¿Cuál es el tema de este informe?
El informe ha sido elaborado por el Alto Comisariado de la ONU sobre los derechos humanos y describe las violaciones cometidas en la RDC entre marzo de 1993 y junio de 2003. Se trata de un documento denso y detallado, basado en investigaciones rigurosas efectuadas por una veintena de profesionales congoleños e internacional durante 12 meses. Examina 617 incidentes y aporta detalles de los casos más graves de masacres, violencias sexuales, ataques contra niños y otras exacciones cometidas por una serie de actores armados: tropas extranjeras, grupos rebeldes y fuerzas gubernamentales.
El informe señala que niños y mujeres han sido las principales víctimas y consagra capítulos especiales a los crímenes de violencia sexual contra mujeres y muchachas, así como a la violencia contra los niños. Dedica también un capítulo al rol que la explotación de los recursos naturales ha jugado con relación a los crímenes cometidos.
El informe concluye que la mayoría de los crímenes documentados pueden ser calificados de crímenes contra la humanidad y de guerra. Refiriéndose a una serie de hechos de los años 1996 y 1997, el informe plantea la cuestión de saber si algunos de estos crímenes cometidos por el ejército ruandés y la AFDL contra refugiados ruandeses hutu y ciudadanos congoleños hutu podrían ser calificados de crímenes de genocidio. El informe precisa que es a un tribunal competente a quien corresponde tomar esta decisión sobre tal calificación.
El informe indica que el objetivo del mismo es dar un primer paso en un proceso de reconocimiento de la verdad, doloroso pero necesario, para mirar al futuro y luchar contra la impunidad e impedir que tales atrocidades se preproduzcan en el futuro.
¿Por qué el informe es importante?
Se trata de un potente recordatorio de la gravedad de los crímenes y de la chocante ausencia de justicia. Señala el informe que se trata de uno de los capítulos más trágicos de la historia reciente de la RDC. Diez años de terribles crisis que han causado la muerte de millones de personas.
Es la primera vez que estos crímenes, perpetrados por diversos actores son analizados, reunidos y organizados metódicamente en un informe oficial de la ONU. Numerosos hechos eran conocidos y documentados, pero otros habían sido ampliamente silenciados. Este informe, si tras él se produce una acción nacional e internacional, podría contribuir a poner fin a la impunidad y a romper el ciclo de violencias en el Congo y en los Grandes Lagos.
¿Existen diferencias entre la versión de agosto y la oficial, publicada el 1 de Octubre?
No hay diferencias sustanciales; el informe no ha sido alterado más que sensiblemente. La versión oficial aporta aclaraciones suplementarias sobre la definición jurídica de crimen de genocidio, así como argumentos a favor y en contra de que los hechos de 1996 y 1997 sean calificados como genocidio. Afirma el informe que “será necesaria una investigación judicial completa sobre los sucedido en Zaire entre 1996 y 1997 a fin de que un tribunal competente pueda decidir sobre estas cuestiones”.
La versión oficial incluye los comentarios del gobierno congoleño y otros gobierno han tenido la oportunidad de publicar sus respuestas en la web del Alto Comisariado para los derechos humanos. El gobierno ruandés ha protestado enérgicamente contra el informe y ha amenezado con retirar sus 3.000 cascos azules en misión en Darfur si el informe era publicado y si el término genocidio no era retirado del documento. La ONU ha resistido a estas presiones y el 24 de septiembre Paul Kagame ha renunciado a su amenaza.
¿Cuál es el origen del Informe? ¿Por qué la ONU ha decidido ahora examinar crímenes pasados cometidos en el Congo?
Ya antes la ONU había investigado algunos de estos crímenes, pero las investigaciones fueron bloqueadas en varias ocasiones por el gobierno de Laurent-Désiré Kabila, que alcanzó el poder gracias a la ayuda de Ruanda y Uganda. A pesar de estos bloqueos la ONU ya había publicado unas conclusiones preliminares en 1998 sobre las masacres cometidas entre 1996 y 1997 por el ejército ruandés y sus aliados rebeldes congoleños, que podrían constituir crímenes de genocidio. Dado que el trabajo de este equipo investigador fue gravemente perturbado, el equipo pidió nuevas investigaciones y reclamó que las pruebas y otro tipo de informaciones sensibles obtenidas por él fueran depositadas en lugar seguro hasta que una nueva investigación más profunda fuera posible.
En septiembre de 2005 la MONUC descubrió tres fosas comunes en Rutshuru en el Kivu-Norte, relacionadas con crímenes cometidos en 1996 y 1997. Este macabro descubrimiento recordaba los horrores y la ausencia persistente de justicia. Sirvió de desencadenante de nuevas investigaciones y así arrancó el proyecto de MAPPING, bautizado así porque debía documentar los crímenes cometidos en este lapso de tiempo en una zona bien definida y al mismo tiempo ampliar el mandato para incluir las violaciones cometidas en el transcurso de la segunda guerra del Congo entre 1998 y 2003. En mayo de 2007 Joseph Kabila aprobó el proyecto Mapping y en julio de 2008 llegó al Congo un equipo para iniciar el trabajo. Esta vez, el equipo pudo trabajar con libertad.
¿Por qué el gobierno ruandés está tan contrariado con este informe?
El gobierno ruandés y otros apuntados en el informe, evidentemente son sensibles ante las acusaciones de crímenes cometidos por sus tropas. Si bien el informe documenta crímenes atroces cometidos por diversos grupos armados, algunos de ellos, los más graves según el informe, fueron cometidos por el ejército ruandés entre 1996 y 1997.
El informe señala que los ataques del APR y de la AFDL “ponen de relieve varios elementos aplastantes que, si son probados ante un tribunal competente, podrían ser calificados de crímenes de genocidio”. Y concluye que al menos “las informaciones recogidas hasta este día permiten confirmar firmemente que esos ataques constituían crímenes contra la humanidad”.
El gobierno ruandés recibió previamente una copia del informe en julio y desde entonces ha buscado rechazarlo y desacreditarlo, afirmando que las acusaciones de genocidio eran absurdas e irresponsables y que el informe ha sido redactado por personas opositoras al gobierno ruandés. Ha presionado fuertemente sobre el Secretario General de la ONU para detener la publicación y ha amenazado con la retirada de sus 3000 militares de la misión de la ONU en Darfur. Ha animado a otros países africanos a que denuncien el informe. Uganda también lo ha rechazado.
Semejantes reacciones no sirven más que para obstaculizar los esfuerzos por poner fin a la impunidad en los Grandes Lagos y para encontrar una solución duradera al conflicto persistente en el este del Congo. Al rechazar el informe y al amenazar, Ruanda y Uganda no hacen sino poner de relieve otras cuestiones relacionadas con el comportamiento de sus tropas y dan la impresión de que tienen algo que ocultar. El informe merece una respuesta y no un desmentido general, según el cual crímenes perfectamente documentados no habrían sucedido.
¿Pero no hubo un genocidio contra los tutsi en Ruanda? ¿Cómo puede haber también un genocidio contra los hutu?
En 1994, más de 500.000 personas fueron masacradas brutalmente en un genocidio planificado por políticos extremistas hutu contra la minoría tutsi. Estos extremistas fueron vencidos por el FPR, dominado por los tutsi y dirigido por Paul Kagame, lo que significó el fin del genocidio. Más de un millón de hutu, ante el temor de represalias, huyeron al Congo (entonces Zaire). Los refugiados estaban acompañados por antiguos militares del ejército, exFAR, y por Interahamwe, que controlaron los campos de refugiados situados cerca de la frontera con Ruanda. En 1996, Ruanda, apoyado por Uganda, invadió el este del Congo para destruir los campos y de acuerdo con el grupo rebelde congoleño formado precipitadamente, la AFDL, caminaron hasta la capital Kinshasa derrocando al presidente Mobutu.
El informe explica que el ejército ruandés y sus aliados congoleños lanzaron “ataques en apariencia sistemáticos y generalizados” contra los hutu en lo que el informe describe “una aparente persecución implacable y masacres de gran amplitud de refugiados hutu”, causando la muerte de “varias decenas de miles” de personas. El informe declara que “el uso extensivo de armas blancas, principalmente martillos, y la aparente naturaleza sistemática de las masacres de supervivientes, entre ellos mujeres y niños, tras la toma de los campos de refugiados podría indicar que los numerosos fallecimientos no son imputables a los aleas de la guerra o asimilables a daños colaterales”. Y añade que “entre las víctimas, había una mayoría de niños, mujeres y personas mayores y enfermos, a menudo subalimentados, que no planteaban ningún peligro para las fuerzas atacantes”.
El informe describe también la eliminación sistemática de hutu congoleños, para nada involucrados en el genocidio contra los tutsi de Ruanda, pero que fueron el blanco del ejército ruandés y de la AFDL; estos hutu en las reuniones convocadas eran separados del resto y luego matados. “Los múltiples ataques contra los hutu establecidos en Zaire y que no formaban parte de los refugiados parece confirmar que eran todos los hutu en cuanto tales los que eran perseguidos”. Las investigaciones han revelado “varios elementos aplastantes, que si son probados ante un tribunal competente, podrían ser calificados de crímenes de genocidio”.
Esta presunta división de individuos sobre la base de su pertenencia étnica es lo que planeta la cuestión sobre la comisión de crímenes de genocidio. El término genocidio no remite a la mayor o menor amplitud de los crímenes, sino a la intención de eliminar parcialmente o totalmente a un grupo específico “nacional, étnico, racial o religioso”.
Al FPR se le atribuye el mérito de haber puesto fin al genocidio contra los tutsi, pero ello no le exonera de la responsabilidad de crímenes que sus tropas hayan cometido tanto en Ruanda como en el Congo. La justicia para decenas de miles de ciudadanos congoleños y refugiados ruandeses en el Congo es esencial para obtener una paz duradera en esta región africana.
¿Este informe trata más sobre Ruanda o sobre el Congo?
Es un informe sobre el Congo y sobre las atrocidades sufridas por los congoleños por parte de actores nacionales o extranjeros. Establece muchas otras atrocidades además de las cometidas por el ejército ruandés y sus aliados. Incluye muchas informaciones sobre crímenes cometidos por grupos rebeldes congoleños y por el ejército nacional del Congo, así como por las fuerzas armadas ugandeses, ruandesas, angoleñas, chadianas y de Zimbabwe.
Se dice a menudo que al menos 5 millones de personas han muerto en el Congo. ¿Evoca estas muertes el informe?
Las investigaciones sobre mortalidad desde 1998 realizadas por Internacional Rescue Committee dan esas cifras de fallecidos, la mayor parte de ellos a causa de la malnutrición y de la imposibilidad de atención sanitaria. El informe se interesa específicamente por los asesinatos y otras exacciones infligidas deliberadamente contra civiles. No documenta sobre las muertes como consecuencia indirecta de las violencias.
¿Este informe documenta crímenes de violencia sexual?
El informe ha establecido que las mujeres y los niños han sido las principales víctimas de las violencias y consagra un capítulo a los crímenes de violencia sexual. “Entre 1993 y 2003, la violencia sexual fue una realidad cotidiana que no dejó tregua alguna. Congoleñas, escolares o madres de familia, novias, casadas o viudas, campesinas o esposas de dirigentes políticos, antiguas miembros del ejército, funcionarias, militantes de partidos de oposición, trabajadoras humanitarias o miembros de ONG, las congoleñas han sufrido sin discriminación de clase social o de edad y por muy variados motivos, violencias sexuales bajo las formas más diversas”.
El equipo de Mapping ha podido confirmar casos de violencia sexual a escala masiva que antes no habían sido documentados, en particular la violación de mujeres y de niños refugiados hutu en 1996 y 1997.
¿Hace alguna referencia el informe a la explotación de los recursos naturales?
Sí, dedica a esta cuestión un capítulo, que documenta cómo el deseo de controlar los minerales, la madera y otros recursos ha actuado como un poderoso factor de motivación para las partes en el conflicto, tanto congoleñas como extranjeras.
Se trata de un informe histórico. ¿Qué interés tiene para el Congo de hoy?
Tiene una pertinencia inmediata y constituye un recordatorio severo de las consecuencias de la impunidad. Las fuerzas de seguridad congoleñas y multitud de grupos armados siguen utilizando las mismas tácticas, animados por el hecho de que nunca rinden cuentas de las atrocidades precedentes.
Ello es particularmente manifiesto en la serie de violaciones contra más de 300 mujeres en Walikale, en agosto de 2010, ampliamente informadas por la prensa. El informe subraya el lazo de unión directo entre la ausencia de rendir cuentas por parte de los autores de crímenes y la continuación de esos crímenes contra la población civil. Para poner fin al ciclo de violencia es esencial que se creen mecanismos de justicia para empezar a exigir cuentas a los autores de crímenes.
¿Cuál es la respuesta al informe del gobierno congoleño?
La ONU entregó en junio una copia al gobierno congoleño, que hizo comentarios detallados que se han incorporado. El 1 de octubre el gobierno ha declarado que acogía favorablemente la publicación del informe y que se mostraba “consternado ante este horror indecible”, añadiendo que “las víctimas merecen justicia” que “estaba decidido a actuar con vistas a llevar a los culpables ante la justicia y a obtener reparaciones para las víctimas”. Ha convocado a expertos jurídicos y a donantes internacionales a una conferencia para hablar en detalle sobre las opciones jurídicas presentadas en el informe para fijar el rumbo a seguir.
La sociedad civil congoleña ha apoya firmemente el informe. El 3 de septiembre una coalición de 220 organizaciones publicó un comunicado reclamando mecanismos judiciales apropiados para juzgar a los responsables. “El informe responde a nuestras expectativas a favor del restablecimiento del equilibrio moral en la sociedad congoleña, basado en los valores de justicia y equidad, paz y fraternidad”.
¿Por qué no se ha llevado ante la justicia a nadie por estos crímenes perfectamente conocidos en su época?
La ausencia de justicia ha significado un enorme fracaso de los gobiernos de la región de los Grandes Lagos y de la comunidad internacional y ello ha contribuido a que los ataques contra los civiles hayan proseguido. Los intentos de investigación han sido bloqueados y los informes de los organismos de defensa de los derechos humanos han sido ignorados. El sentimiento de culpabilidad por no haber intervenido para detener el genocidio en Ruanda en 1994 ha llevado a numerosos gobiernos a cerrar los ojos ante espantosos crímenes cometidos por las fuerzas ruandesas en el Congo y por extensión ante los crímenes de otras fuerzas armadas en territorio congoleño. Una política desastrosa por la que las poblaciones civiles han pagado muy caro.
El gobierno congoleño recurrió a la Corte Internacional de Justicia, la cual condenó en diciembre de 2005 a Uganda a pagar como reparación 6.000 millones de dólares al Congo. Nada ha entregado todavía. El mismo tribunal declaró en un asunto similar del Congo contra Ruanda, que no podía juzgarlo ya que Ruanda no reconoce la CIJ y que no es un Estado firmante de las convenciones de la ONU contra la tortura y otros instrumentos relativos a los derechos humanos. La CIJ sólo puede intervenir en un asunto si consienten las dos partes; Ruanda no dio consentimiento, con lo que se puso al abrigo de un resultado que habría sido similar a las conclusiones de la Corte sobre Uganda.
En 2003, Joseph Kabila pidió que se creara una corte penal internacional para el Congo, que investigara y juzgara a los autores de los crímenes. La sociedad civil congoleña se hizo eco de esta solicitud. Estos llamamientos han sido ignorados.
¿La Corte Penal Internacional (CPI) puede juzgar los crímenes descritos en el informe mapping?
La CPI fue creada para casos de genocidio, de crímenes contra la humanidad y de guerra, que hayan tenido lugar a partir de julio de 2002, cuando el Estatus de Roma, que creó la Corte, entró en vigor. Numerosos hechos descritos en el informe son anteriores a esta fecha. No obstante, algunos, los cometidos en la segunda mitad de 2002 y en 2003, como los del Ituri, pueden ser competencia de la CPI y el Fiscal afirmó que la Corte era competente para juzgar los crímenes cometidos después del 1 de julio de 2002, y desde entonces hay investigaciones en curso. Como consecuencia tres dirigentes de grupos armados han sido detenidos y su enjuiciamiento se desarrolla en La Haya. El Fiscal sigue haciendo investigaciones en el Kivu.
¿Puede el TPIR investigar estos crímenes?
El mandato de TPIR es el de juzgar los crímenes de genocidio y otras violaciones graves del derecho humanitario internacional en Ruanda durante 1994. Puede también juzgar los crímenes cometidos por ruandeses en Estados vecinos en ese periodo, pero la mayoría de los cometidos por fuerzas ruandesas en el Congo y documentados en el informe tuvieron lugar después de 1994; por lo que no son competencia de este tribunal. Habría que modificar su mandato y parece poco probable que exista un interés suficiente en el ámbito internacional para ampliar este mandato.
En este caso ¿qué tribunal debería juzgar estos crímenes?
Es una de las cuestiones claves que el informe trata de responder; se presentan varias opciones. El sistema judicial congoleño no tiene capacidad por ahora. El informe expresa su preferencia por la creación de un modelo híbrido: una sala judicial mixta integrada en el sistema judicial congoleño con jueces y personal congoleño e internacional. Este modelo sigue las recomendaciones de numerosos relatores de la ONU para los crímenes de guerra en Bosnia. Human Rigths Watch apoya igualmente este modelo. Se trataría de una institución nacional integrada en el sistema judicial congoleño, que aplicaría las leyes y procedimientos congoleños, pero que dispondría de sus propios magistrados, de su propia fiscalía etc… Incluiría temporalmente personal no congoleño, pero creada esta sala mixta por las autoridades congoleñas, sería propiedad del Congo, apoyada por expertos judiciales extranjeros. La presencia de éstos daría la credibilidad y la legitimidad necesarias a sus investigaciones sobre crímenes, cuyos presuntos autores son extranjeros.
¿Cuáles serían los pasos a seguir tras la publicación de este informe?
Los crímenes documentados no pueden ser ignorados. El informe exige una respuesta seria por parte de la ONU, de los Estados miembros y concretamente del gobierno congoleño y de los gobierno africanos cuyas fuerzas han participado en las atrocidades. Desdichadamente no se ha producido dicha respuesta.
El Consejo de Seguridad debería debatir oficialmente el informe e insistir en que todos los países participantes en los crímenes aporten su ayuda para que se haga justicia. El gobierno congoleño debería poner rápidamente en práctica su propuesta de organizar una reunión de expertos y de donantes internacionales para plantear las opciones en materia judicial y no judicial expuestas en el informe y para decidir el camino a seguir.
¿El personal de Human Rights Watch ha participado en el informe?
No. El proyecto y la redacción han sido realizados exclusivamente por el Alto Comisariado sobre derechos humanos de la ONU. Este equipo de la ONU ha consultado a numerosas ONG nacionales e internacionales, entre ellas HRW y se ha referido a sus publicaciones sobre los hechos. Algunos de los informes de HRW son citados en anexos del informe. El equipo ha recurrido a un amplio abanico de fuentes y ha llevado a cabo él mismo investigaciones detalladas, interrogando a 1.280 testigos. En múltiples casos las conclusiones propias de HRW coinciden con las del informe de la ONU.
Resumen/traducción de un comunicado en francés de Human Rights Watch, publicado el 1 de octubre de 2010, realizado por Ramón Arozarena.
