Cuando en 1996 surgió un brote de meningitis, con miles de muertos, en el norte de Nigeria, la compañía farmacéutica Pfizer aprovechó la circunstancia para probar un nuevo antibiótico: Trovan. A partir de entonces, nos encontramos frente a una guerra de datos y cifras, con tres actores principales: el Gobierno Federal de Nigeria, el Estado de Kano y la compañía Pfizer.
– El Gobierno Federal de Nigeria afirma que la prueba fue muy ámplia, mientras que Pfizer dice que solo se administró a 200 personas.
– Según el Gobierno de Nigeria, 50 niños murieron y muchos más desarrollaron deformidades. Pfizer afirma que solo murieron 11personas.
– Existen diferentes listas de víctimas que van creciendo a lo largo de los años y cuyos nombres ni coinciden entre sí ni con la lista original de Pfizer. Pfizer cree que se trata de un caso de picaresca nigeriana, que intenta sacar provecho de la situación, mientras que los nigerianos dicen que los efectos secundarios van apareciendo poco a poco, con el pasar del tiempo, y que, además, según la costumbre del país, la gente cambia de nombre según la evolución de su condición social o familiar.
– El Gobierno afirma que todo el mal fue causado por Trovan y Pfizer niega que Trovan fuera la causa directa de las muertes y de las deformidades, al contrario, sostiene que el producto ayudó a salvar muchas vidas.
– El Gobierno defiende que Pfizer no obtuvo autorización antes de distribuir la medicación. Pfizer dice que el ensayo se realizó en acuerdo con los entes locales y el derecho internacional.
– Los términos precisos del litigio nos son desconocidos, aunque se cree que el Gobierno Federal de Nigeria empezó exigiendo 6.500 millones de dólares de indemnización y el estado de Kano pedía 2.750 millones. Por su parte, Pfizer empezó ofreciendo 10 millones de dólares, y terminó con una oferta de entre 34 y 50 millones a dividir entre la Comisión Federal, el Estado de Kano y las víctimas. Sorprendentemente, una primera ayuda a las víctimas, presupuestada al inicio en 100.000 Nairas (unos 670€) por persona, acabó reducida entre 8.000 y 10.000 Nairas por víctima.
Otros datos interesantes:
– La denuncia tuvo lugar en el 2005, nueve años después de los hechos ocurridos y una semana después de la dimisión del Presidente Obasanjo.
– A instancias del Estado de Kano, se hizo una investigación cuyo resultado fue un informe oficial (en el 2001) que nunca se publicó. El presidente de la comisión investigadora, por su parte, reveló haber recibido amenazas de muerte, pero no dijo de quien.
Una cosa está clara en este lío de acusaciones, ofertas y contraofertas: las verdaderas víctimas, los que han sufrido los efectos de la medicina, los muertos, los discapacitados permanentes con parálisis cerebral o deformación de articulaciones, y los afectados a nivel familiar y social… se han convertido en el campo de batalla de los titanes, donde unos quieren pagar lo menos posible y los otros intentan sacar lo más posible.
Y la pregunta de fondo permanece: ¿Quién se va a beneficiar de todo esto? En el campo de batalla, todo se pisotea y se reduce a polvo.
