La complicada ejecución de los juicios contra Pfizer, provocada por el exorbitante deseo de hacer dinero fácil por parte de las clases gobernantes gracias al sufrimiento de las víctimas del ensayo clínico de Trovan en el estado de Kano en 1996, es la razón principal por la que éstos no han sido compensados como merecen.
Nuestras investigaciones desvelan que, en vez de responsabilizar a Pfizer por provocar la muerte y discapacidades permanentes a niños nigerianos, los oficiales nigerianos se sometieron a los dictados de la compañía farmacéutica con la esperanza de llenarse los bolsillos con el dinero de las enormes reservas financieras de Pfizer.
El resentimiento del estado
En 2001, seis años antes de que el gobierno aceptara formalmente que los niños nigerianos habían sido utilizados como conejillos de indias por parte de Pfizer al iniciar juicios civiles y criminales contra la compañía farmacéutica multinacional, las víctimas ya habían tomado la iniciativa contra Pfizer y el gobierno federal en el Tribunal Supremo del estado de Kano. Pero tan pronto como comenzaron a actuar aparecieron toda clase de intrigas.
En primer lugar, el gobierno federal, a través de la oficina de la Fiscalía general, refutó el juicio y solicitó que el tribunal desestimara el caso. El gobierno incluso procedió a pedir que las víctimas cargasen con los costes.
“Como nigeriano, este hecho me desmoralizó. ¿Dónde queda el patriotismo cuando hay gente que está sufriendo desde 1996 y el gobierno, en vez de apoyar a sus ciudadanos, se pone del lado de la multinacional?” Dijo Kunle Ishola de Omotimirin, Ishola & Associated, abogado defensor de las víctimas.
Poco más tarde, el juez presidente C.C Nwaogwugwu, ordenó que se comenzara el juicio y se realizara en nombre de todas las víctimas. Poco después, fue destinado fuera del estado de Kano y por consiguiente tuvo que dimitir obligatoriamente de su cargo. Después de esto, se aplazó el caso indefinidamente y se quedó estancado durante otros nueves meses más hasta que otro juez, Adamu Hobon, asumió la jurisdicción del caso. Cualquier esperanza que las víctimas y su abogado pudieran haber tenido de ser compensados por el mal ocasionado se esfumó cuando el sr. Hobon se retiró del caso, alegando razones personales.
Según Ishola, con el presentimiento de que se trataba de una estrategia turbia llevada a cabo por fuerzas anónimas para impedir que las víctimas hicieran justicia, presentó una moción para paralizar la demanda en el Tribunal Superior de Kano antes de comenzar una nueva acción contra Pfizer en Connecticut, Estados Unidos de América, la cual sigue en curso.
Cuestiones éticas
Tras el acuerdo alcanzado de 75 millones de dólares, que negociaron y acordaron el gobierno federal, el gobierno del estado de Kano y Pfizer, se acusó a los abogados del gobierno de mala praxis ética y de aprovecharse del sufrimiento de las víctimas. A pesar del hecho de que las victimas estuvieran totalmente desatendidas y no se tomara ninguna medida por su salud, el gobierno reclamó una cantidad de dinero exorbitante por los costes que les supuso el cuidado de los mismos.
En su reclamación original, el gobierno federal solicitó unos 104 millones de nairas [Unos 500.000 euros], dinero que se emplearía para la prestación de cuidados sanitarios e instalaciones de rehabilitación para los niños afectados; 166 millones de nairas [casi 800.000] que se destinarían a la educación pública, y 217 millones de nairas que se gastarían en formación y remuneraciones.
De manera similar, el gobierno del estado de Kano solicitó 25 millones de dólares gastados en el tratamiento, compensación y apoyo a las víctimas, así como 350 millones de dólares utilizados en dar apoyo a las víctimas entre 1996 y 2006. Desde el punto de vista de Ishola, esto es una indicación de que durante todo este tiempo, lo que pretendían los funcionarios del gobierno era enriquecerse ellos mismos, gracias a la grave situación de las víctimas. También declaró que las demandas del gobierno son calificables de perjurio.
Sin embargo, SimmonsCooper, abogado del gobierno federal de Nigeria y del gobierno del estado de Kano, explicó que las reclamaciones del gobierno estaban “basadas en la aceptada y legalizada teoría de la evidencia”.
“Son extrapolaciones del gasto presupuestario, lo cual ha sido admisible en tribunales de otras partes del mundo”, dijo la firma.
El juicio criminal en el Tribunal Supremo del estado de Kano también experimentó grandes irregularidades. El juez había concedido al gobierno una orden de detención contra los oficiales de Pfizer vinculados directamente con las pruebas clínicas. Y, sin embargo, en vez de ejecutar los arrestos, el fiscal general del estado de Kano, Aliyu Umar, declaraba en cada audiencia del tribunal que Pfizer necesitaba más tiempo, con la excusa de que los diálogos con la multinacional farmacéutica no habían finalizado.
“Jamás se ha visto en ningún lado que el fiscal declare en nombre del acusado en un caso criminal”, dijo el Sr. Ishola. “Esto demuestra que el gobierno no estaba interesado en hacer justicia para las víctimas, ya que aceptaban un acuerdo rápido con Pfizer. Es una conspiración de la élite para desplumar a las víctimas”, dijo Ishola, mientras describía la chapuza de juicio que se estaba llevando a cabo.
Los abogados del gobierno, SimmonsCooper, han sido acusados de incumplir la ética profesional al realizar las negociaciones en nombre de las víctimas, en ausencia del abogado defensor de las mismas. “Un abogado de verdad no actúa en nombre del cliente de otra persona”, dijo Ishola.
Sin embargo, SimmonsCooper negó todo esto. “Cada decisión que hemos tomado en este caso y en las discusiones con Pfizer han sido comunicadas e informadas a los abogados representantes de las victimas e incluso nos mandaban información desde Estados Unidos sobre lo que ellos consideraban adecuado para las víctimas que representaban”, declaró el bufete de abogados en referencia a NEXT. Sin embargo, sí admitieron que los abogados de las víctimas no estuvieron presentes en las discusiones directas sobre el caso, en Kano”, alegando que “sería mejor continuar las discusiones con alguno de ellos”.
Tunde Irukera, un picapleitos
Tunde Irukera, que hemos podido saber que en realidad fue él quien llevó el informe del gobierno para SimmonsCooper, mintió cuando dijo a NEXT que nunca había tenido ningún contacto con los abogados defensores de las víctimas antes de 2007. Según Ishola, Tunde Irukera (que entonces trabajaba como abogado en Estados Unidos) había contactado con él en 2001, durante las primeras fases del litigio de las víctimas con Pfizer pidiendo formar parte del equipo demandante.
“Nos escribió en 2001 elogiándonos por el buen trabajo que estábamos realizando, y comenzamos a sospechar de él cuando empezó a hablar sobre las cuotas compartidas y los costes”, dijo.
Ishola afirmó que desde el primer momento el Sr. Irukera, a quien describió como un perseguidor de ambulancias (término despectivo utilizado para describir a los abogados especializados en encontrar víctimas y aprovecharse de ellas sacando dinero por medio de sus acuerdos) no estaba interesado en garantizar la justicia para las víctimas. Lo único que le interesaba era enriquecerse él mismo por medio del sufrimiento de las víctimas.
SimmonsCooper negó completamente las afirmaciones de Ishola. El bufete de abogados declaró haber tenido conocimiento de la demanda interpuesta por las víctimas mientras realizaban “extensas investigaciones debido a nuestro compromiso en 2006”.
“Babatunde Irukera no contactó con el Sr. Ishola en ningún momento. No contactó con él ni supo quién era hasta que se vieron por primera vez en junio de 2007 en los tribunales de Kano”, respondió SimmonsCooper a nuestra pregunta.
Pero se entregó a NEXT una copia de los tres correos electrónicos que supuestamente envió Irukera a Ishola, declarando que SimmonsCooper no era sincero. El primer correo electrónico enviado el jueves, 22 de marzo de 2001, a las 17:17:22 (hora estándar occidental) se envió a través de la dirección BIrukera@aol.com, a Ishola. Una parte del correo decía: “He revisado gran parte de la documentación a disposición del público, y creo que existe una causa de acción contra Pfizer. Es evidente que existen violaciones inexcusables ante la ley. El requerimiento de consentimiento informado por escrito en juicios clínicos es sacrosanto y parece que explica por qué tenían el 100 % del consentimiento en el proceso de ensayos clínicos. También está por responder la cuestión ética de por qué se llevaría a cabo un ensayo [clínico] en medio de una epidemia… Por favor, respondan para discutir tarifas y reparto de costes y por supuesto, los esfuerzos que se están llevando a cabo actualmente en el litigio y otras estrategias”.
El lunes 23 de abril de 2001, a las 09:28:39 exactas (EDT) a través de la misma dirección de correo electrónico, el Sr. Irukera volvió a mandar otro correo a Ishola, que decía en una parte: “He leído sobre el asunto en los periódicos y creo que has hecho un trabajo estupendo. Es hora de que se hagan reformas en Nigeria. Como he dicho anteriormente, la acción podría excluir las acciones de Estados Unidos, pero he investigado más a fondo y incluso podríamos llevar la acción hasta lo más lejos, ya que ambas acciones persiguen objetivos diferentes… Como he dicho, estaré en Nigeria unos días a finales de la primera semana de mayo, así que si está interesado podríamos citarnos para discutir el tema más a fondo. Ya le di mi dirección, pero no tengo la suya. Una vez más, enhorabuena y continúe realizado este estupendo trabajo”.
Después, el miércoles 10 de octubre de 2001, a las 10:29:59 EDT exactas, Ishola recibió el tercer correo del Sr. Irukera, en el que decía: “Felicitaciones, ¿cómo está? Siento que no nos conociéramos el pasado mes de mayo, estuve muy pocos días e hice todo lo posible. De todas maneras, ¿qué pasa con la acción? No he visto nada últimamente en las noticias. Me gustaría saber cómo va todo”.
Kunle Omotimirin, de Omotimirin, Ishola & Associates, explicó que cuando el Sr. Irukera tuvo claro que no podía entrar en su equipo, acudió al antiguo fiscal general del estado federal, Bayo Ojo, quien le entregó los informes del gobierno.
El señor Omotimirin opinaba que Irukera no tenía la influencia suficiente para llevar a cabo ese caso tan grande, y por lo tanto, invitó al antiguo fiscal de Lagos, Yemi Osinbajo, a entrar en el caso. Fue Osinbajo quien después empujó a Maryam Uwais a unirse para formar el equipo legal del gobierno. “Los arrastró al lodo. Utilizó los nombres de grandes abogados como Osinbajo y Uwais. Necesitaba de su experiencia y prestigio para poder conseguir su objetivo”.
La indemnización de Pfizer: ¿Quién obtuvo qué?
En 2009, cuando Pfizer y el gobierno del estado de Kano llegaron a un acuerdo, la compañía multinacional acordó pagar 75 millones de dólares en compensación. Sin embargo, observando la proporción de reparto, sólo una mínima parte de esa suma fue destinada a las víctimas. De los 75 millones de dólares, 10 millones se destinaron a los abogados del gobierno para pagar sus honorarios por prestar sus servicios al gobierno del estado de Kano. SimmonsCooper también obtuvo cinco millones de dólares más por prestar sus servicios al gobierno federal, pagados por Pfizer.
30 millones de dólares fueron destinados a la construcción de hospitales en la metrópoli de Kano, y otros 35 millones de dólares se destinaron a las doscientas víctimas a las que Pfizer afirmaba haber realizado las pruebas.
Sin embargo, para compensar a las víctimas, tanto Pfizer como el gobierno del estado de Kano impusieron taimadamente unas condiciones que las victimas debían cumplir antes de ser indemnizadas. También se les ocurrió la idea de una solución escalonada para las víctimas. Según el acuerdo, se indemnizará a las victimas con un importe entre los 10.000 y 175.000 dólares. El importe que la victima recibirá también estará sujeta a la decisión de un comité llamado Trovan Settlement Committee (comité del acuerdo de Trovan).
La composición de este comité también ha sido un tema polémico ya que las víctimas no estaban representadas en el mismo. El Comité del Acuerdo Trovan, es un comité formado por seis miembros: tres nombrados por el estado de Kano y tres más seleccionados por parte de Pfizer.
“¿Cómo se puede ser juez de un caso en el que también se está acusado?” argumenta Ishola. Según él, se trata de una estratagema de Pfizer para impedir que las victimas cobren una compensación adecuada. Los abogados de las víctimas dicen que si el comité decidía indemnizar a cada víctima con 10.000 dólares, Pfizer pagaría a las doscientas víctimas la miseria de 2 millones de dólares, mientras que el abogado del gobierno hubiera ganado uno 15 millones de dólares por llevar el caso.
“Su objetivo era ganar dinero”, dijo Ishola. “Si su objetivo no hubiese sido el de ganar dinero, no aceptarían el dinero hasta que sus víctimas hubieran sido indemnizadas”.
SimmonsCooper, que dijo no estar representado en el comité, sin embargo, explicó que lo que hizo el gobierno de Kano fue intentar aliviar el sufrimiento del pueblo destinando una cantidad de dinero al mismo.
“Debido a que el caso de Kano no fue el caso de las víctimas en los tribunales y que las víctimas tampoco formaron parte directa de la acción, se decidió que era imposible que el estado de Kano pudiera liberar a Pfizer de su responsabilidad para con las víctimas y, de ninguna manera, obligar a las víctimas que no estaban de acuerdo (especialmente las del caso de Nueva York) a retirarse de los fondos establecidos por Pfizer.”
EN LA CUARTA PARTE DE NUESTRAS INVESTIGACIONES EXCLUSIVAS SOBRE EL CASO DE LAS PRUEBAS CON TROVAN DE PFIZER, EXAMINAMOS CÓMO LOS TESTS DE ADN ESTÁN IMPIDIENDO QUE LAS VICTIMAS TENGAN DERECHO A SER INDEMNIZADAS.
Nicholas Ibekwe
Publicado en el blog Nigeria Village Square, el 16 de enero de 2011.
Traducido por Alicia Roca Canales, alumna de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid Traducción/Interpretación, colaboradora en la traducción de algunos artículos.
