El acuerdo político de marzo de Uagadugú, en 2007, firmado por el Presidente Laurent Gbagbo de Costa de Marfil, y por el líder del movimiento rebelde, las fuerzas Nuevas, Guillaume Soro, aún puede ayudar a reunificar el país, según el Instituto de la Paz de Estados Unidos.
Un informe realizado por Dorina Bekoe, Investigadora superior asociada al Centro de Análisis y Prevención de Conflictos del Instituto, titulado ‘costa de Marfil: asegurando una transición política pacífica’, examina la crisis política hasta llegar a septiembre de 2002, cuando los oficiales del ejército protestaron por la decisión del Gobierno de desmovilizarles, una decisión vista por muchos como un intento de golpe de estado. El levantamiento generó otros grupos rebeldes, que tomaron control del norte del país, e iniciaron una guerra civil.
Incluso tras el cese al fuego, el país permaneció dividido, con la parte norte del país desprovista de servicios públicos y de representación de la administración del Estado.
El Acuerdo Político de Uagadugú, APU, es el sexto acuerdo de paz dirigido a terminar con la crisis política. Los cinco anteriores nunca fueron implementados del todo, debido a, entre otros factores, desacuerdos sobre la selección del mediador, la ausencia de voluntad política entre los signatarios, y la tensa relación entre el Gobierno de Costa de Marfil y las Naciones Unidas.
Bajo el APU, se ha creado un nuevo Gobierno de Unidad Nacional para llevar a cabo las tareas necesarias para organizar las elecciones y guiar al país hacia el final de la crisis. El Presidente Blaise Compaoré, de Burkina Faso, fue el mediador de las conversaciones que acabaron con la firma del APU, y Burkina Faso es el facilitador de las implementaciones de los acuerdos.
Entre las precondiciones clave están la provisión de tarjetas de identificación para los residentes indocumentados; la desmovilización y el desarme del movimiento rebelde Fuerzas Nuevas, y otras milicias, actualizar el censo de votantes y organizar las elecciones.
Con las quejas sobre la ciudadanía y la identidad en el centro de la crisis política, el proceso de identificación es una de las tareas más complicadas.
La iniciativa de los Estados Unidos para la paz y la red del África Occidental para la construcción de la paz en Costa de Marfil, organizaron un taller en Abijan, Costa de Marfil, del 6 al 9 de noviembre de 2007, sobre las estrategias para asegurar una transición política y un proceso electoral pacíficos. En el taller, inaugurado conjuntamente por Fatoumata Traore, el Vicepresidente de la Comisión Electoral Independiente, y por Moussa Soro, Ministro de Integración Africana, participaban unas 50 organizaciones de la sociedad civil, de todos los rincones del país, representantes de los medios de comunicación, abogados de derechos humanos y democracia, grupos de desarrollo económico y religiosos y líderes tradicionales.
Este taller tenía tres objetivos inter relacionados: aumentar el conocimiento sobre la violencia electoral, lograr la capacidad de la sociedad civil para prevenir la violencia y desactivar la tensión, además de crear una red para compartir información entre las organizaciones presentes.
Los participantes compararon las elecciones que habían tenido lugar en Togo, Benín, Ghana, Zanzíbar y Tanzania. Este ejercicio comparativo fue utilizado para tomar nota de algunas lecciones para las elecciones presidenciales de Costa de Marfil, previstas para junio de 2008, y esbozar los posibles roles que ha de jugar la sociedad civil.
En segundo lugar, a través de comisiones sobre democracia, reconciliación social y consolidación de la paz, y sobre el papel de las organizaciones regionales e internacionales, el taller pretendía reforzar la capacidad de la sociedad civil para prevenir conflictos en las próximas elecciones en Costa de Marfil.
El APU hacía un llamamiento para crear un nuevo Gobierno de transición que guie al país durante las implementaciones y, eventualmente, las lecciones presidenciales. Para este fin, se designó Primer Ministro a Guillaume Soro, en marzo de 2007. Soro nombró a 33 Ministros traídos desde partidos políticos y de la sociedad civil. El nuevo Gobierno cuenta con nueve miembros del Frente Popular Marfileño, en el poder, siete miembros de Fuerzas nuevas, cinco representantes de entre el partido de Agrupación de los Republicanos y el Partido Demócrata de Costa de Marfil, y siete miembros que representan a la sociedad civil y partidos políticos más pequeños.
En el momento de su firma, se esperaba que el APU fuese implementado a lo largo de 10 meses, culminando en las elecciones presidenciales.
Algunas de las tareas son la creación tanto de un centro de comando integrado, como un comité para supervisar el proceso de implementación; el establecimiento de un Gobierno de transición; el reemplazo de los militares de la Naciones Unidas con policía y unidades militares formadas por soldados de las Fuerzas nuevas y del gobierno, en la Zona Buffer, entre el norte y el sur; la desmovilización, el desarme y acuartelamiento de las unidades de las milicias y fuerzas enfrentadas; la extensión de la administración del Estado por todo el país y el relanzamiento de los tribunales móviles para dar a los residentes indocumentados carnet de identidad, indicando su ciudadanía o estatus legal.
Otras son un registro de votantes y la emisión de tarjetas de identidad de votantes, y la unificación de las fuerzas Nuevas y el ejército nacional en un nuevo ejército que integre también a algunos ex combatientes en un nuevo programa de servicio cívico.
Nueve meses después de la firma del APU, sólo se habían realizado unas cuantas tareas. El Gobierno de transición ha establecido el centro de comando integrado y el comité de control de las implementaciones, ha desplegado unidades mixtas en la zona buffer, ha celebrado una ceremonia para remarcar el comienzo del desarme y la desmovilización, ha dado comienzo a el despliegue de los funcionarios de la administración del Estado a todo el territorio del país, y ha relanzado los tribunales móviles.
Las implementaciones del APU han sido particularmente problemáticas en el proceso de desmovilización, desarme y acuartelamiento temporal, la extensión de los funcionarios de la administración y el relanzamiento de los tribuales móviles.
La desmovilización y el desarme comenzó en mayo de 2007, con la recogida de 555 armas entregadas por cuatro milicias del oeste del país. El acto fue seguido de una quema ceremoniosa de las armas en la fortaleza de los rebeldes de Bouaké, en julio, que el Gobierno denominó “la llama de la paz”.
Sin embargo, desde entonces el desarme no ha continuado. Además, las Fuerzas nuevas y el ejército nacional marfileño no han podido ponerse de acuerdo sobre cuántos miembros de las Fuerzas nuevas deberían integrarse en el nuevo ejército y cómo utilizar los cuarteles militares por parte de las Fuerzas Nuevas que sean transferidas al nuevo ejército.
La ampliación de la administración del estado todavía no se ha producido. Mientras que muchos funcionarios civiles habían sido re destinados a puestos del norte del país, una región que había quedado fuera del control del Gobierno desde que comenzase la crisis, muchos han regresado a Abijan, alegando que ha sido por unas condiciones de trabajo pésimas y falta de infraestructura. Muchas zonas del país todavía siguen sin servicios públicos.
Aún así, el informe dice, la emisión de documentos de identidad y de ciudadanía son el centro de la crisis marfileña. En las elecciones de 1995 y de 2000, una nueva ley de ciudadanía resultó discriminatoria contra muchos norteños que no tuvieron derecho al voto. Alassane Ouattara, un marfileño del norte, fue descalificado para presentarse a las elecciones presidenciales de estos dos años, al surgir dudas sobre su ciudadanía.
Efectivamente, una queja central hecha por los rebeldes es el alto número de marfileños (tres millones) que no tienen documentos de identidad; por lo cual muchos sufren discriminación y no tienen derecho a voto, ya que son considerados extranjeros.
Así, el éxito de los tribunales móviles, que comenzaron a funcionar en 25 sitios a finales de septiembre, es muy importante. Hasta el momento, han producido aproximadamente 80.200 documentos de identidad, de las alrededor de 84.800 solicitudes, pero estos tribunales han sido criticados por su lentitud. La mala organización del Estado, la falta de información para los ciudadanos, y la escasez de medios para la total implementación del programa son algunas de las razones dadas para explicar este comienzo tan lento del proceso de identificación.
La culminación a tiempo del proceso de identificación no es importante sólo para demostrar el compromiso del Gobierno con el acuerdo de paz, sino también porque la Comisión Electoral no puede comenzar a actualizar el registro electoral hasta que el proceso de identificación no se haya completado. Recientemente, el Gobierno marfileño dio algunos pasos para hacer progresar algunos aspectos fundamentales del proceso de implementación. Aumentar los fondos para los tribunales móviles ha hecho posible que el esfuerzo para aumentar la visibilidad y la información sobre el programa de identificación sea más notorio, además del despliegue de 30 nuevos tribunales móviles.
El 28 de noviembre de 2007, Gbagbo y Soro firmaron el segundo y tercer acuerdo complementario al APU. El segundo acuerdo complementario especificaba que la firma francesa, Sagem, sería la encargada de producir los documentos de identidad.
Algunos componentes clave del tercer acuerdo complementario, incluyen la revisión de las fechas límite para la desmovilización de las milicias y el reclutamiento para el programa del servicio cívico (22 de diciembre de 2007), y el restablecimiento de los servicios por todo el país (30 de enero de 2008). Establece la fecha de las elecciones para finales de junio de este año.
Especifica que el país facilitador, Burkina Faso, decidirá cuántos miembros de las Fuerzas Nuevas serán integrados en el nuevo ejército y cómo serán tratados los soldados de las Fuerzas Nuevas en el nuevo ejército integrado.
Muchos participantes cuestionaron la profundidad y dirección del proceso de paz en marcha. En particular, algunos se preguntaban si el país no estaba poniendo demasiado énfasis en los aspectos simbólicos del proceso de implementación, como por ejemplo la llama de la paz, en lugar de poner en marcha programas más sustanciales que aseguren que la desmovilización y el desarme se lleven a cabo de manera rápida. Señalando que la paz no sería posible sin reconciliación, muchos también estaban en desacuerdo con la estructura de los esfuerzos de reconciliación.
Otros opinan que era demasiado pronto para pedir una reconciliación nacional, enfatizando que en su lugar debería darse la oportunidad de dialogar y hacer públicas las quejas. Sin embargo, los participantes están de acuerdo en que la reconciliación debe tener lugar antes de las elecciones y debe llevarse a cabo a un nivel de base.
Zachary Ochieng
Enviado especial a Costa de Marfil por el ‘East African’.
Publicado en el ‘East African’ el 14 de enero de 2008.
