Muchos intereses confluyen habitualmente en la vida política: intereses personales de dirigentes, de partidos, de sectores financieros dominantes y hasta del pueblo en general, aunque su único poder solo sea el voto que se le concede cada cierto número de años. La mayoría de las democracias intentar conseguir un equilibrio entre todos esos intereses con el fin de contener el conflicto social en niveles aceptables. Pero hay que saber que el equilibrio entre las fuerzas sociales y los numerosos intereses es siempre inestable y precario.
Las crisis socio-políticas debidas al desequilibrio entre intereses no sólo existen en las jóvenes democracias, sino también las encontramos en las sociedades que se consideran democráticas por excelencia, como es el caso de USA en la actualidad. Donde el poder político se alía al sector financiero dominante a consta de la población en general, las crisis suelen fraguarse durante muchos años, y se manifiestan en actos callejeros violentos, más o menos organizados, que, desde los poderes políticos, se interpretan como actos delictivos del crimen organizado pero como movimientos libertarios desde la población local. Los acontecimientos ocurridos en Nigeria en estos últimos días pueden interpretarse en esta clave.
La zona del Delta de Nigeria lleva muchos años esperando una solución para los problemas locales causados por la explotación de petróleo, y sigue esperando poder beneficiarse de un porcentaje de lo que se ha llamado “el pastel nacional”; es decir: los grandes beneficios que produce la extracción del petróleo. La respuesta del gobierno federal nigeriano a la crisis es la vía rápida y a corto plazo: asegurar la producción de petróleo usando el poder militar. Esta “solución” es como poner una tirita sobre una herida infectada. La represión armada solo lleva a una escalada en la violencia. No es de extrañar que esta “solución exprés” esté apoyada por aquellos que se benefician del petróleo, como el Reino Unido que ha ofrecido adiestramiento militar a las fuerzas encargadas de la seguridad en la zona petrolera.
Parece increíble que no se haya aprendido nada del caso de los Ogoni, quienes tras la ejecución, por el régimen militar de Sani Abacha, de su líder, Ken Saro Wiwa, en 1995, la producción petrolífera en la zona se paró hasta la fecha.
El gobierno federal de Nigeria, sus aliados en la extracción del petróleo, las compañías petroleras, y todos aquellos que se benefician del petróleo deberían prestar más atención a las necesidades de los pueblos que habitan en el Delta: no piden más seguridad con presencia militar, sino más desarrollo sostenible, mejores infraestructuras que incluya el sector no-petrolero, y un fortalecimiento de la economía local que cree puestos de trabajo. Si no se hace por justicia, que, al menos, se haga por interés general, ya que la violencia solo engendra destrucción.
