Ruanda se ha retirado de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (AfCHPR) sobre la base de que el país cuenta con tribunales competentes para resolver los casos locales relacionados con los derechos humanos.

La AfCHPR, con sede en Arusha, convocó al gobierno de Ruanda a una audiencia sobre un caso presentado por la líder de la oposición Victoire Ingabire.

Ingabire, de 47 años, que dirige el partido político FDU Inkingi, no registrado, había llevado al gobierno ruandés ante la corte africana, acusándolo de violar sus derechos y libertades previstos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La Sra. Ingabire también espera que el tribunal obligue al gobierno de Ruanda a ponerla en libertad condicional, así como a asumir el coste de las indemnizaciones.

Actualmente está cumpliendo una sentencia de cárcel de 15 años dictada por el Tribunal Supremo en 2013, que la declaró culpable de incitación a la revuelta, formación de grupos armados para desestabilizar el país y desmentir el genocidio de 1994 contra los tutsi.

En su solicitud al tribunal de Arusha, la Sra. Ingabire pidió la anulación de las decisiones judiciales tomadas desde su detención en 2010 hasta el pronunciamiento de la última sentencia del Tribunal Supremo que la condenó a una pena de cárcel de 15 años.
Se suponía que la audiencia tendría lugar el miércoles de la semana pasada, pero el Gobierno ruandés no envió ningún representante, según las autoridades. En lugar de ello, el gobierno optó por retirarse de la AfCHPR.

«Ruanda ya no ve la necesidad de formar parte de la AfCHPR. Nuestros tribunales han aumentado su capacidad en los últimos años y tienen competencia y eficiencia para juzgar todos los casos locales”, declaró Théophile Mbonera, jefe de los servicios jurídicos del Ministerio de Justicia el viernes de la semana pasada.

Cuando se le preguntó si el gobierno se había retirado de la corte debido al caso Ingabire, el Sr. Mbonera contestó que ha sido una decisión meditada durante un largo periodo de tiempo.

Anteriormente, el gobierno desestimó la petición de Ingabire al tribunal de Arusha, diciendo que no habían violado ninguno de sus derechos y que no había agotado todos sus recursos antes de dirigirse a la AfCHPR.

El gobierno mantiene que su petición a la corte africana es inadmisible, ya que «no satisface las condiciones de admisibilidad de conformidad con la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos».

La Sra. Ingabire regresó a Ruanda en 2010, después de pasar cerca de dos décadas en el extranjero, pero fue detenida poco después bajo la sospecha de que estaba difundiendo ideología genocida.

Mientras tanto, el vicepresidente del partido FDU Inkingi, Bonifacio Twagirimana, declaró al The EastAfrican que el proceso de visitar a Ingabire se ha «hecho más difícil» después de que la administración de la prisión de Nyarungege, donde Ingabire está cumpliendo su condena, ha reducido el número de personas que supuestamente pueden visitarla de cinco a una persona por semana.

También se le prohibió que competir en las elecciones presidenciales de 2010. También está acusada, por las autoridades, de mantener vínculos con los rebeldes del FDLR.

africacradle.com

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