AEFJN hace un llamamiento a todos los gobiernos, a las organizaciones internacionales, a la Asamblea general de la ONU y a los inversores, para que adopten una moratoria de 5 años sobre adquisiciones de tierras a gran escala en el mundo entero, hasta que se hayan puesto en pie salvaguardas que impidan un impacto negativo sobre las comunidades locales

1.- ¿Por qué una moratoria?

Una moratoria de 5 años paralizará todas las actividades relacionadas con la adquisición de tierras a gran escala (ATGE) que derivan en una transferencia de productos alimenticios y de recursos de energía de países en vías de desarrollo hacia otros países por medio de mecanismos y contratos injustos. Actualmente muchas de las adquisiciones (ATGE) están generando una miseria humana y económica y destrozos medioambientales que atentan contra los derechos humanos. Su impacto negativo sobre las poblaciones rurales, sobre la agricultura familiar, el medio ambiente y sobre el derecho a la alimentación se deriva de la ausencia de leyes nacionales e internacionales que regulen las ATGE. Hasta que se establezcan medidas adecuadas al respecto, debe respetarse una moratoria. En los 5 años de moratoria podría adoptarse una legislación de obligado cumplimiento por parte de los inversores agrícolas; legislación que podría basarse el la Directrices de la FAO sobre gestión de la tierra, de la pesca, de los bosques, que garanticen la seguridad alimentaria de los países. Éstos, a su vez, podrían poner en marcha una reforma agraria que garantizara a la agricultura familiar, los derechos a la posesión de la tierra que trabajan y de la que viven, y dotarse de una legislación adecuada. Los países inversores podrían crear mecanismos de sanción de las violaciones cometidas por las empresas inversoras. La ONU podría decretar una moratoria hasta que las normas fueran puestas en marcha. Una resolución onusiana de este tipo tendría un peso político y moral indudable como base para la elaboración de leyes internacionales que impidan el acaparamiento de tierras.

2.- Impactos de las ATGE sobre la población, medio ambiente y economía

a) Sobre la población

Las grandes plantaciones producen desplazamientos de agricultores familiares (obligados a abandonar su tierra y sus aldeas, y dejan el control de la tierra y de los recursos hídricos en manos de la agro-industria. Retrata con frecuencia de expulsiones ilegales, con violación de los derechos de los agricultores, concretamente de su derecho a la alimentación y a un nivel de vida adecuado.
Muchos acaparamientos de tierras se producen en países en los que la gestión de la tierra y el acceso a la misma y los derechos de los usuarios están poco garantizados; falta un marco jurídico (seguridad jurídica) que proteja y garantice los derechos de los agricultores. Se reforman las leyes agrarias siguiendo modelos occidentales, con títulos de propiedad comercializables, ignorando costumbres o derechos consuetudinarios y/o comunitarios. Los gobiernos y los inversores pueden vender y/o alquilar tierras que califiquen de “no ocupadas” o “vacantes” y los contratos firmados pueden desposeer o expropiar a las comunidades locales de su tierra, cuando en realidad esta tierra “inutilizada” es cultivada desde hace siglos por las poblaciones y tiene, además, un valor cultural importante.
El acaparamiento de tierras viola el derecho a la alimentación, priva a los agricultores familiares del acceso a la tierra y al agua, que son los recursos fundamentales para su subsistencia. En la mayoría de los países en vías de desarrollo, la agricultura familiar juega tiene un protagonismo determinante que garantiza la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Parte de la cosecha se destina al consume y el resto se vende para cubrir otras necesidades. En este contexto, las sociedades que acaparan las tierras privan a agricultores y pastores de sus medios de subsistencia. Muchos se ven obligados a emigrar hacia los suburbios de las ciudades, ya que la pérdida de la tierra no es compensada por empleos adecuados o por compensaciones económicas suficientes. Además, las cosechas producidas son a menudo destinadas a la exportación, reduciendo la disponibilidad alimentaria de los mercados locales; todo lo cual agrava el peligro de hambrunas.

Muchos contratos son opacos, firmados en secreto, sin el consentimiento libre, previo e infomado de la población local, que se entera cuado las escavadoras llegan a sus tierras.
El acaparamiento corre el peligro de provocar la desestabilización de países y conflictos sociales entre inversores y poblaciones rurales, entre pastores y agricultores (dada la escasez de la tierra y del agua), entre comunidades en el interior de un mismo país.

b) Medio ambiente

Frecuentemente, los ATGE están destinados a la agro-industria, con sus repercusiones evidentes de polución y daños a la biodiversidad. Se utilizan grandes cantidades de productos químicos, maquinaria pesada y a menudo organismos genéticamente modificados (OGM). Se producen fuertes impactos negativos ambientales.
Los OGM conducen a la desaparición de semillas y variedades alimentarias locales, lo que compromete el derecho de los agricultores a conservar, replantar, compartir y propagar libremente sus propias semillas, forzados como se encuentran a comprar semillas caras y los productos químicos correspondientes.

c) Economía

Los inversores y los gobiernos presentan los contratos como firmados de igual a igual, entre “ganador y ganador”; contratos gracias a los que todos ganan. Los gobierno esperan la creación de empleos, la generación de ingresos, la modernización de la agricultura, el aumento de la productividad. Con frecuencia, además, los inversores prometen suministrar otros servicios, infraestructuras, dispensarios, escuelas. La realidad demuestra que muy pocas de estas expectativas y promesas se materializan. Más bien al contrario, hay pocas ATGE que hayan sido beneficiosas para la población local: los beneficios y recursos son exportados y, en consecuencia, se produce una pérdida para el país en vías de desarrollo de recursos y de seguridad y soberanía alimentarias, con un modesto provecho económico. Los gobiernos venden o alquilan por muchos años los terrenos a bajo precio y además conceden a los inversores dispensas de impuestos y autorización para repatriar los beneficios. Las inversiones crean en realidad pocos puestos de trabajo ya que el trabajo está mecanizado; la mayoría de los empleos son temporales/estacionales mal pagados.
En la mayoría de los casos los ATGE se focalizan en la agricultura industrial destinada a la exportación. Ello significa que se deja menos tierra para la agricultura de subsistencia y autoconsumo, con lo que se reduce la productividad y se aumenta el riesgo de inseguridad alimentaria. Los agricultores que se dedican a producir para la exportación dependen más de los mercados internacionales, que son fluctuantes. El país puede verse forzado a importar alimentos y perder soberanía. Tampoco se produce el esperado trasvase de tecnología que podría servir a la modernización y aumento de la producción agrícola.

3.- Principales actores que promueven las ATGE

Las crisis financieras han desencadenado una avalancha mundial hacia la tierra. Los países industrializados y emergentes adquieren grandes extensiones de tierra en países en vía de desarrollo para satisfacer sus necesidades domésticas en productos alimenticios y energéticos. La disponibilidad de capitales para las ATGE ha aumentado, ya que los inversores han retirado su dinero del mercado inmobiliario para invertirlo en materias primas. La disminución de carburantes fósiles ha derivado en inversiones en tierras para producir agro-carburantes, promovidos, por otro lado, como solución duradera al cambio climático. En consecuencia, sociedades norteamericanas, europeas, de Asia,, de Brasil, de países del Golfo han ido adquiriendo tierras en África y América latina.

a) Políticas de los países industrializados que facilitan los ATGE
En estos últimos años, en Europa y en EEUU la industria de los bio-carburantes, ha recibido apoyos y subsidios públicos. Ello ha conducido a la compra o alquiler de grandes extensiones de tierra en países en vías de desarrollo para crear enormes plantaciones que, a su vez, han provocado el desplazamiento de poblaciones locales y la destrucción o degradación de recursos naturales (agua, bosques, capa freática). La producción de bio-carburantes ha entrado en frontal competición con la producción de alimentos, cuyo precio ha subido causando hambrunas en algunas zonas.

La agro-industria se beneficia de tratados (TBI) que dan seguridad a sus inversiones y las protegen con exenciones de impuestos y facilidades de repatriación de beneficios. Los inversores pueden llevar a los tribunales de arbitraje a los gobiernos si juzgan que éstos no cumplen con los TBI.

Los EEUU facilitan las inversiones en tierra y apoyan la agro-industria por medio del programa Millenium Challenge Account. Los “beneficiarios” (países africanos) pueden recibir subvenciones a condición de que acepten políticas neoliberales, como la privatización de la tierra por medio de la creación de títulos de propiedad comercializables que sean atractivos para los inversores internacionales.

b) Prácticas de organizaciones internacionales e intergubernamentales que facilitan la ATGE

El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llevan años impulsando la inversión orientada a la exportación como motor de desarrollo. El BM facilita el acaparamiento de tierras condicionando sus préstamos a la exigencia de que los países creen “un entorno favorable a las inversiones”.

La “Nueva Alianza para la seguridad alimentaria y la nutrición en África” del G8 es una iniciativa que favorece desproporcionadamente a las grandes sociedades extranjeras de agro-industria en detrimento de los agricultores familiares africanos. Los programas de esta iniciativa incluyen la elaboración y aplicación de nuevas leyes agrarias, reformas agrarias, cartografía de la tierra, la creación de un banco de “tierras adecuadas”, una ventana única para inversiones privadas (de sociedades transnacionales) en la agricultura.

Conclusión

Es urgente y necesaria una moratoria de los ATGE para poner fin a los negativos impactos sobre la población, medio ambiente y economía de los países en vías de desarrollo. Los principales productores de alimentos en estos países son desposeídos de su tierra, de sus medios de subsistencia. Las inversiones se dirigen hacia un modelo industrial de agricultura basado en la exportación; algo que agota los recursos naturales de los países. Estos países apenas si sacan provecho alguno mientras grandes sociedades extraen grandes beneficios de la exportación de alimentos y de agro-carburantes desde países que pasan hambre.

Es absolutamente necesario invertir en la agricultura familiar, ya que es más productiva, duradera y respetuosa con el medio ambiente que la industrial. Inversiones en la agricultura familiar harían mejorar las condiciones de vida del medio rural y crearían oportunidades entre la juventud rural.

Una moratoria permitirá a los gobiernos nacionales elaborar una legislación estricta de las inversiones agrícolas que proteja las comunidades locales y el medio ambiente. Los países deben emprender reformas agrarias en beneficio de la propiedad de la tierra por parte de los agricultores familiares.

Durante la moratoria, los países inversores y los organismos intergubernamentales e internacionales deben aprovechar la oportunidad de cambiar sus políticas y sus prácticas que están facilitando los acaparamientos de grandes extensiones de tierra que son tan negativos. Si no se interviene, los ATGE causarán catástrofes humanas y medioambientales irreparables. La moratoria es una necesidad urgente para proteger a las personas, la naturaleza y a las generaciones futuras.

Traducción y resumen: Ramón Arozarena, 6.03.2014

(Fuente: Echos d’AEFJN, février 2014)