Una comisión instituida por el gobierno ha informado que casi 700 personas han muerto en Etiopía víctimas de violencia política, desde agosto de 2016; elevando el número total de muertos a más de 900, desde que comenzaron los disturbios a finales de 2015.
Etiopía declaró seis meses de estado de emergencia en octubre, después de casi un año de violentas protestas contra el gobierno en las regiones de Oromia, Amhara y Naciones Nacionalidades y Pueblos Meridionales (SNNP, por sus siglas en inglés). En marzo, la medida fue prolongada por cuatro meses como consecuencia de informes de continua violencia en algunas zonas remotas.
La Comisión Etíope de Derechos Humanos, mandatada por el parlamento para investigar la violencia, presentó su pacientemente esperado informe el día 18 de abril. La comisión culpabilizó a grupos de la oposición por gran parte de la violencia, alegando que las fuerzas de seguridad se vieron obligadas en algunos lugares a responder con fuerza mortal. “La violencia tuvo lugar porque los manifestantes estaban utilizando armas, y consecuentemente las fuerzas de seguridad no tenían otra opción”, declaró el líder de la comisión, Addisu Gebregziabher, a miembros del parlamento.
El informe, el segundo realizado por la comisión, dice que la policía utilizó “fuerza proporcional” en la mayoría de la áreas durante las revueltas, pero que podría haber proporcionado mejor seguridad durante las manifestaciones. Dice que desde agosto de 2016 las revueltas han costado 495 vidas, 462 de civiles y 33 de personal de seguridad, en Oromia; 140 vidas, 110 de civiles y 30 de personal de seguridad, en Amhara; y 34 en los estados regionales de SSNP.
El año pasado, la primera investigación de la comisión estipulaba que 173 personas en Oromia y 95 en Amhara murieron víctimas de violencia política entre noviembre de 2015 y Agosto de 2016. “La comisión aquí echa la culpa de gran parte de la violencia a lo que describe como la oposición, tanto en Etiopía como fuera, que utiliza los medios de comunicación social para alimentar la rebelión”, dijo Charles Stratford de Al Jazeera, informando desde el parlamento en la capital, Addis Abeba. “El gobierno ha negado el acceso a cualquier organización internacional independiente de derechos humanos para entrar en Etiopía y llevar a cabo su propia investigación sobre la violencia”, añadió. “También ha hecho cada vez más difícil para los periodistas hablar, presenciar o viajar a las zonas más afectadas desde que la ley de emergencia fue declarada en el mes de octubre”.
El estado de emergencia, declarado el 9 de octubre, era la respuesta a protestas que fueron particularmente intensas en la región de Oromia. Muchos miembros del grupo étnico Oromo dicen que han sido marginalizados, y que no tienen acceso al poder político, lo que el gobierno niega.
Una oleada de ira fue desatada por el plan de desarrollo de la ciudad de Addis Abeba, que pretende extender sus límites dentro de Oromia. Los manifestantes lo interpretaron como una ocupación de tierras, que forzaría a los agricultores a abandonar sus tierras.
Las protestas rápidamente se extendieron a la región de Amhara en el norte, donde la población local defendía que los límites federales, fijados desde hace decenas de años, habían separado de su región a mucha gente de la etnia Amhara. Los grupos étnicos Oromo y Amhara juntos constituyen el 60 % de la población de Etiopía. La coalición que gobierna el país, que ha estado en el poder durante 25 años, está controlada principalmente por el grupo étnico Tigray, que sólo representa al 6 por ciento de la población.
Las tensiones alcanzaron su punto más alto después de una avalancha de gente que huía de las fuerzas de seguridad, a primeros de octubre, en la que por lo menos 52 personas fueron mortalmente aplastadas. El trágico suceso ocurrió durante una protesta que tuvo origen a partir de un festival religioso en la ciudad de Bishoftu.
En los días siguientes, los manifestantes prendieron fuego a varias fábricas y a otros edificios, propiedad de extranjeros, bajo pretexto de que habían sido construidos en tierras confiscadas. Por su parte, el gobierno culpabilizó a grupos rebeldes y a disidentes, con sede fuera del país, de alimentar la violencia.
El estado inicial de emergencia incluía límites a los medios de comunicación, restricciones en las actividades de los partidos de la oposición, y una prohibición a los diplomáticos extranjeros de viajar a más de 40 quilómetros de la capital sin permiso. Las autoridades arrestaron a más de 11.000 personas en el primer mes.
Algunas provisiones del estado de emergencia fueron levantadas el 15 de marzo, dos semanas antes de que se anunciara su prolongación. Se pararon las detenciones y búsquedas sin orden judicial y se levantaron las restricciones a la radio, televisión y teatro. El gobierno ha insistido repetidamente que todos los responsables de la violencia, incluyendo las fuerzas de seguridad, tendrán que dar cuentas de sus actos. Pero ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha sido responsabilizado por la muerte de manifestantes.
Fuente: AllAfrica
[Traducción, Jesús Zubiría]
[Fundación Sur]
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