La Enviada Especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales y Arbitrarias, Agnes Callamard, ha expresado su preocupación por la elevada tasa de ejecuciones extrajudiciales en Nigeria. La representante de la ONU, cuya visita oficial al páis el pasado 19 de agosto y finalizó el 3 de septiembre, viajó a Nigeria para examinar posibles violaciones del derecho a la vida por parte de actores estatales y no estatales; así como la estrategia de seguridad federal, estatal y las respuestas a nivel federal y estatal a las acusaciones de privación arbitraria de la vida. Según Callamard:

“la situación general que encontré en Nigeria es muy preocupante. En muchos sentidos, las autoridades federales y los socios internacionales están presidiendo una olla a presión de injusticia. Algunos de los contextos específicos que examiné están hirviendo a fuego lento. Las señales de advertencia parpadean en rojo brillante: aumento del número de ataques y asesinatos en los últimos cinco años, con algunas excepciones notables; aumento de la delincuencia y propagación de la inseguridad; fracaso generalizado de las autoridades federales a la hora de investigar y exigir responsabilidades a los autores, incluso por asesinatos en masa.

Hay una falta de confianza pública en las instituciones judiciales y en las instituciones del Estado en general; al igual que altos niveles de resentimiento y quejas dentro de las comunidades y entre ellas: narrativas etnorreligiosas tóxicas e ideologías “extremistas”, caracterizadas por la deshumanización de los “otros”, y la negación de la legitimidad de las reivindicaciones de esos otros, así como una ruptura generalizada del estado de derecho con consecuencias particularmente graves para las poblaciones más vulnerables y empobrecidas de Nigeria”.

Callamard añadió que la debilidad del Estado de derecho y su creciente crisis se entrelazaban con los problemas de la explosión demográfica en todo el país y el aumento de las tasas de pobreza extrema que caracterizan la realidad de aproximadamente la mitad de la población nigeriana. La representante de la ONU declaró más adelante lo siguiente:

“Esto se ve exacerbado por la degradación ambiental y la desertificación que se extienden por toda África Occidental. También se alimenta de la creciente proliferación de armas pequeñas y de grado militar que se han puesto a disposición como resultado de la inestabilidad regional originada, según algunos informes, desde el norte hasta los conflictos libios.

Estas presiones nacionales y regionales más amplias aplicadas contra los diversos sistemas ecopolíticos y económicos de Nigeria están produciendo sistemas localizados y patrones de violencia en todo el país, muchos de los cuales parecen estar fuera de control. Se cobran la vida de miles de personas e incluyen, por ejemplo, asesinatos arbitrarios en el contexto del conflicto militar, en el norte del país, contra Boko Haram y grupos escindidos; el conflicto en el Cinturón Medio, junto con algunas partes del noroeste y del sur, entre pastores fulani y comunidades campesinas pertenecientes a diversos grupos étnicos; las sectas religiosas en los estados productores de petróleo Sur-Sur y otras bandas criminales bien organizadas; las milicias locales dedicadas a la minería y al robo de ganado en el Noroeste, particularmente en Zamfara; la represión del Pueblo Indígena de Biafra (IPOB), el Movimiento Islámico de Nigeria (IMN) y el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP).

En junio de 2019, el Reloj Mundial de la Pobreza informó de que más de 91 millones (46,5%) de los 200 millones de nigerianos vivían en la pobreza extrema, así como de la expulsión masiva de los habitantes de los barrios de chabolas de Lagos y otros lugares y, en general, de las políticas e intervenciones motivadas por la codicia, que dieron lugar a asesinatos.

Los patrones a nivel nacional incluyen el uso excesivo de fuerza letal por parte de la policía y del ejército en violación de las normas internacionales aplicables, la falta de investigaciones efectivas, la ausencia de un procesamiento significativo, la militarización de la policía, todo lo cual se ve agravado por la falta de transparencia y de una estrategia de comunicación efectiva sobre la gran mayoría de las cuestiones de seguridad, lo que alimenta aún más la desconfianza en las agencias de seguridad.

El estado federal contiene estos subsistemas de violencia al apoyarse en gran medida en estrategias militares y de titulización. En algunos lugares, esto puede haber detenido el progreso de la inseguridad, al menos en la superficie, y reducido las tasas de homicidios (por ejemplo, en el noreste). Sin embargo, en muchos otros, la respuesta en materia de seguridad parece no haber hecho más que añadir nuevos agravios y fomentar la desconfianza, sin frenar la inseguridad ni proteger mejor a la población local, en particular a la que vive en zonas aisladas. Esto incluye, por ejemplo, el conflicto en el Cinturón Medio.

En otros sistemas ecopolíticos de violencia, la respuesta de seguridad es peligrosamente casi prospectiva, con individuos, comunidades y asociaciones que son blanco activo de lo que pueden haber hecho hace décadas, o de lo que pueden hacer o en lo que pueden convertirse, en lugar de lo que están haciendo o han hecho (por ejemplo, miembros del IMN, IPOB).

En todo el país, la estrategia de seguridad también ha sido utilizada por el poder local para hacer cumplir políticas, decisiones y acciones arbitrarias e ilegales como la expulsión masiva de los habitantes de las ciudades que viven en los márgenes para dar paso a condominios lucrativos o a otras urbanizaciones privadas y públicas.

Las respuestas de seguridad que carecen de equidad o justicia están exacerbando las debilidades de las instituciones policiales y judiciales, que carecen de la fuerza para resistir la creciente presión a la que se ven sometidas en virtud de la creciente criminalidad, los conflictos y los puntos conflictivos en materia de seguridad”.

La Enviada Especial de la ONU sugirió que el gobierno y la comunidad internacional debían dar prioridad a la situación en Nigeria, añadiendo que los asesinatos arbitrarios no podían ser tolerados. Concluyó que “debe haber un plan real en caso de los asesinatos de la policía. También el conflicto en el Cinturón Medio y los conflictos entre pastores y agricultores fulani debe ser priorizado lo más rápido posible porque se está extendiendo rápidamente. Necesitamos una solución a esto, pedimos al gobierno nigeriano que busque una solución humanitaria más corta e inmediata. Los desplazados y los campesinos viven con miedo. La falta de investigación sobre los asesinatos policiales y la falta de acceso a la justicia son preocupantes”.

Victoria Ojeme

Fuente: Vanguard Nigeria

[Traducción y edición, A. Martínez Pradas]

[Fundación Sur]

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