La situación política de Malí a cuatro meses de las elecciones presidenciales (Parte 5/6)

5. El deber de la «comunidad internacional»

El carácter pusilánime de los líderes de Malí durante dos décadas ha llevado a esta situación en la que una gran parte del territorio no conoce la presencia del Estado, en la cual las capitales regionales del Norte han tomado de hecho el hábito de administrar de manera autónoma con respecto al Estado central, y en el que se ejercen varias funciones soberanas esenciales (defensa, seguridad interna, presupuesto estatal y cuentas nacionales, en particular) bajo el control más estrecho y con competencia decisiva de socios externos. El primer aspecto es admitido por todos. En el segundo, la historia de Gao desde 2012 es alentadora, y debemos escuchar a Ousmane Sy, que fue ministro de descentralización, cuando dijo: «Debemos enfrentar la realidad: nos guste o no, Kidal está cambiando de estado, al igual que Timbuktu, Gao y Mopti”.

En cuanto al tercer aspecto, ¿no deberíamos dejar de lado el silencio políticamente correcto y abrir nuestros ojos para admitir que la dependencia de Malí de sus vecinos e instituciones africanas, así como de las Naciones Unidas y de algunos países occidentales y árabes, equivale a una tutela? En su mayor parte, Malí ejecuta decisiones tomadas en otro lugar; en el mejor de los casos, está asociado con la decisión, pero lo más frecuente es que solo busque ayuda y su opinión apenas importe. Lo que es obvio en el área de defensa y economía no se limita a estos sectores: por ejemplo, la MINUSMA es consultada sobre la revisión de la ley electoral, en lugar de los abogados de Malí que tomaron posición en esta operación. Cuando las funciones soberanas están tan sujetas a la opinión, la decisión, el control de las autoridades externas, ¿no estamos en un sistema de administración fiduciaria? Es obvio que esta situación solo puede crear reacciones hostiles en la población, y que esta ira puede ser avivada por políticos deseosos de forjarse una reputación y una clientela.

Esta situación inevitablemente le da a los países e instituciones que ejercen esta responsabilidad responsabilidades especiales, que no toman sin querer, se sabe desde 2013. Las críticas dirigidas a la MINUSMA se recogieron recientemente en una frase, a decir verdad un poco fácil viniendo de él, de IBK: «Sin un mandato más ofensivo, que reclamamos tajantemente, la Minusma […] se contenta hoy con ocuparse de los asuntos sociales». Se oculta la cara al hablar de mantenimiento de la paz en un país en guerra con un enemigo externo –sostenido por una línea de fondo internacional de desesperación- y sus aliados internos manipulados y adoctrinados; también es ocultar la cara el negarse a participar en la lucha contra los traficantes que financian a los grupos armados y más allá. Dicho esto, tanto IBK como la «comunidad internacional» persisten en diseñar sus intervenciones sólo en su aspecto militar, y olvidan imponer las reformas políticas y morales que serían decisivas para la recuperación. Todos saben que la lucha armada contra los grupos armados no será suficiente para restablecer la paz: requerirá acuerdos políticos, de los cuales Uagadugú supone una prefiguración muy parcial y Argel una prefiguración pobremente concebida y, por lo tanto, desafortunada. Los hechos muestran que, ya en 2013, IBK y François Hollande llegaron a un acuerdo perfecto pero tácito sobre el hecho de que los problemas reales no deberían abordarse, las verdaderas causas del colapso de Malí después del golpe improvisado del Capitán Sanogo. Este pesado silencio se mantuvo en Argel, por lo que la mediación argelina fue inútil.

En resumen, el debate político indispensable entre los malienses sobre las razones para permanecer juntos y sobre las modalidades de hacerlo aún debe organizarse y conducir a la definición de un nuevo contrato social. La «comunidad internacional», que en realidad tutela sobre Malí, debe comprenderla y encontrar una forma de ayudar a organizar este debate: primero imponiendo el principio de este debate nacional, ya que las fuerzas políticas internas no han estado allí durante cinco años; luego al nombrar mediadores imparciales, convencidos de las virtudes de la verdadera democracia, que combina la libertad de elección y la responsabilidad de la élite, lo que nunca ha sido el caso hasta ahora; y finalmente, ayudando a las autoridades, ya sean elegidas regularmente o de transición, a llevar este proceso a una conclusión exitosa.

Por el contrario, es bastante poco realista sugerir, como recientemente lo hizo un grupo de investigadores, que los estados sahelianos podrían organizar las conversaciones que conducirían a la paz en todos ellos y en todos sus territorios. ¿Cómo se puede escribir primero que «los estados del G5 Sahel son demasiado débiles para regular los apetitos político-económicos de estas milicias” con base comunitaria que han creado para luchar contra la inseguridad en áreas que no controlan, y afirman algunas líneas más allá de que «los estados sahelianos deben asumir la responsabilidad de abrir estos diálogos [complementario al acuerdo de Argel, especialmente en las regiones que este acuerdo no cubre], incluyendo, lo consideran útil, con grupos yihadistas «. ¿Quién no ve la contradicción?

En el punto donde está Malí, es sin duda la «comunidad internacional» la que debe tomar conciencia de su compromiso ineludible, de los riesgos que la indecisión y la inacción en este terreno en llamas presentan para sí mismo, y para enfrentar sus responsabilidades al dar a la MINUSMA un mandato político que va mucho más allá de la organización de unas elecciones de las que ya hemos visto, no podemos esperar nada: un mandato para conducir negociaciones entre los partidos malienses, aquellos que firmaron el Acuerdo de Argel y aquellos que, después, se han manifestado especialmente en el centro del país, pero también la sociedad política y la sociedad civil, que se mantuvieron fuera de la discusión desde 2012.

Por muy humillante que parezca, las consecuencias se deben extraer del hecho de que el aparato administrativo y las elites políticas dominantes ya no tienen legitimidad. La fuerza y los medios de acción se transmiten a la «comunidad internacional» incluso si carece de legitimidad y determinación. Pensar en una reconstrucción del estado desde abajo hacia arriba, y sobre una base sólida, es soñar: frente a la agresión externa y la profunda depresión en la que los ciudadanos se han hundido, solo el apoyo externo puede actuar.

Joseph Brunet Jailly

Fuente: Le Republicain – Malíjet

[Traducción, Jesús Esteibarlanda]

[Fundación Sur]

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