Después de los motines que mancharon la imagen de las fuerzas armadas de Burkina Faso, y del país, ha llegado la hora de las sanciones contra los principales responsables de saqueos y otros actos de vandalismo e indisciplina. La noticia ha sido hecha pública, la semana pasada, por el primer ministro de Burkina durante su visita a Francia. Según Luc Adolphe Tiao, más de 500 militares serán retirados del ejército y una centena comparecerá ante el tribunal militar, para responder de los actos de que se los acusa.
Si este anuncio muestra que el gobierno burkinés va a asumir sus responsabilidades frente a los motines, hay que constatar que la decisión de expulsar a más de medio millar de militares no sea un arma de doble filo. La cuestión que viene a la mente es saber si no se los va a enviar a engrosar las filas de los rebeldes que deambulan por la sub región del África del oeste, o a los bandidos que amenazan la libre circulación de bienes y personas en nuestros pueblos y ciudades. Sin duda, es oportuno que el gobierno de un golpe sobre la mesa, pero ¿no se está arriesgando a crear un problema de inseguridad más grave aún? La cuestión merece ser planteada, sobre todo en un contexto nacional en el que basta una chispa para provocar el incendio. Sin embargo, nada puede justificar la impunidad para los amotinados, ni para ciertos altos mandos del ejército por culpa de todo el lío que se ha creado.
Bark Biiga, de Fasozine
Senego
