar su verdadera culpabilidad. En algunos casos, los jueces han utilizado su poder para arreglar cuentas personales o políticas: por ejemplo, un tribunal ha encarcelado durante 11 meses al periodista Jean-Léonard Rugambage bajo falsas acusaciones, al parecer, tras la publicación por este periodista de un artículo sobre la corrupción en las jurisdicciones gachacha. En este asunto, como en otros en que los jueces no han actuado de manera correcta, responsables de los gachacha han intervenido y han estimado que los procedimientos de detención habían sido ilegales. Por el hecho de que los tribunales gachacha no actúen sobre las acusaciones por crímenes cometidos por soldados del FPR, que es la fuerza política dominante de Rwanda, el sistema aparece como impartidor de una justicia partidaria.

En 2005, cerca de 20.000 ruandeses huyeron a Burundi y muchos otros lo han hecho en 2006; muchos de ellos porque temen la acción de las jurisdicciones gachacha. Está el caso excepcional de un tutsi que ha afirmado que él había huido porque una autoridad local le presionaba para que acusara de genocidio falsamente a otra persona. Muy pocas de estas personas han recibido asilo en Burundi y todos, excepto unos 5.000, han regresado a Rwanda en octubre de 2006.

Hacer frente al divisionismo y a la ideología genocida.

Como consecuencia de su campaña contra el “divisionismo” y “la ideología genocida”, las autoridades han confeccionado una lista de cientos de personas sospechosas de semejantes ideas. El “divisionismo”, prohibido por la constitución, es definido de manera laxa y vaga en una ley de 2001. Un sacerdote ha sido condenado a 12 años de cárcel en septiembre de 2006 por haber minimizado el genocidio. En un sermón, había sugerido que no estaba bien tratar de “perros” a las personas que hubieran participado en el genocidio. Durante el proceso, el fiscal habría dicho que quienes eran culpables de genocidio no eran humanos y deberían ser llamados justamente “perros”.

Resultados del sistema e inquietudes en cuanto a la equidad de los procesos.

De 2002 a 2004, los tribunales ruandeses han estado en situación de punto muerto debido a las reformas que se pusieron en pie, cuyo objetivo era acrecentar su eficacia. En el transcurso de los primeros meses de 2006, la actividad judicial se paralizó de nuevo a causa de reformas administrativas importantes que entraron en vigor el 1 de enero ya que las divisiones administrativas no se correspondían ya con las jurisdicciones. Cuando los tribunales reiniciaron su tarea en 2006, más de 12.000 asuntos penales estaban sobre la mesa y alrededor de 70.000 casos de genocidio, los más graves, estaban también programados para ser juzgados en los tribunales convencionales.

En enero de 2006, la Corte suprema juzgó en instancia de apelación al antiguo presidente Pasteur Bizimungu, al antiguo ministro Charles Ntakirutinka y a seis coacusados, condenados en un proceso en 2004. Tras pasar dos años en detención preventiva, Bizimungu y Ntakirutinka habían sido juzgados por asociación de malhechores, difusión de rumores incitando a la rebelión y complot para derribar el gobierno; los seis coacusados estaban inculpados por asociación de malhechores. La conducción y el resultado del proceso habían cuestionado la equidad del mismo: un testigo de la acusación dijo al tribunal que había sido golpeado por la policía y detenido durante dos años para obligarle a testificar, y uno de los coacusados fue amenazado también con el fin de que se aviniera a dar un falso testimonio contra los otros; el tribunal rechazó autorizar que los acusados y sus defensores procedieran a un contra-interrogatorio completo de los testigos; la acusación se basaba ampliamente en el testimonio de un único testigo, el cual se contradijo en varias ocasiones y fue contradicho por siete testigos de la defensa. En 2004, el tribunal había condenado a Bizimungu a 15 años de cárcel, a Ntakirintuka a 10 y a los otros acusados a 5 años. En su decisión de 2006, la Corte suprema anuló la pena de los seis coacusado pero mantuvo las condenas contra Bizimungu y Ntakirutinka.

En otro asunto basado ampliamente en el testimonio de un único testigo, el antiguo jefe de Seguridad exterior, el coronel Patrick Karegeya, fue considerado culpable de deserción e insubordinación, degradado y condenado a 20 meses de prisión militar. Karegeya había sido detenido sin ninguna inculpación durante cinco meses en 2005.

Libertad de expresión y presiones sobre la sociedad civil.
Tras las violentas críticas contra la prensa por parte de altos responsables, entre ellos el Presidente Paul Kagame, en los primeros meses de 2006, varios periodistas fueron seguidos por hombres no identificados, amenazados por teléfono o detenidos para sufrir un interrogatorio oficial. Un periodista fue golpeado por hombres armados que le dijeron que previniera a un colega, si no quería ver su trabajo interferido. Como en años precedentes, algunos periodistas han elegido abandonar el país antes que trabajar en condiciones semejantes.

La mayoría de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y algunos periodistas practican la autocensura, ante el temor de represalias por parte de los responsables. Cuando la Liga de derechos de la persona en la región de los Grandes Lagos (LDGL) dejó constancia de las irregularidades electorales, fue severamente criticada por el portavoz de la Comisión Electoral Nacional, que declaró que la LDGL sin duda había deseado “violencias, retrasos y confusiones” en el proceso electoral. Agentes de información han seguido al parecer muy de cerca las actividades de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y dirigentes de FPR han presionado a una organización para que se eligiera en puesto de dirección a personas de su gusto.
Democracia en el ámbito local.

En febrero de 2006, los ruandeses votaron para elegir a las autoridades locales. En las elecciones en los ámbitos administrativos más bajos, los electores se ponían en filas detrás de los candidatos que deseaban elegir. Las elecciones para los responsables en el nivel superior se desarrollaban por medio de voto secreto, pero los observadores pusieron de relieve numerosas irregularidades, por ejemplo, el rellenado de las urnas y la intimidación de candidatos. Las protestas sobre los resultados condujeron a enfrentamientos entre electores y los funcionarios electorales en lagunas regiones. En un buen número de elecciones, se presentó un solo candidato.

En junio, asaltantes no identificados agredieron a un alcalde que estaba enfrentado a personalidades importantes del FPR. Fue forzado a dimitir y a huir del país.

Detenciones ilegales y malos tratos.

Policías y miembros de la Fuerzas de defensa locales arrestaron ilegalmente a cientos de personas, entre ellas a numerosos niños de la calle y miembros de otros grupos vulnerables, en Kigali, capital, en el transcurso de los primeros meses de 2006. Mantenidos en hangares semiderruidos en un centro de detención oficioso, cientos de detenidos sufrieron de falta de alimentación, de agua y de cuidados médicos. Niños sufrieron malos tratos por parte de detenidos adultos y mujeres han denunciado violaciones cometidas por el personal de seguridad. Después de que HRW publicara un informe sobre este centro, las autoridades lo cerraron, obligando a los detenidos a marcharse en medio de la noche.

Expulsiones y limitaciones en la utilización de la tierra.

En el marco de la “modernización” de Kigali, casas construidas sin autorización en los sectores pobres de la ciudad, han sido demolidas. Aunque las autoridades han afirmado que se dio un preaviso de 15 días antes de la demolición, muchos habitantes han dicho que no es verdad.

Mientras, progresaba en Rwanda la aplicación de una reforma agraria de gran amplitud, adoptada en 2005, los responsables de dos distritos ordenaron a los habitantes arrancar sus plantaciones de platanares y sustituirlas por árboles ornamentales o por cultivos más productivos. Como consecuencia de las protestas públicas en un distrito, los responsables dijeron que los habitantes no serían forzados, sino únicamente “persuadidos” para que se sometieran.

Los autores clave en el ámbito internacional.

En 2006, numerosos donantes de fondos internacionales siguieron aportando una ayuda financiera y política generosa a Rwanda. En un raro ejemplo de crítica sobre cuestiones de derechos humanos, la Comisión europea ha expresado inquietudes a propósito de la detención ilegal de los niños de la calle.

El mecanismo de evaluación por parte de los miembros del Nuevo Partenariado para el Desarrollo de África (NEPAD) ha redactado un informe sobre Rwanda en general favorable, pero ha criticado su aparente “deseo de borrar las identidades diferentes”, como las de la minoría batwa y “la participación preparada para los asuntos públicos como determinada por las autoridades políticas”. Preocupada por los límites impuestos en el espacio político, la misión de evaluación ha recomendado reconocer “la necesidad de los partidos políticos y de la sociedad civil de funcionar libremente” Tras elogiar los gachacha como una innovación potencialmente útil, la misión ha expresado inquietudes sobre la amplitud de su legitimidad entre los ruandeses. La misión se ha preguntado también por las razones del aumento del porcentaje de ruandeses que viven en la pobreza, a pesar de 5 años de esfuerzos cuyo objetivo era la mejora de su estatus. El Presidente Kagame ha respondido criticando la metodología de la misión y defendiendo prácticas controvertidas.

Resumen y traducción realizada por Ramón Arozarena, ex-cooperante en los Grandes Lagos y miembro de Nakupenda África


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