A instancias del Banco Mundial, los términos de esa ley están listos para su revisión. El Estado y la sociedad han perdido mucho. ¿Se cruzará el Rubicón?
La idea lanzada por el Jefe del Estado en su discurso de investidura ha sido objeto de inquietud durante las cinco jornadas mineras celebradas en el centro Nganda de Kinshasa. El nuevo entorno constitucional, con la llegada de nuevos actores de las provincias, da un impulso para llevar a cabo una revisión de la Ley de Minas y poner fin a esta manera de saquear los recursos naturales.
Pero entonces surge la siguiente pregunta: ¿la liberalización de las minas ha sido beneficiosa para la hacienda pública y las poblaciones limítrofes? Responder afirmativamente no se ajustaría a la realidad. De hecho las compañías privadas han adquirido yacimientos mineros sin aportar nada al erario público.
La entidad OSISA-RDC ha invitado a la reflexión con una muestra representativa de las partes del sector. Y lo que emana de estas reflexiones llamadas “Puertas abiertas en el sector minero” es que la Ley promulgada en 2002 ha causado la pérdida oficial para la República Democrática del Congo de la propiedad de sus riquezas enterradas en el sub-suelo. Para consumar completamente el “todo incluido”, una cláusula de estabilidad ha terminado por atar de pies y manos a la RDC.
Se hace una doble comprensión de esta famosa cláusula de estabilidad. Por un lado, los funcionarios dicen que no se aplica más que a los derechos adquiridos a partir de la Ley de Minas, que no son susceptibles de revisión durante un mínimo de diez años. Para la sociedad civil es un inconveniente no poder hacer revisión de ello durante ese periodo, con el fin de asegurar la estabilidad del sector. Esta posición de la sociedad civil se ha visto reforzada por el comportamiento del gobierno que no se ha pronunciado final ni oficialmente en favor de una revisión, tras diez años de la promulgación de esta ley.
Al servicio de la especulación
La Ley promulgada el 11 de julio de 2002 era la tercera de su historia. Debería haber sido, en beneficio para la RDC, un destino ideal para los inversores. La Comisión del Senado en su informe apuntó “una ausencia de rigor en la concesión de los títulos mineros, particularmente materializado en el hecho de que bastantes de los poseedores de dicho títulos no tengan dirección conocida y precisando que menos aún disponen de sedes en la capital o en las provincias de origen.
La Ley ha dejado a la República impotente para controlar la especulación. En consecuencia la extracción ha quedado en manos de mafiosos. Bien informados, han realizado estrechos vínculos con las administraciones. Mediante sobornos, ciertos “juniors” necesitados revenden a precio de oro sus títulos. No dispuestos a asumir riesgos, los más fuertes se contentan con las propuestas de los “juniors” en diferentes mercados de valores.
Invertir en bolsa no en la selva
“En la RDC es mejor invertir en bolsa que en la selva”. Esta célebre frase caracteriza al conjunto de inversiones que se han hecho con el “boom minero” de Katanga. Sin un solo pico para trabajar, se ha creado una categoría de “juniors”. Intermediarios locales han facilitado la adquisición de títulos. La vuelta de tuerca se completa cuando los títulos pasan de una firma a otra. En estas operaciones el Estado congoleño sólo recibe mil dólares USA simbólicos. Una suerte de caridad es lo que recibe el erario público congoleño como retribución.
Durante este tiempo el Estado se encuentra sin opciones. Las empresas toman ventaja sin que las poblaciones locales reaccionen en un Estado desposeído de toda legalidad. En suma, la Ley de Minas ha servido para que se favorezca a los mafiosos y a sus aliados. La especulación perjudica al tesoro público por el hecho de que algunos individuos estén bien informados.
Para la sociedad, la Ley de Minas no emana de los congoleños, su revisión debe ser una iniciativa hecha por los mismos congoleños. La sociedad critica el hecho de que la Ley del 11 de julio de 2002 haya sido un “copia y pega” y que no tiene en cuenta las necesidades de desarrollo de las generaciones actuales y futuras.
El otro punto débil de la Ley de Minas tiene que ver con la armonización para con otras leyes, especialmente la forestal, del territorio, agrícola…. La búsqueda de la coherencia y de una mejor coexistencia entre las diferentes leyes.
Es deplorable también que las consultas previas a las poblaciones locales no sean sistemáticas. Sólo en la etapa de estudio sobre impacto medioambiental se ha pedido opinión a esas poblaciones. Una de las fuentes principales de conflicto.
Chantaje o realidad
El anuncio de una revisión de la Ley de Minas ha sido bien acogido por todas las partes, principalmente por los observadores neutrales y la ciudadanía. Es evidente que aquellos que se aprovechan del estado de la situación no se van a dejar. Y aquí viene de nuevo el Estado que en este caso no debe recular. Debe iniciar el procedimiento para preservar los intereses vitales de la República. Las minas son recursos no renovables, ha llegado la hora de recoger buenas cosechas. Los intereses del Estado, de las compañías mineras y de la ciudadanía ¿no son generalmente divergentes?
Si sólo se trata de un simple chantaje, la decepción será enorme. Pero si se trata de la voluntad indomable de segar la hierba bajo los pies de los mafiosos nacionales e internacionales, la ciudadanía no pide más que mejorar “la revolución de la modernidad” y encontrar los medios financieros para su consecución.
Le Potentiel, RDC, 31 de enero de 2012.
Traducido para Fundación Sur por Juan Carlos Solís Santander.
