El Gobierno egipcio ha propuesto algunos cambios en la constitución del país. Las enmiendas ya han sido aprobadas en el Parlamento y están abiertas al referéndum popular del día 26 de marzo, (día de la publicación de esta columna). Los votantes no podrán aceptar o rechazar enmiendas individuales, sino que deben votar por el paquete completo. Todas las fuerzas de la oposición en Egipto ven estas reformas como un gran retroceso para la libertad política y la libertad de expresión.
Hay un debate en curso sobre el impacto de estas enmiendas en la sociedad de Egipto. Por un lado, el Partido Nacional Demócrata, NDP, en el poder, con el gigantesco número de medios de comunicación propiedad del Estado, ha estado haciendo propaganda de las enmiendas y las ha presentado como un gran paso hacia la democracia y el establecimiento de una sociedad moderna. Por otro lado, todos los partidos de la oposición y otros grupos que se oponen a estas enmiendas, las ven como una seria amenaza a la democracia, a las libertades civiles y a los derechos humanos en Egipto.
Las “Reformas Turísticas”
Las enmiendas propuestas encajan perfectamente con lo que el destacado intelectual Fahmy Huweidy denomina “reformas turísticas”. Son enmiendas que tienen una fachada reformista, tanto en los títulos como en los conceptos, pero como se suele decir, el diablo se esconde tras los detalles. La fachada reformista pretende “promocionar” las reformas ante la comunidad internacional y legitimar la ayuda occidental que se da al régimen, mientras que la diabólica realidad autoritaria es reforzar el control del régimen sobre la sociedad civil y los procesos electorales, para manipular los resultados y minimizar los márgenes de libertades mediante los cuales la oposición puede desafiar al régimen.
La primera enmienda propuesta sustituye la noción de “coalición de las fuerzas trabajadoras” en el primer artículo de la constitución por la noción de “ciudadanía”. Irónicamente, esta introducción de ciudadanía se presenta a la vez que se viola la ciudadanía por otras diversas propuestas de reforma.
El concepto de ciudadanía ya está incluido en varios artículos de la constitución, incluyendo el artículo 40, que establece que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Todos ellos tienen los mismos derechos y obligaciones independientemente de su raza, sexo, religión o creencias. Franca y llanamente, este articulo “constitucionaliza” la ciudadanía suficientemente. Es más, refuta todas las afirmaciones del artículo 2 de la constitución (que establece que los principios de la sharia es la primera fuente de legislación) socavan estos derechos de ciudadanía. Ciertamente, hay algunas interpretaciones de la sharia que violan estos derechos, pero el artículo 40 claramente enmarca la aplicación de la sharia como una fuente de legislación.
Sin embargo el concepto de ciudadanía no significa solamente que los cristianos egipcios o los musulmanes son iguales ante la ley.
Seguramente, la existencia real de ciudadanía no se puede validar solamente con nombrar a dos o tres ministros o gobernadores cristianos o mujeres. Esto es simplemente porque la ciudadanía no consiste sólo en igualdad entre la muy reducida élite en el poder, sino que consiste mas en igualdad entre todos los miembros de la sociedad.
Ciudadanía implica derechos y libertades. Esos derechos y libertades ya existen en la constitución, pero son violados por el régimen utilizando la ley de emergencia. El artículo 41 de la constitución establece que “la libertad es un derecho natural e inalienable” y el artículo 42 afirma que “todo ciudadano que es detenido o encarcelado debe ser tratado de tal manera que se preserve su dignidad humana. No debe ser intimidado ni física ni psicológicamente”. Los actuales escándalos de los vídeos de torturas, y la transferencia de civiles absueltos por un tribunal civil a un tribunal de la ley marcial, son sólo un par de ejemplos de cómo se violan constantemente estos artículos. Los informes del Consejo Nacional de los Derechos Humanos incluyen otros cientos de ejemplos de cómo el Estado viola los derechos humanos y las libertades, bajo el pretexto de la ley de emergencia, que ha gobernado el país durante más de 25 años.
El estancado estado de emergencia, condenado y criticado por los grupos de la oposición, las organizaciones de Derechos Humanos, y la Comunidad Internacional, ahora será reemplazado por el proyecto de ley antiterrorista. Como parte de las reformas turísticas, esta enmienda sólo contribuirá a destruir poco a poco las libertades civiles en Egipto. A pesar de la fachada reformista que encaja perfectamente con la nueva moda de “luchar contra el terrorismo”, las proposiciones de enmienda establecen una definición de terrorismo tan amplia que podría permitir al régimen tomar duras medidas contra cualquier oposición (ya sea nacionalista, islamista o secular) poner entre rejas a sus líderes, y espiar a diario la vida personal y profesional de sus miembros bajo el pretexto de que son terroristas o terroristas potenciales.
Religión monopolizada
Otra propuesta de enmienda muy peligrosa en la cláusula adicional al artículo 5 que prohíbe cualquier actividad política con una referencia religiosa. No es peligrosa porque sea un paso hacia un estado secularizado, como lo ven muchos islamistas. Es más, es extremadamente peligrosa porque da al Estado el monopolio absoluto sobre las interpretaciones y el uso de la religión en la esfera pública.
Durante décadas, el régimen egipcio ha controlado varias instituciones islámicas, las más importantes la Universidad de Al-Azhar y la casa de Fatua. El Presidente nombra directamente al Gran Sheikh de Al-Azhar y al Gran Mufti de Egipto. El Estado también extiende su autoridad hasta incluir la gestión de las dotaciones religiosas, y el Ministro de estas dotaciones es parte del grupo ejecutivo del Estado, o sea, parte del régimen. Es más, el régimen presenta a las tres instituciones como las instituciones oficiales islámicas, las que tienen autoridad absoluta sobre la interpretación de los textos religiosos.
Algunos estudiantes islamistas moderados y activistas, se resisten a esto, ya que son conscientes del hecho de que no hay sacerdotes en el Islam y que los textos islámicos están abiertos a la interpretación de diferentes estudiosos según las metodologías científicas. Esta resistencia será fácilmente silenciada por el régimen, ya que los desgastados márgenes de la libertad no permitirán que se oigan estas voces.
Esto, por supuesto, se está haciendo así para garantizar que no habrá voces islamistas fuertes resistiéndose a la tiranía, la corrupción y el autoritarismo del régimen. En un país como Egipto, donde la sociedad es predominantemente religiosa, la posibilidad de tener un movimiento de base secular es muy pequeña. El Islam es el principal impulsor para el pueblo y por tanto el régimen necesita arraigar su legitimidad en el terreno religioso. La escuela dominante de pensamiento islámico contemporáneo anima a poner resistencia a la corrupción, el autoritarismo, y la tiranía, y considera la aceptación de estos crímenes sin oponerles resistencia, como un pecado. El régimen tiene que asegurarse bien de que esa voz no sea escuchada.
Las otras voces islamistas fuera de estas instituciones “oficiales” -que exigen reformas civiles basadas en los principios islamistas, provienen de la cultura indígena, aceptan la diversidad, defienden los valores democráticos, y presentan un marco de reformas factible, aceptable y moderno- presentaban una alternativa viable al régimen y por tanto tenía que ser silenciado. Esto está teniendo lugar ahora, mediante las enmiendas propuestas.
Una teocracia con una fachada secular
Las reformas darán al Estado la autoridad absoluta para definir qué es sharia y qué no lo es, si debe aplicarse o no, y cómo debe ser aplicada. En un sentido, esto crea una nueva forma de teocracia: una teocracia que todavía tiene una fachada secular (por supuesto, por razones turísticas), pero que es la más injusta y brutal de todas las teocracias.
Justificará fácilmente las violaciones que cometa de cada ley y distorsionará la imagen de sus oponentes políticos, presentándoles como apostatas o al menos como seculares que suponen una amenaza a las creencias más fundamentales.
Un buen ejemplo de ello es la acusación de “atacar al Islam”, que a veces será un crimen digno de castigo y otras simple libertad de expresión. Esta paradoja ya ha tenido lugar durante estos último meses, cuando tanto el Ministro de Cultura, Farouk Hosni, y Abdel Kareem Amer, un blogger crítico con el régimen, atacaron a la Al-Azhar y a la sharia islámica. Aunque la acción fue la misma en ambos casos, Hosni sólo necesitó “aclarar” su posición ante el Parlamento, sin pedir disculpas ni arrepentirse, mientras que Amer fue enviado cuatro años a prisión, tres por atacar al Islam ¡y un cuarto por insultar al Presidente!
Supervisión judicial de las Elecciones
Otra propuesta de enmienda no es menos peligrosa para la democracia y el bienestar social de los egipcios. El artículo 88, -que minimiza la supervisión judicial de las elecciones y establece un comité supra constitucional (la mitad de sus miembros son jueces, nombrados para su puesto judicial por el Presidente, y la otra mitad son figuras independientes, nombradas para el comité por el Presidente)-, aumentará el descontento social y la apatía política, ya que causará cada vez mayor escepticismo hacia el proceso electoral y finalmente llevará a una explosión social.
Otros artículos afirman la naturaleza capitalista del Estado, y abren aún más la puerta al mercado libre sin los necesarios controles y balances, y los niveles mínimos requeridos de transparencia y libertades políticas.
¿A quién hará eso daño?
A diferencia de lo que mucha gente piensa, los islamistas moderados que están luchando por reformarse pacíficamente son los que menos daño sufrirán por estas enmiendas. Como ya están bajo presión constante, los grupos de islamistas moderados, y de manera más significativa los Hermanos Musulmanes, no tienen nada que perder. El régimen no necesitó estas reformas para arrestar a miles de miembros de la Hermandad durante la última década (Ninguno de los cuales ha sido presentado ante un tribunal, absueltos por tribunales civiles, o encarcelados por tribunales militares), y no necesitó nada más que la tristemente célebre ley de emergencia para transferir 40 líderes de los Hermanos Musulmanes a tribunales militares y congelar sus activos.
Será el ciudadano medio egipcio, que lucha por ganarse el pan, y los diferentes partidos de la oposición los que sufrirán más los daños de estas enmiendas. A corto plazo, sólo la élite en el poder y sus compinches se beneficiarán de estas reformas, ya que prolongarán su existencia en el poder a pesar de la fuerte oposición. Esto sólo llevará a un aumento del descontento y, consecuentemente, a un aumento de la tensión que podría pavimentar el camino para una nueva ola de violencia y terrorismo, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional.
Ibrahim El-Houdaiby
Ibrahim El-Houdaiby es un miembro de la directiva y columnista en la página web oficial egipcia de los Hermanos Musulmanes, en inglés. Ikhwan Web.com. Es licenciado en la Universidad Americana de El Cairo, tiene una licenciatura en ciencias políticas, y está realizando un máster en estudios islámicos, en el Instituto de Estudios Islámicos.
Este artículo fue publicado en la página web Islam Online-Muslim Affairs, el día 26, el mismo día del referéndum celebrado en Egipto sobre la modificación de la constitución.
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