Un año después de la firma del Acuerdo Nacional de Kenia, Tom Kagwe de la Comisión de Kenia para los Derechos Humanos (Kenya Human Rights Comission, KHRC) revisa los éxitos y las limitaciones en la formación de la coalición gubernamental. Poniendo de relieve el proceso fragmentado hacia la verdad y la justicia, Kagwe sostiene que mientras el tema postelectoral de las personas desplazadas internas continúa siendo una realidad problemática para el país, el informe de la Comisión de Investigación de la Violencia Postelectoral (Commission of Inquiry into the Post Elections Violence, CIPEV) representó un gran paso para poner punto y final a la impunidad política.
Para los ciudadanos keniatas, ha pasado un año desde que cuatro caballeros firmaron el Acuerdo Nacional: el Presidente Kibaki, el Primer ministro Raila, el Presidente de la Unión Africana Kikwete y su Excelencia, Kofi Annan. Con la firma de este acuerdo, el Décimo Parlamento promulgó el Acuerdo Nacional y la Ley de Reconciliación (2008), y simultáneamente modificó la constitución de Kenia para que esta ley entrara en vigor. Un año después, todos los keniatas tienen derecho a hacer balance de lo siguiente: 1) Lo que funcionó y lo que no; 2) Cuándo las cosas funcionaron y cuándo no; 3) Por qué algunas cosas funcionaron y otras no; 4) Cómo funcionaron de la manera en la que funcionaron; y 5) Por último, quién es el responsable de los éxitos y/o de los fracasos.
Un año más tarde, cuestionamos la Gran Coalición teniendo en cuenta estos cinco factores, para así poder reforzar lo que funcionó y mejorar sus fallos. Analizamos estos factores dentro de cuatro indicadores claves: 1) La supervivencia de la coalición; 2) Las comisiones de investigación; 3) Las personas desplazadas internas; y 4) El Décimo Parlamento.
LA SUPERVIVENCIA DE LA COALICIÓN
La Gran Coalición es la primera coalición gubernamental en la historia de Kenia, al menos en los términos de lo que entendemos por coalición: gobiernos que se forman tras las elecciones, cuando ningún partido puede ganar por mayoría para formar un gobierno propio. La mayoría de las coaliciones mundiales, en especial las de Italia, Japón o Israel, duran aproximadamente un año. La keniata ha durado un año, pero por supuesto, no sin innumerables confrontaciones. Pero los dirigentes del gobierno han capeado el temporal frente a sus lugartenientes políticos, tormentas y vendavales que podrían haber divido la coalición. Ambos dirigentes han hecho que funcione, desde entonces decimos que en la política keniata, el partido es la persona que lo dirige: Kibaki y Raila son los dirigentes, y por tanto, los que tienen y ejercen el poder, incluso si alguno de los oponentes del partido asumen que no es así.
Sin embargo, hubo otros casos en los que los dos dirigentes se durmieron en los laureles, como cuando el Partido de Unidad Nacional (Party of National Unity, PNU) se escindió, y algunos miembros elegidos del PNU, ya habían registrado sus propios partidos. Otro ejemplo es el de Raila, cuando permitió que hubiera rifirrafes dentro del partido para desestimar el informe Wiki. No obstante, en la mayoría de las ocasiones los dos dirigentes han demostrado su “habilidad política”, de hecho Kibaki ha consentido que Raila sea el auténtico “jefe de gobierno”, también Raila abandonó sus luchas de protocolo con Kalonzo, demostrando así que no importaba quién fuera el segundo, de la misma manera se mantuvo firme contra la invasión del bosque de Mau.
Por desgracia, es necesario destacar que esta coalición tiene el número más elevado de ministros y asistentes en la historia de Kenia. Los esfuerzos de la sociedad civil para no tener “más de 24 ministros” han caído en saco roto, cuando los dos dirigentes eligieron por conveniencia política un gabinete eficiente e inconsistente. Resulta bastante descorazonador que en un país azotado por el hambre, la miseria y los altos precios de los alimentos y el combustible, los dos dirigentes hayan permitido que un gabinete tan enorme perciba tantas prestaciones y ventajas, mientras la mayoría de la gente vive en condiciones deplorables. Para empeorar las cosas, este gobierno se ha visto perseguido por los fraudes y la corrupción en torno al comercio de la harina de maíz.
Comisiones de investigación
A saber, se propusieron cuatro comisiones durante las conversaciones de mediación: la Comisión Independiente de Revisión (The Independent Review Commission, IREC), la Comisión de Investigación sobre la Violencia Postelectoral (CIPEV), la Comisión sobre la Verdad, la Justicia y la Reconciliación (Truth, Justice and Reconcilation Commission, TJRC) y la Comisión para las Relaciones Nacionales y Étnico-Raciales (National Ethnic and Race Relations Comission, NERRC). Las dos primeras comisiones realizaron su trabajo y entregaron sus informes a los dos dirigentes, éstos se hicieron públicos enseguida. Funcionó bien, no como antes cuando sólo el gabinete tenía acceso a ellos. A pesar de hacerse públicos, el gabinete parecía disentir en cuanto a qué posición adoptar.
Lo que no funcionó fue la manera en la que el IREC eludió asignar la responsabilidad criminal dentro de la Comisión Electoral de Kenia (Electoral Commission of Kenya, ECK), de otros grupos e incluso de los propios partidos políticos de ambos dirigentes. Al menos, el IREC recomendó la disolución de la ECK. La forma en la que lo llevó a cabo, no es el tema de discusión en este artículo, pero en resumen, los políticos cambiaron la constitución para resolver los problemas políticos, lo mismo que habían estado haciendo durante 45 años. Hay más sobre el IREC; alguno de sus objetivos era investigar la autenticidad de los resultados y también el proceso de recuento. Si se hubiera realizado una auditoría forense, propuesta por los Keniatas por la Paz, la Verdad y la Justicia (Kenyans for Peace with Truth and Justice, KPTJ), hubiera sido posible saber quién ganó realmente. Pero el IREC eligió el camino fácil, por lo que es imposible conocer quién ganó las elecciones presidenciales. Y, ¿los auditores forenses? y eso que estamos hablando del S.XXI…
El informe del CIPEV suscitó reacciones encontradas sobre las divisiones políticas y étnico-sociales, pero siendo justos hay que reconocer que el Juez Philip Waki y compañía hicieron bien su trabajo, sobre todo con la implementación automatizada de un programa y de una “lista secreta”, lo que provocó pánico y confusión en los políticos. Muchos keniatas también apoyaron la puesta en marcha de este informe, con la intención de poner fin a la impunidad. A día de hoy, mientras muchos todavía apoyan su implementación, ha habido cierta confusión en cuanto a qué dirección tomar. Algunos están a favor del “tribunal nacional” propuesto, mientras que otros han manifestado abiertamente que La Haya es la dirección correcta.
No hay que preocuparse, ya que ambos son prácticamente lo mismo; el llamado “tribunal nacional” está sujeto a una gran influencia extrajera puesto que cuatro de los seis jueces son extranjeros y también el fiscal, mientras que el Estatuto Especial es una reminiscencia del Estatuto de Roma, pero con ciertas lagunas. La única diferencia es que el “tribunal nacional” opera en Nairobi y La Haya no. Para despejar cualquier duda, si los políticos malean el “tribunal nacional”, el fiscal Luis Moreno-Ocampo entregará de inmediato a La Haya una “lista” con sus nombres. En resumen, el CIPEV flojea con respecto a temas legales y administrativos, pero por primera vez una Comisión de Investigación ha cogido a los “políticos” por los cuernos.
Personas desplazadas internas
Al inicio de la crisis postelectoral, alrededor de 200.000 personas desplazadas internas (Internally Displaced Persons, IDPs) se quedaron sin casa y sin trabajo. Estas cifras son un cálculo por lo bajo, ya que las estadísticas reales pueden alcanzar unos 500.000 desplazados. A los llamados sin hogar les echaron de sus casas o granjas, mientras que aquellos que tenían negocios en diversas zonas del país, se quedaron sin trabajo. Para colmo, el gobierno puso en marcha un proyecto mezquino llamado Operación Rudi Nyumbani (de vuelta a casa), que no respetaba los instrumentos regionales e internacionales, de los que Kenia es signataria, y que no tenía en cuenta quiénes y de dónde provenían los desplazados internos, ignorando los esfuerzos de las partes interesadas.
Al final, un año más tarde, los desplazados internos continúan en campamentos (en los llamados “campamentos de tránsito”), sobre todo, áquellos que se encuentran cerca de sus orígenes. Impresiona mirar hacia los valles y las colinas del Valle del Rift, Nyanza y en particular, hacia las provincias del oeste; desde donde se divisan ya sea desde el suelo e incluso desde el aire, una especie de “campos de concentración”, abarrotados de tiendas blancas raídas. El gobierno lo negará y se hará con la publicidad de los periódicos para echar por tierra los informes reales de organizaciones como la Comisión de Kenia para los Derechos Humanos (KHRC), pero la verdad sea dicha, muchos desplazados no han vuelto a sus hogares. ¿A dónde ir?, aunque se han esforzado en “compensarlos” con unas cuantas monedas, el fracaso del gobierno en admitir su culpabilidad en el diseño, implementación, supervisión y evaluación del proyecto, carece de fundamento.
El décimo parlamento
A pesar de que la retransmisión en directo de las sesiones representa un logro importante de la August House (Parlamento), sin embrago, siempre ha sido aficionada a desacreditarse a sí misma. Tiene muchas funciones que desempeñar, pero en el contexto de esta crónica, su función principal de legislar, según los artículos 30 y 46 de la Constitución, debería analizarse minuciosamente. Si examinamos los proyectos de ley redactados y/o aprobados por el Décimo Parlamento, y más tarde, ratificados por el presidente, uno se queda perplejo. El Proyecto de Ley de Revisión de la Constitución de Kenia, la Constitución de Kenia (Enmienda), la Ley de Reconciliación, Verdad y Justicia, y el Proyecto de Ley de las Relaciones Nacionales y Étnico-Raciales (National Ethnic and Race Relations Comission, NERRC), entre otros, dicen mucho de los niveles de honestidad, profesionalidad e integridad de los 222 diputados que componen el Décimo Parlamento.
Su incapacidad para encontrar el bien común, nos lleva a una única conclusión: algo falla en esa casa, sin importar quién la ocupe. La mayoría de los diputados son nuevos, pero parece que problemas tales como la falta de quórum traicionando el bien común, a pesar de la terrible legislación que asoló el Noveno Parlamento, persiste en la actual casa, un año después del juramento de los titulares. Esa es la razón por la que P.H Okondo, en el libro Una crónica sobre la Constitución de Kenia, sostiene que lo que se necesita son los sistemas y estructuras adecuadas, y no solamente, los hombres y mujeres indicados.
Conclusiones finales
Un año después de la formación de la Gran Coalición, es difícil encontrar cosas buenas que decir. Sin embargo, hay de todo un poco. Aunque los dirigentes han sido valientes al dirigir el país buscando justicia y reforma, también su liderazgo ha fallado en puntos clave. Un cargo como el de portavoz del gobierno no ha ayudado mucho, al mentir al público sobre el estado real del gobierno; de hecho, hace tiempo que este portavoz debería haber sido despedido. A pesar del mordaz ataque contra la Décima Asamblea, algunos de sus miembros han contribuido a su éxito al trabajar conjuntamente con la sociedad civil en el tema de las reformas. Un año más tarde, el problema de los Desplazados Internos continúa siendo un tema espinoso en este país, mientras que el informe del CIPEV (Comisión de Investigación de la Violencia Postelectoral) se sigue considerando lo más destacable.
Tom Kagwe
* Tom Kagwe es investigador de la Comisión de Kenia para los Derechos Humanos Kenya Human Rights Commission (KHRC).
Publicado www.pambazuka.org el 05 de febrero de 2009.
Traducido por Ana Jaén Castilla, para la Fundación Sur.
