Ya se sabe, los tribunales de justicia no están constituidos para descubrir la verdad y hacer justicia, sino para cerciorarse si el procedimiento seguido en la administración de justicia concuerda o no con el cauce señalado por al ley. Es decir, que la justicia tiene menos que ver con la verdad y la restauración del orden quebrantado por un crimen, que con el correcto proceso seguido en el juicio.
Los que aún creen que el sistema judicial esté relacionado con la búsqueda y la defensa de la verdad y la restauración de la justicia se quedarán seguramente perplejos al saber que, el pasado 29 de octubre, un tribunal de apelación francés ha paralizado la investigación judicial sobre las viviendas y los coches de lujo que los presidentes de tres países africanos, productores de petróleo (Teodoro Obiang Nguema, de Guinea Ecuatorial, Denis Sassou Nguesso, de Congo Brazzaville, y el difunto Omar Bongo, de Gabón) poseen en Francia. La razón que presentó el tribunal fue que la sociedad civil no puede ser demandante contra jefes de estado extranjeros.
El procedimiento seguido por las organizaciones demandantes no era correcto, dicen: no tenían autoridad para hacer tal demanda. Por consiguiente, para la justicia francesa el caso está cerrado. No es así para los que creemos que la justicia no puede consistir solo en asegurar el correcto procedimiento legítimo de los casos. La justicia debe intervenir siempre, y cada vez, que se lesionen las relaciones humanas causando un daño social verificable.
Que líderes africanos tengan posesiones por valor de decenas de millones de euros en Europa, es un hecho. Que los Ministerios de Hacienda de los respectivos países europeos no cuestionen la procedencia de tales riquezas es también verificable. Estamos frente a una situación que clama justicia: buen número de gobernantes de países africanos, exportadores de minerales, adquieren riquezas fabulosas mientras que la población sencilla se consume en la pobreza. Muchos países africanos son ricos… pero su riqueza no se invierte ni en el propio país ni en su beneficio. Los propios dirigentes la exportan a Europa y a otros paraísos fiscales, sufriendo en el proceso una conversión fundamental: pasa de ser propiedad pública, a pertenecer a la clase dirigente.
Si yo comprase, al contado, un coche de lujo por valor de 60.000€, seguro que de inmediato tendría a mi puerta un inspector de hacienda haciéndome preguntas sobre el origen de ese dinero ya que con mi salario no me lo podría permitir. Querría saber si proviene de drogas, robo, negocios sucios, etc. Esto es lo que esperamos que haga la ley con todos, porque suponemos que, en democracias como las europeas, la ley se aplica a todos por igual. Es necesario, pues, que se investiguen las fortunas de todos los ciudadanos, incluso de aquellos que traen dinero (a veces, mucho dinero) de fuera, en especial si ese dinero procede de países africanos empobrecidos. Europa ayudaría mejor a África si abandonase su ayuda oficial al desarrollo a países exportadores de grandes fortunas mineras, e impusiera mecanismos para que esas riquezas se invirtiesen en el propio país de donde proceden.
Si el tribunal francés pensaba que el procedimiento de la demanda no era legítimo, al menos, podría haber dicho que se presentaría una nueva demanda formulada por una autoridad competente a el fin de investigar la procedencia de dichos fondos y devolverlos a sus dueños legítimos, en el supuesto de que hayan sido fruto de un desfalco en los fondos públicos.
Pero a Europa el “sistema” le interesa, ¡se está aprovechando del saqueo del erario público africano por parte de sus líderes políticos! No sólo somos cómplices de la corrupción imperante en África, sino que nos hemos convertido en verdaderos corruptores.
