Integrantes de los partidos políticos perdedores de las elecciones del 21 de mayo de 2019, en las que se escogía al presidente de la república, los miembros del Parlamento y los concejales locales, han entregado solicitudes en las que reclaman nuevas elecciones en varias dependencias judiciales.
La Comisión Electoral de Malaui (MEC) y los parlamentarios ganadores están tratando de probar que no existieron irregularidades tanto durante el proceso de votación como en el posterior proceso de recuento.
Aunque la Comisión publicó información sobre los pasos necesarios para exigir una nueva comprobación de los resultados, Ngeyi Kanyongolo, profesor de derecho en el Chancellor College, afirma que muchos de los candidatos que ponen en duda los resultados electorales carecen de conocimientos acerca de los procedimientos judiciales.
El experto en temas políticos George Phiri resalta el caso del distrito de Nkhata Bay, en el que el vicepresidente del Partido Popular ha sido capaz de llevar a juicio al candidato que había ganado las elecciones.
Por otra parte, el Presidente Peter Mutharika está tratando de conseguir que el Tribunal Constitucional desestime las peticiones de revisión de los líderes de los partidos opositores en el marco de la carrera por la presidencia del país. El principal argumento del equipo del presidente electo se basa en las teóricas irregularidades del recurso presentado por sus rivales más fuertes.
Saulos Chilima, que ha sido la mano derecha del Presidente durante la legislatura 2014-2019, habría sobrepasado el plazo legalmente establecido para la presentación de apelaciones, que consiste en 7 días tras el anuncio de los resultados. En cuanto a su otro contrincante, Lazarus Chakwera, el grupo de Mutharika considera que el documento contiene defectos de forma que inhabilitan su legalidad.
Estas peticiones fueron presentadas después de la declaración de Mutharika como vencedor de las elecciones presidenciales con el 38,57% de los votos, seguido muy de cerca por Chakwera (35.41%) y Chilima (20.24%).
Las quejas de estos últimos se centran principalmente en la existencia de anomalías en la gestión y análisis de los resultados, lo que justificaría su anulación.
Fuente: Nyasa Times
[Traducción y edición: Álvaro García López]
[Fundación Sur]
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