En muchos rincones de Ruanda, las casas con techo de paja están siendo destruidas por orden de las autoridades locales.
La lectura del reportaje de “Syfia Grands Lacs” sobre este tema pone la carne de gallina. Esta agencia señala que cientos de personas de la provincia del Este se han encontrado sin techo tras la demolición de sus casas. Desamparados, pasan la noche al raso. La agencia ha constatado que “cerca de las tres cuartas partes de las 115.000 casas cubiertas de paja ya han sido destruidas sin que sus habitantes hayan sido indemnizados y muchos de ellos no tienen medios para reconstruirlas”. El periodista señala el caso de una joven embarazada, obligada a subirse al tejado para destruir ella misma su casa. La desdichada cayó, lo que provocó el aborto. Algunas autoridades locales que tardaban en obligar a la gente a destruir las chozas han sido convocadas a una reunión por el secretario ejecutivo y detenidas por la policía.
En el sur del país, la población huye hacia Burundi, ya que la policía quema sus casas. Estas informaciones ponen de relieve la desolación de la población, ya relatada por la prensa local. Los periódicos gubernamentales habían alertado también a las autoridades a partir de los testimonios de campesinos sentados con sus hijos delante de sus casas demolidas por las autoridades locales sin haberles avisado y en su ausencia.
La mejora del hábitat es algo bueno. Pero el problema estructural de Ruanda es que las reformas se improvisan brutalmente y, a menudo, con fines sospechosos: imposición del inglés, imposición del monocultivo etc. Y ahora, de modo precipitado, el gobierno obliga a la población a construir casas modernas, en un plazo limitado, cuando faltan medios económicos.
Resulta preocupante que las autoridades no se inmuten ante acciones bárbaras. ¿Se trata de una medida más contra una parte de la población ruandesa? No puede excluirse esta hipótesis. Las casas demolidas pertenecen a la población pobre, a los abandonados en la cuneta, a esos que no se han beneficiado de las ayudas de toda clase para la construcción de una casa moderna.
Los daños son inmensos. Se han destruido más de 85.000 casas, lo que representa a unas 400.000 personas arrojadas a la calle. Bajo otros cielos, esto habría sido considerado como una catástrofe y se habrían desplegado planes de urgencia.
Pero se diría que en Ruanda las autoridades tienen aversión a ciertas categorías de la población. La lógica exige que estas reformas se planeen en periodos largos, con medidas de acompañamiento. Pero el FPR y sus ideólogos nada hacen al azar. Todo está calculado para someter esta población a malas condiciones de vida. El resultado esperado: rebajar esta “mayoría” de la que ya no se quiere oír hablar.
Gaspard Musabyimana
26/12/2010
Traducción y resumen de Ramón Arozarena.
