Una nueva conservación
Otro estudio de la Iniciativa para los Derechos y los Recursos realizado en 29 naciones, evidenció que 10 países están listos para recibir inversiones significativas destinadas a reformar la tenencia de la tierra: Colombia, Guyana, México, Perú, Burkina Faso, República Democrática del Congo, India, Indonesia y Nepal.
La RRI identificó que 14 países están en capacidad para desarrollar proyectos de escala media liderados por las organizaciones locales tenedoras de derechos o por aliados de la sociedad civil. “Otros cinco países requieren apoyo adicional para crear una estructura legal y normativa necesaria para atraer más inversiones sustanciales”.
“Colombia está listo para proyectos grandes, nacionales o subnacionales y así para desarrollar reformas de tenencia. Las ONG locales tienen la capacidad de trabajar directamente con las comunidades locales en la formalización de los derechos comunitarios a la tierra, un trabajo que ha hecho Amazon Conservation Team (ACT)”, afirma el análisis.
White expresó que en lugar de solamente señalar el problema, la RRI propone un enfoque asequible de la inversión que representa un cambio de paradigma con respecto a cómo se ha llevado a cabo la conservación en el pasado y en el presente.
“Este análisis representa una herramienta para ayudar a donantes, gobiernos e inversionistas a apoyar una solución asequible y sostenible que se basa en el éxito de las comunidades locales en la lucha contra la deforestación y la pérdida de la biodiversidad”.
Al analizar el proyecto que tiene como fin ampliar las áreas protegidas mundiales en un 30 por ciento, más de 100 economistas y científicos descubrieron que la iniciativa podría generar una ganancia económica. “Pero bajo algunos escenarios de conservación, los pueblos indígenas y las comunidades locales podrían sufrir impactos negativos desproporcionados”.
Sin embargo, los expertos evidenciaron que si los sistemas de gobernanza permiten y respetan los usos habituales de la biodiversidad por parte de los grupos comunitarios, como lo recomienda el Marco Mundial de Biodiversidad, los costos de oportunidad no comerciales se minimizan en gran medida.
“De hecho, bajo enfoques de gobernanza basados en derechos, la presencia de un área de conservación puede ser un beneficio más que un costo, por ejemplo, al fortalecer los derechos de uso de la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales”.
Anthony Waldron, autor principal del informe y experto en conservación, finanzas, pérdida global de especies y agricultura sostenible, manifestó que el área reconocida como representativa de la custodia de los pueblos indígenas y las comunidades locales se expandirá entre un 63 por ciento y un 98 por ciento.
“Cualquier negociación que involucre territorios reclamados por las comunidades locales, deberá responder a lo que ellos quieren y basarse en un entendimiento común de los objetivos de conservación, el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales, y un entendimiento compartido de cómo se medirán los logros”.
Por su parte, Kimaren Ole Riamit, indígena masái y director ejecutivo de Indigenous Livelihoods Enhancement Partner, destacó que las áreas de mayor biodiversidad en el mundo se superponen con los territorios de los pueblos indígenas.
“Los pueblos indígenas comprenden la naturaleza interdependiente de los ecosistemas. El enfoque que el mundo moderno tiene de la naturaleza es departamentalizado y compartimentado, una fragmentación artificial de la naturaleza que no sirve para sostener la naturaleza y que la humanidad sobreviva”.
Según Riamit, para salvar la biodiversidad se necesitarán alianzas con los indígenas, “con frecuencias conducidas por nosotros, pero también hará falta nivelar el campo de juego para las negociaciones. El desequilibrio de poder actualmente es sustancial y tendrá que tomarse como una prioridad a medida que avanzamos”.
Ir más allá
Los pueblos indígenas, comunidades locales, afrodescendientes y algunos grupos de la sociedad civil, han argumentado que la propuesta de proteger el 30 por ciento de la tierra y los océanos para el 2030 no es lo suficientemente ambiciosa. Para White, esto podría ir mucho más allá.
“Es completamente posible y necesario proteger el 50 por ciento del planeta para 2030, pero para hacerlo de manera asequible y eficaz debemos ampliar los derechos sobre la tierra en territorios que aún no han sido reconocidos”, dijo White.
El experto precisó que si los donantes y filántropos privados no invierten ahora para salvar los bosques restantes, así como las vidas y culturas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, “están revelando que están atrapados en el racismo sistémico del pasado”.
El coordinador general de COICA señaló que dos quintas partes de todas las tierras registradas en la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas, son territorios indígenas de propiedad comunal.
“Para 2017, el 30 por ciento de la conservación terrestre ya se había logrado, en gran parte por las prácticas de manejo de los pueblos indígenas y a pesar de la falta de reconocimiento y seguridad de nuestra tenencia de la tierra y la burocracia de la conservación”.
Raina Thiele, en representación de Campaign for Nature, apuntó que los hallazgos de RRI deberían tener influencia en el diseño de cualquier iniciativa nacional o internacional para conservar la biodiversidad.
“Solo podemos lograr la meta de proteger al menos el 30 por ciento de la tierra y los océanos para 2030 con el liderazgo de los pueblos indígenas y otras comunidades locales y con el pleno respeto de sus derechos”.
Los pueblos indígenas, protectores del 80 por ciento de la biodiversidad que queda en el planeta, deben ser centrales en cualquier solución para proteger la biodiversidad. “Así lo demuestra la ciencia. Para tener éxito necesitaremos de la sabiduría y la guía de los pueblos indígenas; si ellos van a continuar protegiendo la biodiversidad de nuestro mundo, no se los debe desplazar en nombre de la conservación”, puntualizó Thiele.
Fuente: Semana Sostenible
[Fundación Sur]
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