Esbozo de la situación
Después de los disturbios militares que condujeron al despido del antiguo presidente Henri Konan Bédié en diciembre de 1999, tras una transición de 10 meses, encabezada por el difunto general Robert Gueï, se eligió, en octubre de 2000, con el 59% a favor, como presidente a Laurent Gbagbo, en las elecciones presidenciales con menor participación electoral de la historia (15% de participación), y por otra parte con la exclusión de las candidaturas del antiguo presidente Konan Bédié, refugiado en Francia, jefe de PDCM (Partido Democrático de Costa Marfil) y del antiguo primer ministro, Alassane Dramane Ouattara, acusado de tener una nacionalidad dudosa, jefe de ADR (Agrupación De los Republicanos) y de todos los dos principales partidos del país.
La aparición en 2002 de movimientos de rebeliones armadas tuvo como efecto la division del país en dos partes y no permitió la organización de la renovación de las instituciones públicas en la legalidad, ni presidenciales ni legislativas.
Desde 2005, la administración se hace a título del derecho de la continuidad del estado, por lo tanto, sin estar legitimado por el voto del pueblo y con la aprobación de las instancias de la ONU que apoyan los esfuerzos de reconciliación, de unidad territorial y de cohesión social a través las tropas militares y una ayuda económica, a la espera del arraigamiento de la legalidad electoral.
Desde 2005 las elecciones presidenciales, condicionadas por el retorno de la autoridad del poder elegida en el año 2000, en todo el territorio, aplazadas muchas veces, parecían ser realizables por el apoyo de diferentes acuerdos políticos y militares.
Dificultades
Al nivel internacional.
La comunidad internacional, y más concretamente la ONU, se encuentra paralizada por este poder que no puede derribar legítimamente, debido a su formación en pro de la continuidad, ni legitimarlo indefinidamente, por el procedimiento de excepción, además de que los diferentes acuerdos internos han vuelto a cuestionar el fundamento de “régimen de excepcionalidad” del poder actual.
Al nivel nacional.
La necesidad de identificación de la población, teniendo en cuenta su crecimiento desde 2000, y la del cese del cuerpo electoral, que no fue convocado desde que comenzó el artificio del aplazamiento perpetuado de las elecciones, aun cuando el censo que se efectuó el 15 de septiembre de 2008 cuenta con 6.081.625 electores, sobre un potencial de 8,6 millones.
Al nivel social.
Al igual que tantas otras sociedades africana, el electorado está dividido esencialmente según la pertenencia étnica y está nervioso por el comunitarismo, que provoca un clima de guerra social étnica, que algunos actores políticos amplifican señalando la interferencia extranjera [mezcla de sangre extranjera] incitando el nacionalismo y el patriotismo.
Plan de soluciones
En el futuro, si las elecciones presidenciales previstas para noviembre de 2009 son aplazadas por cualquier razón, debería intentarse de nuevo hacer un referéndum, al igual que el del 23-24 de julio de 2000 sobre los proyectos constitucionales y del código electoral, dentro un plazo de 6 meses, a partir de noviembre sobre la basa del censo electoral, sobre el mantenimiento del ejecutivo en funciones.
Las modalidades de efectividad del referéndum deberán ser aceptadas por la clase política interna en un plazo de 3 meses, en su defecto serán la Unión Africana (UA) la que se encargue de ello, sometiéndolas a la opinión de las instancias internacionales (ONU), que dispondrán todos los preparativos, y si es posible, dentro de los 3 meses siguientes.
Si después del referéndum se está de acuerdo con la conservación del ejecutivo en el cargo, éste, que no puede afirmar indefinidamente la excepcionalidad «anticonstitucional», debe abandonar los poderes públicos, y poner un plazo a su permanencia en el poder, hasta la realización efectiva de las elecciones presidenciales, bajo pena de caducidad de los poderes.
La papeleta del voto para el referéndum debe contener, preferentemente, más de 5 compartimientos, que corresponderían cada uno a un año de concesión de plazo, la cifra más señalada, debe corresponder al plazo concedido para la celebración de las elecciones presidenciales.
Durante el plazo concedido por el pueblo, a excepción de los casos de defunción, no debería hacerse ningún nombramiento para las administraciones públicas más altas, bajo pena de nulidad.
Si en el futuro, al término del plazo concedido, las elecciones presidenciales siguen sin celebrarse, se producirá la caducidad de los gastos presidenciales de pleno derecho, excepto caso de fuerza mayor y / o causa extraña, que deberán ser trasladados a un Grupo de Transición Nacional y los gastos del gobierno se reducirán a los asuntos corrientes.
El Grupo transitorio se compondrá de:
1-De los suboficiales más altos de las fuerzas de seguridad y militares.
2-De los magistrados más altos de las órdenes judiciales, entre las que la orden administrativa se encargará de la presidencia con voto de calidad.
3-De los presidentes de las formaciones políticas representadas en los sectores representativos del pueblo.
La misión principal del grupo transitorio será la de llevar a cabo las elecciones presidenciales en plazos, que no deberían exceder los 6 meses siguientes al plazo concedido por el referéndum.
Si el resultado del referéndum es el mantenimiento del ejecutivo en funciones, éste debería tener como consecuencia el nombramiento inmediato del Grupo transitorio, que también se verá sujeto al plazo concedido por la población, a través del mecanismo de los compartimientos en la papeleta de votación.
Si al término del plazo concedido al grupo transitorio, sea cual sea su duración, las elecciones presidenciales no se han celebrado, las instancias internacionales podrán restablecer una legalidad por cualquier medio.
Tapa Joseph
Publicado en Visión Africaine, el 3 de septiembre de 2009.
Traducido por DIATTA Mame Diarra, estudiante senegalesa de Lenguas Extranjeras Aplicadas de la universidad de Lyon, colaboradora en prácticas con la Fundación Sur.
