Según observadores perspicaces, la causa inmediata de la caída en picado de Etiopía hacia lo desconocido comenzó cuando, el 12 de noviembre de 2015, los residentes de Ginchi, una pequeña ciudad a unos ochenta kilómetros al sudoeste de la capital Addis Abeba, se echaron a la calle pidiendo a las autoridades del estado regional de Oromia, el mayor y más poblado de los estados regionales del que Ginchi forma parte, que paralizasen el proceso para la entrega de unas tierras a inversores privados.
El resultado fue un año de continuas protestas públicas contra el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (Ethiopian People’s Revoutionary Democratic Front – EPRDF), partido en el poder, a una escala jamás vista en su gobierno de un cuarto de siglo. No tenía precedentes desde muchos puntos de vista que unos pocos, a los que el gobierno pensó que podría controlar fácilmente con unas intervenciones brutales tanto de las fuerzas federales de seguridad como de las de la región, consiguiesen un tal protagonismo. Esa era la situación hasta que a las protestas limitadas a una región, denominadas las protestas de Oromo, se unieron nueve meses después, otras hasta ahora inimaginables protestas contra el gobierno en el norte, feudo del estado regional de Amhara, el segundo mayor estado regional en la federación etiópica, a las que se les denominó protestas de Amhara.
Como respuesta a estas protestas, que por aquel entonces habían sacudido a dos terceras partes del país y costado las vidas de cientos de etíopes, a mediados de agosto de 2016, el primer ministro Hailemariam Desalegn anunció que había dado la orden a las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopia (ENDF, equivalente del ejército) de intervenir en el estado regional de Amhara para controlar las crecientes protestas antigubernamentales. En su anuncio, el primer ministro Hailemariam afirmó que el gobierno utilizaría “todo su poder para restaurar el orden legal” en la región.
Como una catástrofe llevaba a la siguiente, una reunión del gabinete ministerial de la República Federal Democrática de Etiopía (FDRE), presidida por el primer ministro Hailemariam Desalegn, declaró el estado de emergencia para todo el país, efectivo a partir del 8 de octubre de 2016.
El estado de emergencia fue declarado como medida inmediata para controlar las crecientes protestas antigubernamentales sobre todo en el estado regional de Oromia, al que siguió la matanza masiva de civiles, en el festival anual de Irrecha el domingo 2 de octubre. Se produjo un histérico estampido masivo, como resultado del disparo al aire por agentes de seguridad de fuego real y de pelotas de goma, así como al lanzamiento de bombas lacrimógenas en un lugar céntrico de una multitud de millones.
Hasta la fecha, para todos los observadores, la declaración de los seis meses de estado de emergencia no es más que un claro paso para que el fuertemente militarizado aparato de seguridad del régimen acabe brutalmente con el creciente descontento público.
La “fuerza total”, a la que se refería a mediados de agosto el primer ministro Hailemariam Desalegn, ya ha estado desplegada durante nueve meses en la mayor parte del país, dejando claro como el agua el hecho de que el gobierno civil, constituido por una gran coalición de cuatro partidos y cinco grupúsculos menores, se ha apoyado fuertemente en su poder militar y en sus agentes secretos para hacer frente a la población.
Todo esto recobra todavía mayor gravedad por el mero hecho de que los últimos 26 años se han visto embarrados por un empeoramiento gradual y sistemático, y, en la mayoría de los casos, menosprecio de las instituciones independientes, tanto de naturaleza estatal como no-estatal, que inicialmente fueron incorporadas en el sistema político del país, a la llegada del EPRDF como coalición gubernamental.
Trágica, lenta muerte del sistema parlamentar multipartidista
En las elecciones generales celebradas en mayo de 2015, las quintas desde que el EPRDF se hizo con el poder en 1991, el partido dominante y sus afiliados han “ganado” vergonzosamente los 547 puestos en el parlamento, clavando así el último clavo en el féretro de cualquier esperanza du un sistema parlamentar multipartidista. En las elecciones precedentes, realizadas cinco años antes, había en el parlamento un solo representante de la oposición. Una mirada más perspicaz a la presencia de la oposición en el parlamento nacional a lo largo de los años revela a un país en regresión.
En las primeras elecciones después de la aprobación de la constitución en 1995, el EPRDF y sus afiliados habían conseguido ganar 471 escaños, mientras que 75 escaños se fueron a los partidos de la oposición, predominantemente de las regiones periféricas como Somali, Gambela, Benishagul-Gumuz y Harari, así como a independientes. En las elecciones siguientes en el año 2000, en las que votaron el 90% de los registrados, según la Comisión Electoral Nacional de Etiopía (National Electoral Board of Ethiopia – NEBE), el EPRDF consiguió 10 escaños más en el parlamento, sumando así 481 escaños, mientras que los miembros de varios partidos de la oposición consiguieron 53 escaños. Trece escaños fueron ganados por independientes.
En las muy disputadas y controvertidas elecciones de 2005, que fueron manchadas por alegaciones de falsificación de votos seguidas por revueltas mortales (y que son consideradas con razón como el punto crítico en la realidad política contemporánea de Etiopía), los resultados oficiales atribuyeron al EPRDF una victoria con 327 escaños, mientras que los dos partidos más importantes de la oposición, la Coalición por la Unidad y la Democracia (United Ethiopian Democratic Forces – CUD) y las Fuerzas Democráticas Etíopes Unidas (United Ethiopian Democratic Forces – UEDF) ganaron un total de 161 escaños, los mejores resultados de la oposición en toda la historia del país.
Girma Seifu había sido el único miembro de la oposición en las elecciones parlamentares de 2010 en representación de su partido, el Partido de la Unidad por la Democracia y la Justicia (Unity for Justice and Democracy Party – UJD). Girma apenas consigue reconocer el parlamento “de tiempos pasados” como una institución que funciona correctamente. “Eras testigo a veces de fuertes debates, pero se atribuía eso a unos pocos representantes de la oposición. Por otro lado, para los miembros del EPRDF, el parlamento era un lugar donde descargaba a sus miembros irrelevantes nada más que para levantar sus manos y para aprobar lo que decían los sumos sacerdotes del partido”, declaraba Girma al (periódico) Addis Standard. “Los miembros veteranos, los que tienen el poder real, son los que gobiernan. Es verdad que algunos eran miembros del parlamento, pero otros no lo eran”, dijo en una entrevista. “Todo lo que se decide en la sede del partido es canalizado al parlamento y aprobado en un abrir y cerrar de ojos”. Es difícil ver el control y la supervisión del comportamiento del gobierno, que es lo que se esperaría de él, según su opinión.
Ezekiel Gebissa, profesor de historia y de estudios africanos en la Universidad de Kettering en Flint, Michigan (Estados Unidos), está de acuerdo. “Sería palabras vacías suponer que jamás haya existido un sistema parlamentar efectivo en Etiopía. Desde 1995, se han celebrado elecciones y se han formado gobiernos cada cinco años. Sin embargo, la estructura formal del gobierno no ha funcionado independientemente de la estructura del partido. El gobierno es sencillamente el instrumento de control del partido”, declaro al (periódico) Addis Standard. “La actual estructura del gobierno es la estructura del partido. El arreglo federal era sólo una táctica para simular la descentralización del poder y para deshacerse de la responsabilidad cuando las cosas van mal”.
Según él, los miembros de la coalición EPRDF, creada por el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (Tigray People Liberation Front – TPLF) durante su avance hacia Addis Abeba, son ostensiblemente el partido en gobierno en sus respectivas regiones. “Pero nunca han sido independientes del comité ejecutivo del EPRDF, que está, por su parte, fuertemente controlado por la cúpula del TPLF”.
Discurso en un lecho de muerte: De una oposición inexistente a un espacio político sofocante
Uno de los aspectos más evidentes de la realidad política en la Etiopía actual es uno frecuentemente explotado por el EPRDF: la ausencia de un bloque de oposición bien organizado, capaz de ofrecer una alternativa viable a una descontenta ciudadanía. Mientras varios partidos están en la incubadora, de vez en cuando, raramente, el público sólo se entera de su existencia en tiempos de elecciones. En las elecciones de 2015, por ejemplo, 74 partidos políticos, incluido el partido en el poder, participaron presentando un total de 1828 candidatos.
Algunos van hasta el extremo de señalar la falta de competencia de la oposición para solucionar sus propios problemas como la causa principal de su propio fracaso. La oposición no sólo está fragmentada, dicen, sino que también malgasta una gran parte de su tiempo y de su energía en las rencillas entre partidos.
Para Ezekiel, este “asunto es una tortura” porque, “como hecho histórico, la causa del fracaso en la constitución de un verdadero estado en Etiopía ha sido siempre la negativa de la élite gobernante a compartir el poder con las fuerzas en competición. “Exactamente igual que sus predecesores, el EPRDF se ha negado a compartir el poder con las fuerzas representativas de la competencia”.
Para aclarar aún más su posición Ezekiel propone como ejemplo el año 1991, cuando miembros del TPLF y del Frente de Liberación de Oromo (Oromo Liberation Front – OLF) salieron triunfadores contra Junta (Derg) militarista y juraron que se comprometían a formar juntos un estado descentralizado federal. Pero una vez establecidos firmemente en el poder, el TPLF se consideró dispensado de compartir el poder y se deshizo del OLF, que eventualmente terminó siendo declarado como una organización terrorista por el parlamento de Etiopía.
Para Girma, la responsabilidad principal por la falta de una oposición bien organizada en el país corresponde al gobierno mismo, que, “con sus leyes irracionales, que ha aprobado según sus conveniencias, frena el desarrollo de cualquier oposición en el país”. “Mira (a la comisión nacional electoral), por ejemplo, y a lo que aconteció a mi partido (durante el curso de las elecciones de 2015): un día te despiertas y te enteras de que tu partido ha sido atacado por una banda de canallas, y el NEBE, sin ningún mandato de ninguna parte decide que el partido es de ellos, no tuyo”, dice.
En la medida en que el gobierno continúa encarcelando, mandando al exilio e intimidando a “los mejores y los más brillantes políticos, está debilitando no sólo a la oposición sino que también el debate mismo. Por eso, carentes de cualquier salida y de los medios para expresar su descontento, la gente escoge la última opción, las demostraciones públicas”.
La serie de leyes restrictivas, que fueron adoptadas por el parlamento, argumenta Ezekiel, han imposibilitado a los partidos de la oposición la formación, el reclutamiento y la propia organización interna. Y, según él, el EPRDF no oculta que tiene que continuar gobernando sin oposición, basándose en las siguientes razones: es necesario más tiempo que el ciclo de una elección para producir resultados; es la única garantía de la unidad y de la estabilidad de Etiopía; es la única defensa contra una guerra civil genocida, y tiene el derecho a gobernar indefinidamente porque se ha deshecho de una dictadura brutal. “Sólo el gobierno tiene el poder de abrir y cerrar el espacio político. Nadie más que él puede ser culpable de decimar a la oposición política y las instituciones de la sociedad civil. Es axiomático”.
Aún más, en vísperas de las malogradas elecciones de 2005, el EPRDF tomó medidas dirigidas a hacer más rígidas las reglas y procedimientos en el parlamento, limitando de esta manera el espacio de debate, incluso al interior de un parlamento dominado por el EPRDF, en el cual sólo le es permitido a un miembro del parlamento presentar sus propuestas en menos de tres minutos. A esto le siguieron una serie de leyes limitando las libertades, que constituyen la base para la construcción de un sistema democrático. Entre ellas, las más infames fueron la de la Libertad de los Medios Sociales y el Acceso a la Proclamación (Proclamation Nº 590/2008), la Proclamación Antiterrorista (Proclamation Nº 652/2009), y la Proclamación sobre Obras Caritativas y Sociedades (Proclamación Nº 621.2009)
En la medida en que la intolerancia del gobierno para con la disensión se va haciendo más clara que el agua, la autocensura se ha convertido en una nueva práctica normal entre los periodistas y otros escritores, que podrían, de otra manera, contribuir al florecimiento del discurso crítico. La situación se hizo todavía más degradada con el bloqueo de varias páginas de internet (webs), consideradas como opuestas al gobierno vigente, y las interferencias con otros soportes de los medios de comunicación, incluyendo los que tienen su sede fuera del país.
Grupos de la sociedad civil, que se encargaban de cultivar una cultura democrática y de promover los derechos humanos, se vieron también obligados a cambiar sus contenidos más notables o fueron arrinconados para jugar un papel irrelevante en asuntos vitales para la salud política del país. Instituciones como el Grupo Inter-africano (Inter Africa Group), una institución de la sociedad civil, que tuvo un papel central en la organización de debates sobre varios temas en la preparación de las elecciones de 2005, han desaparecido de la escena pública, y parecen condenadas al olvido.
A pesar de eso, sin embargo, “el anuncio de la muerte de las instituciones de la sociedad civil en Etiopía es prematura”, defiende Ezekiel. “Están desapercibidas, pero no muertas”, de modo que si el gobierno tiene la valentía de permitir a las instituciones de la sociedad civil que funcionen libremente, y dentro de los perímetros de una regulación razonable, volverán a florecer. El problema es que “el gobierno sabe muy bien que estas instituciones pueden ser eficaces”, y, por eso, “quiere reducirlas a un instrumento de coerción y de control para perpetuarse en el poder”.
Pero Ezekiel todavía mantiene su esperanza en las instituciones locales, que pueden, de una cierta manera, jugar el papel de la sociedad civil, por ejemplo, en el campo de la resolución de conflictos, “a nivel local, e incluso asumir el gobierno por algún tiempo. En la región de Oromia, las instituciones Abba Gada podrían jugar el papel de mediadores para salir del impase, e incluso para servir como suplentes en situaciones en las que la administración civil se ha derrumbado”.
AllAfrica
Traducción: Jesús Zubiría
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