Las elecciones presenciales y generales de mayo de 2020, además de la muerte del presidente Pierre Nkurunziza, hicieron que Burundi se situara en el centro mediático internacional. El país se enfrenta ahora a uno de los momentos más oscuros de su historia desde la crisis de 2015.
La crisis de ese año comenzó cuando Nkurunziza, que llevaba en el cargo desde 2005, anunció que se presentaría para un tercer mandato. Esto se tachó de anticonstitucional y el anuncio desató protestas que fueron reprimidas y, al final, prohibidas por las autoridades. A pesar de las protestas, Nkurunziza volvió a ser elegido en julio en unas elecciones boicoteadas por la oposición.
Desde entonces, la libertad de prensa en Burundi se ha deteriorado considerablemente en una atmósfera de tensión y represión. Los medios locales han sido silenciados mediante ataques reiterados por parte del Estado y de los cuerpos de seguridad estatales.
Las voces independientes que siguen funcionando se enfrentan a difíciles condiciones, ya que existen controles restrictivos en la prensa y los periodistas y hay un miedo constante a las represalias de aquellos que gozan de impunidad.
Los medios de comunicación en Burundi desde una perspectiva histórica
El Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en Burundi del 2000, también conocido como el Acuerdo de Arusha, se sumó a la ola de esperanza que trajo el final de la guerra civil de Burundi, conflicto que duró doce años.
El acuerdo fue firmado en agosto del 2000 tras largas negociaciones facilitadas por los expresidentes Julius Nyerere, de Tanzania, y Nelson Mandela, de Sudáfrica. El acuerdo supuso el principio de un proceso de reconciliación que también implicó una mayor libertad de prensa.
Sin embargo, desde 2005 y tras la investidura de Nkurunziza, perteneciente al Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), las relaciones entre el Estado y los medios de comunicación se han tensado fuertemente.
Durante los años 2000, los periodistas burundeses se han enfrentado a tremendas dificultades al tratar temas muy delicados. Se les prohibió a los periodistas que cubrieran actividades rebeldes y cuestiones relativas a la seguridad y el mantenimiento del orden público.
La falta de confianza entre el gobierno y la prensa se iba haciendo más grande. Los periodistas recibían amenazas, intimidaciones y hasta eran encarcelados. En 2013, se aprobó una ley sobre los medios de comunicación tremendamente controvertida, que redujo la protección de las fuentes, limitó los temas sobre los que se podía informar e impuso nuevas multas a los medios de comunicación que violaran la ley.
El Consejo de comunicación nacional, que debería regular el sector, ha quedado bajo el poder de las autoridades políticas y se ha comprometido enormemente su independencia. En los círculos mediáticos se considera que el Consejo es una marioneta del gobierno.
Suspensión de los medios de comunicación
La decisión de Nkurunziza de presentarse a una tercera candidatura, lo cual iba contra la constitución del país, provocó básicamente un vacío en los medios de comunicación de Burundi. Cuando los medios privados cubrieron las protestas contra la posible tercera candidatura del presidente, su relación con las autoridades políticas se volvió inmediatamente más tensa. Algunas emisoras de radio se suspendieron y periodistas de este campo fueron amenazados.
El intento de golpe de Estado en mayo de 2015 supuso un punto de inflexión. Las fuerzas lealistas destruyeron el equipo de trabajo y televisión en las redacciones y quemaron la sede de varios medios de comunicación. Las fuerzas los acusaron de estar a favor del golpe de Estado y de emitir mensajes rebeldes. Las emisoras de radio y televisión se vieron enormemente afectadas.
El intento de golpe les sirvió a Nkurunziza y a sus seguidores como pretexto para atar en corto el ya debilitado panorama político y mediático. Los medios de comunicación independientes, considerados como parte de la oposición, se convirtieron en un enemigo del gobierno.
El exilio se convirtió en la única opción para algunos miembros de la prensa. Docenas de periodistas independientes se vieron forzados a huir de la dura represión.
Las medidas severas contra la radio independiente le dejaron el terreno libre a la emisora estatal de Burundi, portavoz del gobierno. Incluso los periodistas internacionales, a los que se les suele proporcionar cierta inmunidad, sufrieron la presión e intimidación de los cuerpos de seguridad del gobierno.
Cabe mencionar el notable trabajo de IWACU en medio de toda la confusión creada por la crisis. Este periódico independiente continuó en funcionamiento a pesar de las peligrosas condiciones. Cuatro de sus periodistas fueron encarcelados en 2019. Se les acusaba de conspirar con rebeldes que estaban actuando en la frontera con la República Democrática del Congo. Al final, el director se vio obligado al exilio.
La plataforma digital SOS Médias Burundi, coordinada por un colectivo de medios de comunicación, también destaca. Se formó durante la crisis y sigue funcionando de forma clandestina.
Pese a algunas valientes voces que se mantuvieron en su puesto, la crisis del 2015 introdujo un clima de terror y profunda desconfianza entre el gobierno y el resto de los medios de comunicación independientes.
Aimé-Jules Bizimana y Oumar Kane
Fuente: The Conversation
[Traducción y Edición, Blanca Martínez Salvador]
[Fundacion Sur]
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