La Corte Penal Internacional y su impacto sobre los conflictos africanos

16/09/2008 | Opinión

«Si quieres atacar a una gata, no la ataques en una habitación cerrada; mantén una puerta o una ventana un poco abierta. De lo contrario, una gata arrinconada luchará hasta el final», según reza un antiguo dicho etíope.

El Proyecto Princeton, compuesto por un grupo internacional de ilustres juristas, ha contribuido mucho a la fundación de la Corte Penal Internacional (ICC) y su ley orgánica, conocida como el Estatuto de Roma. En 2001, un año antes del establecimiento de la Corte, estos juristas brindaron unas sabias palabras de advertencia al ICC y su fiscalía diciendo:

«La imprudencia o el ejercicio fuera de tiempo de la jurisdicción universal podría perturbar la búsqueda de la paz y de la reconciliación nacional en estados que luchan por recuperarse de conflictos violentos y opresiones políticas… por tanto, son necesarias prudencia y buenas sentencias, como en cualquier otra parte en política o leyes. (Y debería utilizarse una jurisdicción universal) en un interés razonable por la búsqueda de la paz».

Hace tan solo unos meses, en una reunión que yo moderaba, un compañero sudanés que trabaja en una muy famosa organización internacional multilateral, me preguntó si la acusación de dirigentes e individuos de Sudán o Uganda por parte de la Corte Penal (ICC) estaba contribuyendo a los procesos de paz en África. En un breve periodo de tiempo, yo estaba alarmado por las recientes noticias que habían llegado de La Haya sobre una posible acusación y orden de arresto del Presidente de Sudán. En una histórica decisión, se presentaron ante la cámara previa al juicio del ICC cargos contra un presidente en activo y se dictó una orden de arresto.

La pregunta de mi buen amigo estaba impregnada con una respuesta: que las acusaciones del ICC podrían estar contribuyendo de manera negativa a los esfuerzos del proceso de paz. Esta misma cuestión, formulada por mi amigo sudanés es algo sobre lo que yo había estado pensado mucho y me preguntaba si habría estudios serios y completos sobre el tema desde que el ICC comenzó a llevar sus primeros casos africanos. Este artículo no intenta abordar todas las cuestiones, sino sólo el impacto de las acusaciones del ICC en los conflictos en curso. Con participación activa, están surgiendo nuevos argumentos y discrepancias en lo que se refiere al papel del ICC y, particularmente, sus efectos sobre los procesos de paz. La preocupación proviene de la concentración del ICC sobre los países con conflictos abiertos, tales como Darfur o el Norte de Uganda. La mayoría de las acusaciones del ICC son también hacia África: Joseph Kony, del Ejército de Resistencia del Señor de Uganda, Charles Taylor de Liberia, Muhammad Harun, de Sudán y Alí Mohamed Alí Abdelrahman, de los Janjeweed de Darfur.

Además de las noticias recientes de la Haya, el 1 de mayo de 2007, el ICC firmó una orden de arresto para dos sudaneses que habían sido acusados por su participación en crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur. Eran Ali Mohamen Abdelrahman, conocido comúnmente como Ali Hashayb, cabeza de los Janjaweeds, y Muhammad Harun, antiguo Ministro del Interior sudanés y ahora Ministro de Estado para Asuntos Humanitarios. Naturalmente, uno se ve obligado a pensar sobre cuál sería el efecto, si lo hubiera, de las órdenes de arresto del ICC sobre la crisis de Darfur y el proceso de paz. Casos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones masivas de los derechos humanos en Darfur fueron remitidos al ICC en 2005 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Cámara previa al juicio, ha dictaminado que las pruebas del Fiscal del ICC son efectivamente admisibles y que hay pruebas razonables de que los sospechosos habían participado en crímenes recogidos en el Estatuto de Roma. El ICC quiere servir como instrumento en la lucha por la defensa de los derechos humanos. El principio más importante del ICC es que crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o genocidios, cometidos en cualquier sitio y por cualquier persona de cualquier nacionalidad o contra cualquier persona de cualquier nacionalidad, son crímenes universales y por tanto pueden ser procesados en cualquier país o por el ICC. Incluso si Sudán no es un país miembro del ICC, está, sin embargo, legalmente obligado a respetar las resoluciones de la corte, ya que la acusación se basa en una petición del Consejo de Seguridad de la ONU. Si no entrega a los sospechosos, el Consejo de Seguridad podría tomar otro tipo de medidas. La Cámara, previa al juicio solicitó al Secretario que informase de sus decisiones y de sus órdenes de arresto a todos los estados miembros y también específicamente a Egipto, Eritrea, Etiopia y Libia para su cooperación. Estos cuatro países no son miembros del estatuto de Roma del ICC. Es más, no está claro si se han tenido en cuenta otras consideraciones por las que el ICC quiera informar específicamente a esos países. Claramente, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene un mandato absoluto para obligar a esos países a cooperar con el ICC.

La esperanza es que las acusaciones del ICC puedan disuadir a otras personas de cometer actos similares de crímenes internacionales, provocando lo que yo llamo “El Efecto ICC”. La cuestión en este punto es parecida a la que mi buen amigo sudanés me planteó: Sí, las acusaciones del ICC tendrán efecto, ¿pero será efectivo para lograr justicia y paz o más inseguridad, conflictos e injusticias? Hay una gran diferencia y muchas veces una extrema oposición entre “efecto” y “efectividad”. La acusación del ICC seguro que tendrá un efecto, que puede ser positivo o negativo, pero estar seguro de que será efectivo en términos de servir a la justicia y contribuir a la paz es otra cuestión. Entonces, ¿será efectiva la acusación del ICC para servir a la justicia y alcanzar la paz?

Podría decirse que las acusaciones del ICC podrían consolidar los esfuerzos de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Sudán. Sin embargo, expertos en la crisis de Darfur, tales como Eric Reeves, dudan totalmente de que estas acusaciones y las órdenes de arresto tengan efectos disuasorios. Él dice:

Ciertamente no hay evidencias, sean las que sean, para apoyar la teoría disuasoria de Human Rights Watch, incluso hay evidencias considerables del dramático deterioro en la seguridad para las operaciones de ayuda en Darfur durante todo el pasado año y medio. Actualmente, la BBC informa de que los grupos humanitarios se preparan para posibles represalias, un miedo real que viene de la actual guerra de desgaste contra estos grupos.

Esta afirmación y sus variantes tienen que responder a cuestiones que necesitan investigaciones empíricas. Sin embargo, yo creo que este tipo de afirmaciones asumen tres supuestos incorrectos en lo que se refiere a los “efectos disuasorios” de las órdenes de arresto. El primero es el supuesto de que la emisión de órdenes de arresto podría disuadir a los que perpetran violaciones de los derechos humanos en Sudán. Sin embargo, esto es incorrecto ya que esa disuasión es futurista en perspectiva. Los “efectos disuasorios” no significan necesariamente, “evidentes, presentes e inmediatos efectos”. En segundo lugar, los efectos disuasorios no necesariamente ejercen disuasión sobre aquellos que ya están bañados por la sangre de la gente de Darfur y otras víctimas sudanesas de las masivas violaciones de los derechos humanos; un castigo equitativo a esa gente, sería más efectivo. La disuasión tiene mejores efectos en esa gente que podría estar predispuesta a participar en tales actividades, que en los que ya están señalados por crímenes internacionales. Y en tercer lugar, tales afirmaciones son agnósticas con respecto a los hechos sobre el terreno en Darfur y Jartum. Hubo cierta preocupación y discusión sobre la acusación en Sudán cuando el ICC emitió la orden de arresto. Dentro del gobierno de Sudán, altos cargos y miembros del Gabinete mantuvieron discusiones sobre cómo responder a la orden del ICC. Estos oficiales tuvieron fuertes desacuerdos sobre si aceptar la resolución del ICC y entregar a los sospechosos. Desde el pasado año, el Ministro de Justicia sudanés es severamente criticado por los medios y la población sudanesa por no haber cooperado con el requerimiento del ICC. Los informes de muchos medios independientes también lo demuestran. El Sudan Tribune, Al-Rai Al-Aam y otros informaron sobre los intentos de muchos fiscales y altos cargos sudaneses tales como el líder del SPLM, Salva Kiir, y el antiguo líder del grupo escindido del SLA, Mini Acor Minawi, de cooperar con el ICC. Los dos sospechosos del ICC, junto con otros oficiales de policía –Hamdi Sharaful Din y Abdelrahman Dawood Humaida- fueron acusados por el Fiscal General sudanés en un Tribunal en Darfur por similares crímenes, contra las masas, pero menos graves. Hace un año, uno no podía descartar las discusiones entre los políticos sobre las consecuencias de desafiar las órdenes del ICC. Merece la pena señalar también que el gobierno de Sudán hasta la semana pasada [la segunda semana de julio 2008] no fue uniforme en su postura ante la solicitud de cooperación del ICC. Estuvo inundado de diversidad de puntos de vista e intereses, animosidad, lucha por el poder y conspiraciones personales, como en cualquier otro gobierno en crisis. Por lo tanto, asumir que todos los oficiales del Gobierno sudanés están en contra de la extradición de los oficiales acusados, sería sencillamente simplista y no estaría basado en la realidad. En el caso de Darfur, yo vi que funcionó el Efecto ICC. Pero ahora, por supuesto, con la acusación del Presidente actual, la reacción será completamente diferente. Un contragolpe no se limitará al entorpecimiento de los esfuerzos para la paz, sino también, como se discute al final de este artículo, el gobierno de Sudán luchará como una gata arrinconada.

El viejo dicho. “Una gata arrinconada lucha hasta el final”

Hay un dicho: Si quieres atacar a una gata, no la ataques en una habitación cerrada; mantén una puerta o una ventana un poco abierta. De lo contrario, si arrinconas a una gata y la fuerzas a luchar, luchará hasta el final. Si una gata se siente amenazada, intentará encontrar una salida, siempre que haya una. Si no la hay, luchará como arrinconada. El dicho de la gata arrinconada es muy apto en este caso. Un jefe de estado como Omar Bashir o un líder rebelde como Joseph Kony podrían actuar como una gata arrinconada. La acusación del ICC contra el Presidente sudanés podría crear no sólo un presidente arrinconado, sino también muchos otros líderes políticos sudaneses arrinconados.

La gente debe ser responsable de sus actos y, por lo tanto, responsables de sus fechorías y crímenes. También las víctimas tienen derecho a justicia. Pero no a cualquier precio, no a costa de más muertes, más secuestros y más víctimas. La acusación al Presidente de Sudán podría, en realidad, incrementar el número de víctimas. Está en juego mucho más que la llegada de la justicia. El Acuerdo Global de Paz (CPA), el Acuerdo de Paz de Darfur (DPA), y otras iniciativas en Sudán están en riesgo ahora más que nunca. La Misión de Naciones Unidas para Sudán (UNAMIS), la misión híbrida de la ONU y la Unión Africana en Darfur (UNAMID) y otras misiones internacionales y su personal estarán en peligro. Ya hay serias preocupaciones entre el personal internacional en Sudán. El Secretario General de Naciones Unidas ha informado al Presidente de Sudán de que no tienen nada que ver con el ICC. Es más, aquí hay que citar una opinión disidente del Proyecto Princeton hecha por un famoso jurista británico, Lord Browne-Wilkinson. Lord Brownw-Wilkinson dice: “Es ingenuo pensar que, en tales casos, el Estado nacional de los acusados se va a mantener al margen y observar el proceso judicial: recurrir a la violencia es más probable. En cualquier caso, el temor a tales acciones legales podría inhibir el uso de las fuerzas de mantenimiento de la paz cuando, en otra situación, es deseable… Creo que la adopción de tales jurisdicciones universales sin salvaguardar los conceptos existentes de inmunidad tiene más posibilidades de perjudicar que de producir algún avance en las oportunidades de la paz internacional.”

Los fiscales no procesan criminales porque crean que son criminales. En la toma de decisiones de un proceso, no tienen en cuenta únicamente el crimen o las víctimas. Una gran gama de factores, como los efectos disuasorios, la contribución a la paz y la estabilidad, la conveniencia, además de la ley y el orden son vitales en la ecuación que decide iniciar un proceso. Esto es particularmente cierto cuando el proceso es de naturaleza política y se procesa a un grupo de personas que pueden afectar a la ley y el orden del país o la paz y la estabilidad de una comunidad. Esta es la razón por la que a veces se conceden amnistías masivas a grupos de criminales. Por supuesto, la amnistía no funciona en casos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o genocidios. Y en la mayoría de los casos, la amnistía puede equivaler a impunidad. Pero la cuestión es que sigue retrasando la impunidad judicial.

ICC, ¿poderes de imposición y veto otra vez?

De forma similar, Mr. Reeves sostiene que “no hay ninguna señal de que la Corte Penal Internacional sea más capaz de detener el continuado genocidio por desgaste que otros actores internacionales de importancia”. Ningún estudiante de derecho internacional o de relaciones internacionales espera que el ICC detenga la crisis de Darfur. Un Tribunal es como un semáforo, estipula prohibiciones de un acto o una omisión, establece los hechos y adjudica casos y, entonces, impone castigos cuando se pilla a uno violando esas leyes. Como un semáforo no atrapa al violador de las leyes de tráfico, los Tribunales por si mismos no atrapan al sospechoso o criminal o detienen la violación. Detener los crímenes es función de las fuerzas encargadas de imponer la ley. De forma similar a los tribunales nacionales, el ICC dependerá de los cuerpos de imposición. Además, el ICC, como cualquier otra institución internacional de gobernación, no tiene su propio poder de imposición. Esta es una de las más conocidas naturalezas de las organizaciones y leyes internacionales, no es una característica peculiar del ICC. La cooperación multilateral es vital para la aplicación de las resoluciones y sentencias del ICC. Los poderes del ICC son suficientemente amplios y fuertes como para emitir sentencias de órdenes de arresto, para hacer juicios y presentar sentencias; pero no para efectuar arrestos. Eso se le deja a la comunidad internacional. Depende de los Estados Miembros y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Con la implicación del poder de veto, las cosas se complican más. El proceso de paz y las esperadas elecciones en el sur de Sudán y Darfur inevitablemente se verán dificultados por esta decisión del ICC.

Casi la mayor cuestión en este asunto es el papel del único súper poder –Estados Unidos de América (EEUU). La acusación del ICC volvió a cuestionar duramente la voluntad de EEUU de poner su ambición política donde está su declaración verbal sobre terminar con la crisis de Darfur. EEUU no es un estado miembro del ICC y, en líneas generales, se opone a él. De hecho, ha logrado acuerdos bilaterales con varios países que pretenden eximir a su personal militar y a sus oficiales de ser juzgados por el ICC. Por esta razón, ha sido muy difícil para el gobierno estadounidense apoyar formalmente al ICC en sus acusaciones en Darfur. Darfur ha puesto a EEUU en un dilema: formalmente opuesto al ICC, pero también deseoso de que toda la gente culpable de las masivas violaciones de los derechos humanos en Darfur se responsabilicen de sus actos. Incluso si el antiguo Secretario de Estado de EEUU, Colin Powell, ha anunciado oficialmente que hay evidencias que demuestran que el gobierno de Sudán ha cometido genocidio como medida política, EEUU podría no estar dispuesto a cooperar con el ICC por las razones ya apuntadas. Más específicamente, esto es una seria limitación al crecimiento de la responsabilidad criminal internacional y más para el establecimiento de un mecanismo de imposición que asegure la responsabilidad de la comunidad internacional a la hora de proteger en el siglo XXI. Esto es un serio impedimento vinculante para la paz sostenible en Darfur y, en general, para la construcción de un régimen de atrocidades, y para la emergencia del ICC como una nueva autoridad global como indicaban Rudolph y Leonard. EEUU podría ser el principal obstáculo para este esfuerzo consentido casi globalmente por establecer un sistema global de justicia, similar a las instituciones financieras de gobierno global tales como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional por cuyo establecimiento EEUU abogó y trabajó sin descanso. Algunos argumentan lo contrario. Sostienen que, por el contrario, la oposición de EEUU y China al ICC y el hecho de que el ICC es más popular en países en desarrollo demuestran que es una auténtica institución de justicia y no una creación de los poderosos poderes de veto.

Sobre el impacto de la acusación del ICC: Paz retardada o justicia retardada, ¿Cuál debería ser la prioridad más importante?

Volviendo a la cuestión planteada al principio de este artículo, una preocupación más seria y legítima con respecto al papel del ICC es si la orden de arresto del ICC puede agravar la situación en Sudán. Como he señalado antes en la cita, este es en verdad uno de los puntos que señaló el señor Reeves más repetidamente, y creo que de manera más importante y acertada, hace un año. ¿Avivarán el conflicto las acusaciones y las órdenes de arresto del ICC, y por consiguiente la paz debería ser la prioridad? Esta es la misma preocupación sobre la que me preguntó mi amigo sudanés.

El Proyecto Priceton de 2001, compuesto por eminentes juristas internacionales, que se asienta sobre las bases del Estatuto de Roma y el ICC, ofreció unas palabras de cautela al que sería el ICC y su fiscal, diciendo:

“El ejercicio impropio de la jurisdicción criminal, incluida la jurisdicción universal, puede ser usada simplemente para hostigar a los oponentes políticos, o por propósitos extrínsecos a la justicia criminal. La imprudencia o el ejercicio fuera de tiempo de la jurisdicción universal podría perturbar la búsqueda de la paz y de la reconciliación nacional en estados que luchan por recuperarse de conflictos violentos y opresiones políticas… por tanto, son necesarias prudencia y buenas sentencias, como en cualquier otra parte en política o leyes. (Y debería utilizarse una jurisdicción universal) en un interés razonable por la búsqueda de la paz».

Hay dos argumentos con relación a la involucración del ICC en un conflicto abierto como el de Darfur. Muchos de estos argumentos ya se dieron con respecto a la investigación del ICC sobre el conflicto del norte de Uganda. El primer argumento prioriza la paz sobre la justicia. Las razones que hay detrás de este argumento son variadas tanto en su forma como en su grado. El principal punto de este argumento es que la paz es la necesidad más urgente de la gente del lugar. Para ser más específicos, las víctimas de estos conflictos tienen un sentido muy claro de la urgencia y la prioridad – o sea, paz. Para ellos la paz triunfa sobre las reclamaciones de justicia por parte de otros, como la comunidad internacional y las ONG de derechos humanos. Ellos argumentan que el ICC debería mantenerse al margen de los conflictos: ya que la prioridad local es la paz y no la justicia. Este argumento requiere que se sacrifique la justicia en nombre de la paz, o al menos que la justicia de retrase para que primero reine la paz. Uno podría verse obligado a pensar que el ICC debería intervenir sólo una vez que se haya restaurado la paz. Por el contrario, existe un fuerte contra argumento que dice que esa prioridad tiene inherente una falta de visión de futuro, ya que es un error asumir que una paz sostenible se puede alcanzar sin justicia. Este es el argumento que plantean con fuerza las organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Right Watch. Se oponen fuertemente a cualquier variedad de equilibrio compensatorio entre paz y justicia.

El primer argumento, paz como prioridad, parece compatible con el principio de no agresión de los actores internacionales humanitarios. En esta política de decisión, que requiere establecer prioridades, yo creo firmemente que el famoso dicho, y a menudo citado con acierto, de “justicia retrasada es justicia negada” podría tomarse menos en serio. Yo diría justicia retrasada por el bien de la paz, puede que no sea lo mismo que justicia denegada. Por la tan necesitada paz en Darfur, una justicia retrasada sigue siendo justicia. Sin embargo, esto sería cierto si pudiéramos responder una importante cuestión: ¿Podría alcanzarse una paz duradera mediante la negación o retraso de la justicia? Si la respuesta a esto es afirmativa, (Que tanto la negación como el retraso de la justicia podrían contribuir al proceso de paz), entonces la prioridad local de la paz debería invalidar la preferencia de las organizaciones internacionales. Según Akena, la implicación del ICC en el conflicto civil de Uganda no es bienvenido entre la población local, afectada por la guerra civil. “La referencia de ICC siempre ha sido vista como un conveniente truco político, especialmente porque no hubo una consulta previa; y aunque se le ha dicho a la gente que desee la justicia, ellos no ven el ICC como el medio por el que alcanzarán la justicia”.

Que las organizaciones internacionales ignoren esto podría equivaler a la actitud de los señores coloniales –sabemos lo que necesitáis, no importa lo que vosotros pensáis que es vuestra prioridad. Quiero ser claro en este punto. Hablando global y comparativamente, se han logrado avances en cuanto a la protección de los derechos humanos, desde la Segunda Guerra Mundial. El mérito por estas mejoras, de manera significativa, debería atribuirse a las organizaciones internacionales de derechos humanos, como el Comité Internacional para la Cruz Roja, Amnistía Internacional, Human Right Watch y algunos gobiernos que han estado trabajando por la protección internacional de los derechos humanos. Además, desde mi experiencia personal yo apoyo con fuerza la implicación del ICC ya que yo y mis familiares somos víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, similares a lo que está pasando en Uganda y Darfur. Mi humilde opinión es que en casos como Darfur o el norte de Uganda, retrasar la justicia no es necesariamente negar la justicia, ya que el retraso es en realidad en pro de la búsqueda de la paz para una comunidad afectada por el conflicto. Dar prioridad a la paz para salvar más vidas es, en y por sí mismo, hacer justicia. Asegurar la paz es servir al grupo de la justicia. Por supuesto, negar la justicia todas las víctimas juntas es una grave violación de los derechos humanos, ya que el acceso a la justicia es uno de los derechos humanos fundamentales. Sin embargo, a menos que exista una evidencia empírica que demuestre que las órdenes de arresto y los juicios podrían contribuir directamente a la paz y que el retraso en la provisión de justicia contribuye a los conflictos, entonces es razonable aceptar “paz hoy y justicia mañana”. Por tanto, la justicia retrasada para logar la paz, no es justicia denegada.

Otra cuestión importante sería: ¿Por qué no es posible tener tanto justicia como paz hoy? En Darfur, parece que la opción de la gente local es de verdad Paz Ahora. No sería posible procesar a la gente que está violando los derechos humanos de forma masiva, mientras que se intenta afianzar la paz. Es más, la primera sabiduría en un proceso de paz con éxito es descartar cualquier dilema de inseguridad de cualquiera de los actores en conflicto. A menos que tengamos en cuenta la prioridad local de la paz como una opción a corto plazo y la necesidad de orientación por parte de personas u organizaciones informadas, creo que esta prioridad es significativa para la gente obligada a vivir en la guerra y conflicto por tanto tiempo como llevan los Darfuri. Creo firmemente que retrasar la justicia es un sacrificio comprensible en aras de la paz. Negar la justicia, sin embargo, podría llevar a más conflicto y guerra. Después de todo, la debacle de Darfur es el resultado de una total negación de la justicia y una gobernación injusta. El rol de la justicia para obtener una paz duradera puede no necesitar evidencias empíricas, ya que está claro que con ofensas tan serias y generalizadas, es imposible alcanzar la paz. Pero para afirmar que la justicia no debería verse retrasada por el bien de la paz, hace falta un apoyo de pruebas reales que demuestren que tal retraso en la justicia sería contraproducente para la paz. Las comunidades étnicas implicadas directa o indirectamente en la crisis de Darfur tienen que sentir seguridad ante el propósito de una paz duradera. Muchos de los miembros de los Janjaweed se consideran a sí mismos víctimas de una conspiración del Gobierno de Sudán y otras fuerzas que les han arrastrado a entrar en este conflicto. Independientemente de si es cierto o no este alegato de victimización de los Janjaweed, es necesario llegar a los afro-árabes Darfuri y a los sudaneses, para que se puedan sentir seguros en futuros acuerdos de paz. Real o percibida, la inseguridad étnica o de otros grupos en Darfur, o en Sudán, podría interrumpir la paz significativa y duradera en la región. Cuando tal inseguridad se da a nivel del Presidente en vigor con todo su poder, el precio en términos de ayuda humanitaria y paz es más alto. La acusación del ICC debería verse desde el prisma del dilema de la seguridad y el miedo que puede crear en el liderazgo de Sudán. Pase lo que pase, podrían aferrarse a las armas si la amenaza del ICC no es ejecutable inmediatamente.
Independientemente de todos los argumentos y desacuerdos señalados hasta aquí, supongo que para los Darfuri, como para cualquier pueblo, la prioridad local parece ser tanto la paz como la justicia. Pero si se sometiese a votación, o paz o justicia, creo que dirían que “paz hoy y justicia mañana”. A corto plazo, el efecto ICC podría ser un efecto desestabilizador, por tanto aquí sería oportuno tener cautela.

ÁFRICA Y EL ICC

Es un hecho que va más allá de toda disputa que el ICC ahora es una importante actor en África. A largo plazo, el ICC y su factor miedo podrían jugar un papel instrumental en la disuasión de las violaciones de los derechos humanos en África. Aunque, hablando en general, el ICC parece más fuerte en los países más débiles de África. De las cuatro acusaciones e investigaciones realizadas por el ICC, las cuatro son casos africanos. Hablando desde la perspectiva de los derechos humanos, el ICC podría demostrar ser un socio bastante fiable de África en su lucha por establecer regímenes protectores de los derechos humanos. Los principios sobre los que se estableció el ICC y sus jurisdicciones están totalmente en la línea de los principios y objetivos de la Unión Africana, como se prevé en su Acta de Constitución. La ratificación del Estatuto de roma del ICC confirma esta prioridad. En estos momentos, son 106 países lo que han ratificado el Estatuto de Roma del ICC, la mayoría de ellos son africanos, seguidos de los asiáticos y del este de Europa, Latinoamérica y la Europa occidental. Por tanto, uno puede ver que el ICC es más famoso y aceptado en los países en desarrollo que en los países ricos.

La Unión Africana y el ICC tienen una base común y podrían trabajar juntos como socios para alcanzar los propósitos comunes. Esto lo confirman varios documentos oficiales y varias instituciones de la Unión Africana, incluyendo el estatuto del Tribunal Africano de Justicia y Derechos Humanos y el Mecanismo de Evaluación por Pares, APRM, del NEPAD, y el Comité de Juristas Eminentes Africanos, CEAJ, para juzgar a Hissen Habre, el antiguo Presidente de Chad. En el artículo 3 y 4, el Acta de Constitución de la Unión Africana, recoge una lista de los objetivos de la Unión. Estos objetivos incluyen el rechazo total a la impunidad y la necesidad de castigar a los perpetradores de crímenes contra la humanidad, de genocidio y crímenes de guerra, y el derecho de la Unión Africana a intervenir si se cometen estos crímenes.

Sin embargo, también establece que un mecanismo africano tiene la prioridad para tratar estos casos. Por consiguiente, se espera que el ICC complemente a la Unión Africana y la ayude en la consolidación de un estado de derecho y respeto por los derechos humanos, así como a la preservación de la paz y al fortalecimiento de la seguridad internacional. Esto está en la línea del principio de subsidiariedad y complementariedad de mecanismos internacionales como el ICC hacia los mecanismos regionales como la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental sobre Desarrollo, IGAD. El principio de subsidiariedad asume que la independencia y autonomía de las unidades regionales y menores para tomar decisiones sobre sí mismas, y el mecanismo internacional solamente entra en juego si el mecanismo regional es incapaz o no está dispuesto a llevar a cabo sus obligaciones. Esto, no sólo tiene en cuenta el fortalecimiento de la capacidad de los mecanismos e instituciones regionales sino que también contribuye a una mayor eficacia, en términos de coste y tiempo de juicio y la accesibilidad al juicio de las supuestas víctimas así como de los testigos. Estos razonamientos también se hacen en la decisión de la Unión Africana de establecer el CEAJ. La verdad, es que la Unión Africana, como ha hecho la Unión Europea, debería aprobar el estatuto de Roma del ICC mediante una Declaración de una Posición Común. Esto permitiría a la Unión Africana trabajar junto al ICC para una intervención más coordinada y bien consultada, de lo que ha estado siendo en el caso de Sudán, que hace de todos los esfuerzos de la Unión Africana y de las Naciones Unidas en Sudán un ejercicio inútil.

Mehari Taddele Maru

Mehari Taddele Maru, es un reportero etíope y Director Ejecutivo del African Rally for Peace and Development (ARPD)

Artículo publicado en Sudán Tribune, el 16 de julio de 2008.

Traducido por Andrea Ayala Uríszar, para el Departamento África de la Fundación Sur

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