Una sentencia del tribunal supremo de Gauteng Norte allanó el camino para la firma del histórico tratado de protección de la inversión bilateral entre Zimbabue y Suráfrica.

La sentencia, que confirmó un acuerdo alcanzado entre el Departamento de Comercio e Industria y el agricultor Louis Fick, obliga al gobierno de Suráfrica a cumplir los términos de una sentencia histórica sobre derechos de propiedad, dictada por el tribunal de la Comunidad de Desarrollo del África Austral, SADC.

Una controvertida clausula en el acuerdo bilateral, cuyo texto ha sido mantenido en estricto secreto, excluía las reclamaciones históricas presentadas por la polémica reforma agraria de Zimbabue. Los derechos de tenencia de todas las inversiones existentes y futuras estarán garantizados.

Business Unity SA (BUSA) aseguró el día 26 de noviembre que no participará en la ceremonia de firma en Harare, porque no ha habido consultas formales sobre el tratado entre la organización empresarial y el gobierno de Suráfrica.

El secretismo que ha rodeado el acuerdo ha creado incertidumbres “que son particularmente preocupantes para la comunidad empresarial”, ha señalado BUSA.

“Para que un tratado de este tipo actúe como catálisis para mayores niveles de inversión, el sector privado necesita estar confortable con todos los aspectos del texto”.

BUSA valorará las implicaciones para los inversores surafricanos una vez que el texto se haya hecho público.

El grupo de presión AfriForum presentí una solicitud urgente en nombre de Fick para impedir la ceremonia de firma del día 27, argumentando que la clausula de exclusión, a efectos, legalizaría las adquisiciones de tierra del pasado y sobrepasaría la sentencia del tribunal de la SADC.

El tribunal de la SADC, en una decisión unánime confirmada el pasado mes de junio, dictaminó que la reforma constitucional de Zimbabue de 2005, que permitía al estado apropiarse de la tierra de los agricultores blancos sin compensación, violaba las leyes internacionales.

Se ordenó al gobierno que pagase compensaciones justas a los agricultores que ya habían sido expulsados de sus tierras, y proteger los derechos de aquellos que todavía permanecían en sus fincas.

Zimbabue no reconoció esta decisión.

La sentencia del día 26, en Gauteng Norte, significa que el tratado bilateral firmado el día 27 no puede impedir que los agricultores surafricanos de Zimbabue busquen auxilio en los tribunales internacionales, por las adquisiciones ilegales del pasado, como se temía desde el principio.

En la sentencia el gobierno de Suráfrica da garantías a los ciudadanos surafricanos de que el tratado bilateral “no afecta a los derechos existentes o a los remedios, en términos de otras fuentes de legalidad internacional”.

Fick, un ciudadano surafricano, que cultivaba cerca de Chinhoyi, en el este de Zimbabue, que ha sido el co-demandante en el caso del tribunal de la SADC, se enfrenta a dos años de cárcel por no cumplir la orden de evacuar su finca. “Este es un gran paso hacia adelante para obtener la protección de nuestros derechos en Zimbabue”, señaló al salir de los tribunales.

“Durante nueve años hemos estado intentando que el gobierno [surafricano] se implique en el asunto. Las apropiaciones de tierra nunca se han detenido en Zimbabue, pero ahora nuestra embajada tiene el compromiso de intervenir para proteger nuestros derechos”.

(Business Day, Suráfrica, 27-11-09)