Al conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, exigimos la rendición de cuentas por los delitos sexuales cometidos en Sudán, incluidos los cometidos durante el conflicto de Darfur, así como los que ocurrieron durante la masacre del 3 de junio. Cuando los perpetradores quedan impunes se les anima a ellos y a otros a continuar cometiendo tales actos sin temor a las consecuencias. Mientras tanto, las víctimas sufren duraderos efectos físicos, psicológicos y sociales, como vimos en nuestra reciente visita a campos de refugiados, hogar de muchas víctimas de estas atrocidades.
Cuando los miembros de las fuerzas de seguridad sudanesas, principalmente de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), atacaron a los civiles que participaban en la sentada pacífica frente a la sede militar a principios de junio, al menos 118 personas fueron asesinadas y otras 500 resultaron heridas. Según se ha afirmado, al parecer, las RSF utilizaron munición real contra los manifestantes, arrojaron los cuerpos al Nilo y atacaron a hospitales y personal médico. También se informó de casos de violación y otras formas de violencia sexual, y algunos médicos estimaron que, en ese día, fueron cometidas, al menos, 70 violaciones contra mujeres y hombres.
Reiteramos nuestro llamado al envío de una misión internacional de investigación para investigar la masacre del 3 de junio en Jartum y la violencia que ha tenido lugar en Sudán desde que estallaron las protestas en diciembre pasado. Dicha investigación debe incluir un enfoque sobre casos de violencia sexual y proporcionar recomendaciones concretas obligatorias para ser realizadas sin demora para que los responsables rindan cuentas y se garantice la reparación a las víctimas.
Estos informes de violaciones cometidas por la RSF no fueron una sorpresa. Este cuerpo militar, compuesto principalmente por exmiembros de la milicia Janjaweed, es conocido por haber cometido graves crímenes, incluidos crímenes sexuales, durante el conflicto que estalló en Darfur en 2003. Las RSF están dirigidos por Mohamed Hamdan Dagalo, también conocido como «Hemetti”, el actual subjefe del Consejo Militar de Transición. Hemeti es conocido por ser un influyente exlíder de Janjaweed que ocupó también el cargo de asesor de seguridad del gobierno para Darfur del Sur.
Los crímenes sexuales han sido una de las facetas más llamativas del conflicto en Darfur. Docenas de investigaciones revelaron la devastadora violencia infligida a mujeres y niñas, muchas de las cuales sufrieron en público violaciones en grupo durante las operaciones militares contra sus aldeas. Algunas fueron secuestradas y mantenidas cautivas como esclavas sexuales durante días en campamentos militares. Otras fueron violadas en, o cerca de, campamentos destinados como refugio para personas desplazadas. Más aún, a otras se les extirparon los bebés de sus vientres y otras sufrieron mutilaciones genitales y la humillación de la desnudez publica forzada. También los hombres fueron víctimas de abusos, muchos sufrieron mutilaciones sexuales. La mayoría de estos crímenes fueron cometidos por fuerzas sudanesas de seguridad y sus aliados dentro de la milicia Janjaweed, que hasta ahora han gozado de total impunidad.
Después de la remoción de Omar Al-Bashir del poder, se fortalecieron las demandas de su traslado a La Haya para que fuera juzgado ante la Corte Penal Internacional (CPI). Hace una década, el 4 de marzo de 2009, la CPI emitió una orden de arresto contra él, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur. En julio de 2010, la CPI emitió una segunda orden de arresto en su contra por genocidio. Los cargos presentados contra Al-Bashir incluyen violación, que inicialmente daba esperanzas de que finalmente se haría justicia a miles de víctimas de crímenes sexuales. Sin embargo, diez años después de que esta histórica orden de arresto fuera emitida, ni una sola acción legal ha proporcionado medida alguna de justicia para las víctimas, mientras que la violencia sexual sistémica sigue activa en Sudán con impunidad.
Durante una visita reciente a los campamentos de refugiados en Djabal y Goz Amer, en el este de Chad, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Africano de Estudios de Justicia y Paz (ACJPS) hablaron con casi cien mujeres y hombres, la mayoría de los cuales eran víctimas de crímenes sexuales. Habían llegado a los campamentos principalmente entre 2003 y 2013, después de haber sufrido violación, incluida violación en grupo, u otros actos de violencia sexual que equivalían a tortura.
Z.M. nos habló sobre su experiencia como esclava de los Janjaweed, siendo sometida a una violación en grupo cuyos dolorosos efectos aún la hacen sufrir. Dos de sus hermanas, que viven con ella en el campamento, sufrieron el mismo trato.
A.Q. nos describió la estigmatización de la que su hija, concebida por un acto de violación de Janjaweed, sigue siendo víctima. B.C. describió actos de tortura sexual que sufrió mientras estuvo en la cárcel, actos cuyos efectos persisten hasta el día de hoy.
La gran mayoría de los refugiados entrevistados no tenían la intención de regresar a Darfur. Antes de cualquier potencial repatriación, se debe ofrecer a las víctimas reparaciones efectivas, así como la urgentemente necesaria asistencia médica, social y psicológica.
A.A. acababa de regresar de una visita a algunos pueblos de Darfur cuando hablamos con ella. Ella comentó que “nada ha cambiado. Las mujeres siguen siendo violadas. ¿Por qué deberíamos regresar a Darfur? […] Antes de volver, los criminales que nos atacaron deben abandonar el país. Por ahora, están todavía allí. Ninguno de ellos ha sido procesado por la Corte Penal Internacional”.
Los testimonios que reunimos en el este de Chad, que se harán públicos en un próximo informe, dan fe de que no se ha hecho justicia a las víctimas; En resumen, un abandono colectivo.
La masacre del 3 de junio cometida en las calles de Jartum es una extensión inquietante de los graves crímenes que las RSF han cometido en Darfur y en otras partes de Sudán. Es una evidencia continua de cómo la arraigada impunidad ha constituido un terreno fértil para la continuación de graves violaciones de derechos humanos en todo Sudán. Es imperativo que aquellos que supervisaron esta institucionalizada brutalidad sean llevados ante la justicia.
Tchérina Jérolon
* Tchérina Jérolon, Directora Adjunta de la Oficina de África, FIDH. Daisy Schmitt, Oficial del Programa de Derechos de la Mujer, FIDH
Fuente: Sudan Tribune
[Fundación Sur]
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