Por fin el informe tan esperado se ha hecho público el 1 de octubre. Ni el chantaje de Kigali ni la amenaza de Kampala han disuadido a la ONU para silenciar las denuncias hechas por el Alto Comisariado de la ONU sobre derechos humanos. Ha llegado el momento de la justicia nacional e internacional. “Las víctimas congoleñas merecen justicia y que su voz sea oída”, ha sido la reacción del embajador congoleño en la ONU, tras la publicación del informe.

El informe de 550 páginas hace el inventario de 617 violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional, cometidas por actores estatales y no estatales. Decenas de miles de personas han sido matadas, otras violadas, mutiladas o víctimas de otras violencias.

La Sra Pillay, alta Comisaria, espera que “ahora que se ha publicado el informe, sea examinado atentamente, sobre todo respecto a las medidas que propone para que los autores de los actos respondan. Las víctimas lo merecen”. Como autores de la tragedia figuran en orden de importancia las fuerzas armadas de Ruanda, Uganda, Angola, Zimbabwe, Burundi y Chad. Ejércitos que intervinieron en la RDC unos al lado de los rebeldes otros al lado del gobierno legal. Se señalan también 21 grupos armados congoleños que en una impunidad total se han ilustrado cometiendo violaciones.

DIEZ AÑOS DE ATROCIDADES

El informe pone de relieve en primer lugar las violaciones contra las poblaciones civiles y singularmente contra mujeres y niños. Por otra parte, describe “ataques aparentemente sistemáticos” dirigidos contra refugiados ruandeses hutu y poblaciones hutu congoleñas; algo que podría calificarse de genocidio, si los hechos fueran probados ante un tribunal competente.

Diez años de atrocidades son el tributo pagado por la RDC desde la invasión de los ruandeses hutu que huían del ejército de Paul Kagame tras el genocidio de 1994. El informe subraya que “dejar que perdure esta situación corre el peligro de crear una generación que no habrá conocido más que la violencia como medio de resolución de conflictos”.

Muy prudente, el informe no trata “ni de establecer responsabilidades individuales ni de lanzar reprobaciones, reproduce con toda franqueza los relatos a menudo chocantes de las tragedias vividas por víctimas y testigos”. “Quiere ser un primer paso hacia un proceso de verdad, a veces dolorosa pero necesaria. Y mira al futuro identificando varios caminos que podría tomar la sociedad congoleña para impedir que semejantes atrocidades se reproduzcan”.

El informe trata de ayudar al gobierno congoleño y a la sociedad civil congoleña para que se elaboren mecanismos de justicia y reformas institucionales que permitan sentar las bases de una paz duradera y sólida. Ello implica la identificación de las opciones judiciales para hacer justicia y poner fin a la impunidad generalizada de las personas responsables de crímenes graves.

Ruanda ha reaccionado rápidamente contra el informe, lo mismo que Uganda. Burundi opina que el informe está destinado claramente a desestabilizar la región.

Los congoleños deberían centrarse en los asuntos domésticos y seguir las indicaciones del Alto Comisariado de la ONU para los derechos humanos, ya que el informe quiere contribuir a ayudar al gobierno de la RDC a erradicar la cultura de la impunidad, que es lo que ha permitido las violencias.

(Resumen de un artículo publicado por Le Potentiel 02/10/2010)

Traducido por Ramón Arozarena.