El Ruanda que el FPR construye se basa en el monopolio del poder – político, económico, judicial – por una elite tutsi. No hay espacio para la disidencia, sólo para el miedo y la resignación. El crecimiento económico se traduce en el acaparamiento de la riqueza por unos pocos y en el empobrecimiento de los más. La discriminación y las desigualdades, sólo pueden ser semillas de violencias futuras.
Una falsa buena imagen
El régimen ruandés goza de buena salud. A juzgar por la imagen que vende hacia el exterior, la paz, la reconciliación y el desarrollo representarían la imagen de la nueva Rwanda que renace después de la tragedia. En definitiva, un modelo a seguir. Es la conclusión que sacan no pocos visitantes. La capital, Kigali, es el gran escaparate .En plena expansión urbanística, han desaparecido los pobres, los niños de la calle, el mercado tradicional; también los vendedores ambulantes y sus improvisados tenderetes. Barriadas mugrientas dejan paso a bellas urbanizaciones y lujosas villas. Las flores son diligentemente regadas en las medianas y rotondas por personal municipal. A la noche, se “puede ir de copas”. Una limpieza y orden que contrastan con el bullicio, caos e inseguridad tan habituales en las ciudades africanas. Las cifras expresan un crecimiento económico sostenido, gracias principalmente a ayudas del exterior que fluyen regular y generosamente. La informatización de la administración se está generalizando. Se prevé la construcción de un nuevo aeropuerto en el Bugesera. Kigali se ha convertido en un lugar acogedor para convenciones inter-africanas. El presidente Paul Kagame es recibido puntualmente por Bush, que en su adiós a la presidencia no ha dejado de viajar a Ruanda. El ex-primer ministro británico Blair ejerce de consejero personal del presidente ruandés. ¿Será Ruanda un enclave asiático emergente en el centro de África? Se trata de una fachada tan hermosa como engañosa; la realidad política, económica y social es muy otra y contradice esta imagen.
Evolución política
Las instituciones políticas y administrativas se han estabilizado bajo el implacable control, militar y policial, de la cúpula tutsi del FPR,. Como afirma taxativamente Filip Reyntjens, profesor de la universidad de Amberes: “A medida que progresa la transición, los espacios de libertad se cierran, tanto en el ámbito político como en el de la sociedad civil y en lugar de evolucionar hacia la democracia, Rwanda ve cómo se consolida un régimen autoritario, incluso totalitario”. El poder no se asienta sobre una base social más o menos sólida sino sobre la fuerza y el temor. Las elecciones, presidenciales, legislativas y locales tuvieron un carácter meramente cosmético, y el régimen puede abordar el proceso electoral de 2008 con serenidad. Todo está bajo control.
La disidencia es erradicada de inmediato. No hay oposición visible, el foro de partidos, el Parlamento, el Senado, son cajas de resonancia de las consignas del FPR. La discrepancia conduce a la cárcel, al silencio o al exilio. Una tupida red de informadores cubre los rincones del país y nada pasa desapercibido al ojo y al oído de los servicios de información. El que osa expresar su crítica es acusado de defender una “ideología genocida y divisionista” y amenazado con ser llevado ante los tribunales. Es la espada de Damocles que pende permanentemente sobre las elites hutu. Ha sido el caso de numerosos dirigentes y colaboradores del propio FPR, a los que se les ha hecho ver que si dejan de ser útiles al régimen les espera la cárcel. No son pocos los que tras haber desempeñado importantísimas funciones en el gobierno han optado por el exilio, otros, han ”desaparecido” o han sido asesinados; otros, callan. Es evidente, sin embargo, que la resignación y el fatalismo ocultan un potencial de violencias futuras. El nuevo Ruanda se parece demasiado al antiguo, calificado de feudal, en el que una elite aristocrática ejercía una violencia estructural. “Bashaka kutugira ibikoresho” (“Nos quieren explotar como instrumentos”), concluyen algunos.
En este contexto, la labor de periodistas resulta ardua y peligrosa. Corresponsales de la BBC, de VOA y de RFI, han sido declarados “indeseables”; los directores de Umuseso, Umuvugizi, Rushyasshya, publicaciones independientes, son detenidos regularmente. Reporteros sin fronteras denunciaba en mayo “el clima cada vez más irrespirable que reina en Ruanda” y señalaba que “en ninguna parte en África se conoce un nivel tal de agresividad contra algunos periodistas”. Apenas quedan ya organizaciones de defensa de los derechos humanos; han desaparecido o han sido infiltradas por el poder.
Existen, sin duda, tensiones y rivalidades en la cúpula del poder, que se han traducido en el alejamiento de algunos dirigentes, pero la firmeza del régimen se expresa implacablemente. Éste muestra también su perfil agresivo cuando recibe presiones del exterior para que “abra el espacio político” y dé pasos hacia un “diálogo inter-ruandés”. Ante las acusaciones de los jueces Bruguière y Andreu contra el FPR de haber cometido crímenes contra la humanidad, Paul Kagame arremete contra las injerencias “neocolonialistas” y se presenta, él, un peón de británicos y americanos en Los Grandes Lagos, como líder herido en su dignidad de hombre africano. Es difícil diagnosticar si determinados alardes significan fortaleza o más bien debilidad.
Economía y sociedad
Aunque la economía ruandesa no ha alcanzado los niveles logrados en los primeros años 80, está creciendo. El espectacular crecimiento entre 1996-2001, tras el hundimiento producido por la guerra y el éxodo de millones de ruandeses, se ha reducido considerablemente y no alcanzará el 2,5%, cifra muy inferior a la prevista por los programas de reducción de la pobreza. A lo largo de estos años Ruanda ha recibido sustanciosas ayudas del exterior, que junto al saqueo de las riquezas mineras congoleñas han inyectado en la economía ruandesa importantes recursos. An Samsom, de la universidad de Amberes, se atreve a afirmar que “es probable que el aporte de la ayuda extranjera y otros flujos financieros (provenientes del pillaje del Congo) sea, al menos parcialmente, el responsable de los resultados positivos de la economía en Ruanda”, para añadir que “la economía ruandesa sigue siendo extremadamente vulnerable y está confrontada a una combinación de factores estructurales problemáticos, como la sobrepoblación, la escasez de recursos, la gran dependencia de la agricultura de subsistencia y un limitado potencial de diversificación económica”. Por otra parte, un informe oficial admitía que: “Dado que el crecimiento económico en este periodo ha estado acompañado de una creciente desigualdad, éste ha reducido su impacto sobre la disminución de los niveles de pobreza”.
La realidad del crecimiento económico, visible en la capital, es también una fachada que no logra ocultar el empobrecimiento y miseria en medios rurales, habitados casi exclusivamente por hutu. Tras las cifras positivas se esconde el acaparamiento de la riqueza por una minoría. La gran mayoría de la población, formada sobre todo por campesinos, se ve excluida de este progreso y sus condiciones de vida se deterioran al ritmo con que crecen las fortunas de unos pocos. Ni siquiera la comunidad tutsi en su conjunto, si bien favorecida a la hora de obtener un puesto de trabajo o una plaza escolar, es la principal beneficiaria del desarrollo; también dentro de ella existen categorías.
Por otra parte, el gobierno en una especie de fiebre modernizadora – que Reyntjens califica de “ingeniería social” – impone medidas de muy difícil digestión social a la vez que discriminatorias: deben plantarse flores a la orilla de los caminos, cortar platanares, sembrar las alubias de este modo y no de otro, los cultivos deben hacerse en línea, se prohíben las bolsas de plástico, los escolares deben ir uniformados y calzados, el acceso a los centros de salud está vedado a los descalzos, los campesinos se ven obligados a vender sus productos a un mayorista designado etc…; en fin, como dice el profesor Guichaoua, se trata de decisiones tecnocráticas que “trastocan los últimos agarraderos del orden campesino”.
Es indudable que, al margen de otras consideraciones, el reparto tan desigual de la riqueza y la ruptura social consiguiente sólo pueden generar focos de futuras y graves tensiones.
Justicia
Toda la máquina judicial ruandesa e internacional ha tratado de juzgar y condenar a los responsables del genocidio tutsi de 1994. El TPIR, instalado en Arusha (Tanzania) es el encargado de juzgar a los dirigentes hutu considerados máximos responsables del mismo. En el interior de Ruanda, se han organizado miles de tribunales populares, llamados Gacaca (sistema tradicional para dirimir conflictos entre vecinos y reconstruir la armonía social). Los Gacaca, recuperados en principio para conocer la verdad, hacer justicia y promover la reconciliación, se han convertido en instrumentos de control y amedrentamiento sociales. Según datos oficiales han comparecido ante ellos 818.564 hutu, acusados de haber participado en mayor o menor grado en el exterminio tutsi; muchos de ellos se han podrido previamente durante más de 10 años en la cárcel. Las condenas son severas y alcanzan con frecuencia los 25/30 años de prisión.
El pánico a ser convocado por el Gacaca de turno ha provocado la huida de miles de ruandeses; es el caso, entre tantos, de un excelente médico enterado de que se le iba a acusar de “atender mejor a los hutu que a los tutsi”. Ante estos tribunales sólo los testigos de cargo tienen la palabra y no hay posibilidad alguna de defensa; si un testigo de descargo se atreviera a intervenir arriesgaría ser acusado a su vez de cómplice. Al menos un miembro de cada una de las familias que viven en el ámbito de actuación del tribunal debe acudir como espectador a los juicios semanales. De lo contrario la familia es multada y considerada desafecta al régimen. Así que, todo el mundo asiste en silencio y es testigo de delaciones, de acusaciones con frecuencia falsas, de arreglos de cuentas, de sobornos a jueces y testigos; un excelente método para incubar resentimientos y odios, muy lejos de una búsqueda de la verdad, indispensable para la necesaria reconciliación. Diversas organizaciones de defensa de derechos humanos (AI, HRW) y Abogados Sin Fronteras han denunciado esta situación, en la que no hay garantías contra la arbitrariedad.
En el tema de la justicia hay, además, una cuestión insoslayable para que la verdad y reconciliación sean posibles: la impunidad de los crímenes cometidos por el FPR antes, durante y después del genocidio, tanto en Ruanda como en R. D. Congo, sobre los que ha existido un “convenio del silencio” generalizado. Todo parece indicar que la comunidad internacional, dominada por un sentimiento de culpa por no haber impedido el genocidio tutsi, hubiera otorgado al poder actual carta blanca, esto es, licencia para matar. Carla Del Ponte, fiscal general del TPIR, trató de cumplir el mandato del Consejo de Seguridad y perseguir judicialmente a responsables del FPR de masacres indiscriminadas. Fue apartada de su función por presiones de EE.UU. y Reino Unido. Ya antes, la fiscal Louise Arbour había congelado los informes incriminatorios. La percepción del ruandés medio es que los diversos tribunales dictan la justicia de los vencedores. De ahí que las iniciativas de los jueces Bruguière en Francia y Andreu en España de perseguir judicialmente a altos dirigentes militares del FPR hayan sido recibidas con enorme irritación por el régimen (Ruanda rompió las relaciones con Francia y Andreu ha sido acusado de “negacionista” y “arrogante”) y no menor satisfacción por muchos ruandeses y congoleños.
Quizá la verdad de la tragedia ruandesa – dos genocidios – empiece a abrirse camino. Sólo una vez desvelada será posible la difícil tarea de la reconciliación y reconstrucción material y moral de Ruanda.
Ramón Arozarena
Nakupenda Africa
11.05.2008
